A poco menos de cuatro meses de que inicie 2024, ya se discute en el Congreso de la República el Presupuesto General de la Nación para el próximo año; sin embargo, el debate no pudo arrancar puesto que las comisiones económicas de Senado y Cámara tuvieron que suspender la sesión prevista para el martes 12 de septiembre debido a problemas técnicos que afectaron los recintos de ambas corporaciones, lo que impidió que los legisladores avanzaran en la votación del monto presupuestario que asciende a 502,6 billones de pesos.
No obstante, en la legislación colombiana se establece un plazo con fecha máxima hasta el 15 de octubre para aprobar el presupuesto, y aunque la sesión suspendida el martes ha dejado a los congresistas sin la oportunidad de avanzar en este importante asunto en la fecha prevista, algunos congresistas ya proponen una reducción de diez billones de pesos en el gasto público.
Otros legisladores no descartan la posibilidad de que estos problemas técnicos sean parte de una estrategia política, también denominada ‘jugadita’, para retrasar la discusión sobre la disminución del monto propuesto por el Gobierno para el próximo año.
Una de ellas fue la representante Saray Robayo del Partido de la U, quién expresó su preocupación por la situación y cuestionó la aparición de fallas técnicas en esta etapa crítica de la discusión presupuestaria. “Increíble la improvisación. No es posible que no podamos sesionar en Comisiones Económicas conjuntas para definir el monto del Presupuesto General de la Nación 2024 por fallas técnicas”, afirmó.
Robayo informó que tanto el recinto de la Cámara como el del Senado carecían de suministro eléctrico y no estaban adecuados para la presencia de los congresistas, lo que añadió más frustración a un proceso ya complicado.
Reducción del gasto
El monto que presentó el Gobierno nacional ante el Congreso de la República ha recibido varias propuestas de modificación por algunos parlamentarios que argumentan que muchas entidades del Estado no han proporcionado una claridad adecuada sobre cómo se ejecutarán los recursos. La aprobación de un presupuesto tan elevado también ha generado expectativas entre la ciudadanía sobre la inversión en proyectos sociales en las regiones, y existe la preocupación de que no se logren recaudar todos los recursos necesarios.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó un presupuesto por 502,6 billones de pesos, pero congresistas de diversas bancadas propondrán una reducción de diez billones de pesos, lo que dejaría como monto definitivo 492 billones de pesos. Cifras basadas en la previsión de un recaudo adicional de 13,3 billones de pesos para el próximo año, como resultado de los esfuerzos contra la evasión y la elusión tributaria.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ha expresado su preocupación por esta propuesta, argumentando que es contradictorio prever un recaudo adicional mientras se limita el presupuesto de la Dian, entidad encargada de la recaudación fiscal. Además, los ingresos previstos por la recuperación de recaudos en litigio con la Dian, que ascienden a unos 15 billones de pesos, son inciertos en este momento, según información de El Tiempo.
La incertidumbre en torno a estos recursos pone en peligro una parte significativa del presupuesto, lo que limitaría la capacidad del Gobierno para afrontar contingencias en caso de que los ingresos sean inferiores a lo proyectado.
La congresista Katherine Miranda ha advertido en reiteradas ocasiones que el Presupuesto General de la Nación parece estar desfinanciado y en conflicto con las reglas fiscales, y ha instado a las comisiones económicas y al Ministerio de Hacienda a revisar con responsabilidad esta propuesta que, en su opinión, carece de fundamentos técnicos sólidos.
Se espera que las Comisiones Económicas del Congreso reanuden el debate el miércoles, después de que los problemas de sonido en el recinto fueran el principal motivo de la suspensión del martes.