El 12 de mayo de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud decidió intervenir Asmet Salud, EPS con cerca de 2 millones de afiliados y operaciones en los departamentos del Cauca, Caquetá, Valle, Nariño, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Santander, Cesar y Norte de Santander.
La medida, tomada por el entonces superintendente Ulahy Beltrán y prevista para durar un año, se aplicó por “las reiteradas fallas en la atención que ponen en riesgo la salud de sus usuarias y usuarios”.
A pesar de esto, después de 11 meses bajo la administración de la entidad, la primera EPS intervenida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro está peor que nunca. El caos en Asmet Salud es muestra de lo que podría ocurrir con Sánitas, Nueva EPS y SOS, tres aseguradoras intervenidas luego del hundimiento de la reforma al sistema en el Congreso.
De acuerdo con el reporte que sustenta la intervención de Asmet, la cantidad de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) recibidas era una preocupación. En su momento, la EPS fue la quinta en cantidad de observaciones de las 13 aseguradoras del régimen subsidiado.
Además, contaba con una deuda de 954.000 millones de pesos con prestadores y proveedores. De ese monto, 539.000 millones de pesos correspondían a una cartera superior a 180 días.
Por esta razón, la Superintendencia de Salud nombró a Luis Carlos Gómez Núñez como agente interventor, encargado de sacar adelante a la EPS.
Si bien la atención para los pacientes no era la mejor, hoy en día viven un calvario para obtener atención primaria, recibir medicamentos, conseguir citas con especialistas y lograr autorizaciones para procedimientos complejos.
SEMANA habló con proveedores y pacientes de Asmet Salud, quienes denunciaron todo tipo de atropellos y obstáculos para la garantía de sus derechos fundamentales.
En primer lugar, de acuerdo con las bases de datos de la Superintendencia, usuarios de Asmet Salud radicaron 28.972 PQRD en 2022. Sin embargo, este número casi se duplicó durante la intervención del Gobierno, pues llegaron a 45.164 al cierre de 2023. Solo en lo que va de este año la EPS ha recibido 4.918 quejas de este tipo.
Las múltiples denuncias de usuarios en redes sociales son muestra de la situación que atraviesan varias familias de escasos recursos en el país, a pesar de las promesas del Gobierno en torno a las intervenciones.
Este medio habló con Marina Gómez, abuela de Liseth Valentina González Cruz, una pequeña de seis meses que padece de atrofia muscular espinal tipo 1. Su familia es de El Bordo, municipio del sur del Cauca, pero ella vive en Popayán con su madre, Liseth Vanesa.
La menor, afiliada a Asmet Salud, vive conectada a todo tipo de tubos y máquinas que la mantienen con vida. “Nació con neumonía, quedó unos días hospitalizada, pero presentó vómitos. La llevaron otra vez al hospital y le detectaron la enfermedad. Es poco común en el mundo”, dijo Élmer, su abuelo.
Y para que tenga una buena calidad de vida, tal como lo observó SEMANA, los médicos le recetaron risdiplam Evrysdi con el fin de que se le suministrara un miligramo por día durante dos meses. “Cada dosis cuesta 98 millones”, agregó.
La familia puso tutelas que no fueron acatadas por la EPS intervenida. Ellos decidieron hacer público el caso en redes sociales para que los ayudaran a salvarle la vida a la pequeña. Pero Asmet Salud respondió, de forma repentina, que Liseth Valentina no necesitaba el medicamento.
“Dijeron que ella no tiene cura. La mandaron a la casa con unos aparatos”, agregó el pariente. “Tiene dos huecos, uno en su garganta para respirar, y otro en el estómago para comer. Los médicos en ningún momento nos dijeron que no lo necesita. Al siguiente día del video la EPS dijo que no lo necesita”, afirmó la abuela.
“Uno no tiene abogados, no conoce a nadie. Lo que digan eso es”, agregó Marina, decepcionada con la atención de la aseguradora intervenida.
Por otro lado, Joan Sebastián Rodríguez Zuluaga, un joven de 26 años, sufrió un aparatoso accidente en motocicleta en San Vicente del Caguán a mediados de 2023, en el Caquetá.
Luego de chocar con otro motociclista, Seba, como le dicen quienes lo conocen, fue socorrido por personas en una camioneta, quienes lo llevaron al hospital del municipio.“Iba en estado crítico”, dijo el joven, que tiene muchas lagunas sobre el día del accidente, en conversación con SEMANA.
Su madre, Graciela Zuluaga, aseguró que él presentó varios infartos de camino al centro asistencial: “Viajé ese mismo día. Entré a la uci y Sebastián estaba en coma, con miles de aparatos. Tuvo un trauma craneoencefálico severo, rotura de mandíbula en tres partes y se rompió la pierna derecha. Perdió la memoria”.
La mujer tuvo que ausentarse de su trabajo en Bogotá por cuatro meses por el mal servicio de Asmet Salud, a la cual su hijo estaba afiliado. La atención inmediata fue cubierta por el seguro de la moto, pero después la EPS brilló por su ausencia.“Quedé sin trabajo por eso, tratando que Asmet le diera citas. No le dieron citas, tampoco medicamentos. Viajé a Florencia para una cita de tomografía el 11 de septiembre. Hasta octubre nos hicieron ir para que el neurocirujano viera el estudio. Lo remitieron a terapias físicas, psiquiatría y psicología.
Quedó con una mancha en el cerebro, está en muletas, no tiene vocalización, se le tuerce la boca. No ha recibido terapias. A veces se me enferma, le duele el pecho, la pierna. Solo le doy acetaminofén y aspirina. La EPS no responde”, narró.
Y el joven recuerda que en 2021 estuvo enfermo y recibió una atención buena de su EPS: “Ahí sí atendían bien. Con ese problema que hay ahorita es peor”.
Y esta problemática no corresponde solo a casos aislados. En varios municipios de los departamentos del Cauca, Caquetá y Caldas, los usuarios han intentado de varias formas llamar la atención de quienes gerencian la aseguradora.
SEMANA habló con Meyer Gerardo Muñoz, un hombre en condición de discapacidad y representante legal de la Asociación Guerreros de Corazón, con quienes ha hecho al menos cinco protestas contra Asmet por falta de medicamentos y deficiencias en atención.
“Asmet Salud anteriormente tenía dificultades. Antes de ser intervenida tenía problemas como toda EPS. Pero después de la medida ha sido lo más grave. Cuando intervienen es para mejorar, no para empeorar, pero esta ha empeorado”, contó.
Y cuenta que una mujer, miembro de su asociación, murió: “Falleció por falta de insumos y medicamentos. Cuarenta años tenía ella. Tengo audios de ella en los que maldice a Asmet Salud”.
Igualmente pasa con los proveedores. Uno que consultó SEMANA tuvo que despedir a 400 trabajadores por la falta de giro de la EPS y dejar de atender a los pacientes de esta.
Otro ejemplo es la ESE Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao, Cauca, a la cual la EPS le debe más de 3.000 millones de pesos. La situación financiera, que impedía el pago de salarios, hizo que organizaran un plantón por “el incumplimiento en el pago de aseguradoras como Asmet Salud” para el miércoles 10 de abril. Este se canceló por un acuerdo entre las partes.
El representante conservador Mauricio Cuéllar, del Caquetá, también viene exponiendo la situación crítica de la EPS en su territorio.
“Sigue prestando el servicio, pero no gira. No está cumpliendo con los pagos y mucho menos con la entrega de medicamentos”, dijo el congresista.
Y agregó: “El 80 por ciento de la cartera que se adeuda a las ESE es de Asmet”. Advirtió que si se llega a liquidar en el territorio se desencadenará una “crisis”. Por esto pidió un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara, pero este no ha sido agendado.
En Asmet van dos interventores en menos de un año, dado que el primero renunció, lo que llevó al nombramiento de Rafael Manjarrés. Hasta el momento, todas las promesas del Gobierno en torno a la intervención de una EPS se incumplieron, tales como la rapidez en el giro a proveedores, atención digna, no afectación a trabajadores y hacer rendir la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
SEMANA intentó comunicarse con el interventor, pero este no respondió a los llamados a su celular.
El Gobierno promete que las intervenciones a Sánitas, Nueva EPS y SOS salvarán el sistema colombiano, pero lo cierto es que podrían terminar como Asmet, que no levanta cabeza.