En medio de las ocupaciones ilegales que se han presentado durante los últimos meses en el país, la Asociación Colombiana de Capitales (Asocapitales) hizo un llamado a los jueces de la República para que se pueda dar cumplimiento de las sentencias de órdenes de desalojo una vez sean emitidas y no varios años después, como está ocurriendo en este momento.
Piden “obligar a los alcaldes a cumplir este tipo de sentencias proferidas hace varios años, en donde la problemática de los asentamientos humanos ilegales cambia radicalmente, significa desconocer el derecho fundamental a la vivienda digna de las poblaciones vulnerables que los habitan y genera una alteración al orden público”, dijeron.
La queja surge luego del caso del alcalde de Valledupar Ernesto Orozco, quien tuvo que cumplir tres días de arresto por un desacato de una orden de desalojo proferida por la Corte Constitucional a través de la sentencia T-946 de 2011 de hace trece años. El problema es que durante ese tiempo el asentamiento había crecido tanto que ha llegado a 8.000 familias que ocupan ese predio.
También le hicieron un reclamo al Gobierno de Gustavo Petro. “Asocapitales hace un llamado respetuoso al Gobierno nacional para que, de manera conjunta y coordinada con los mandatarios locales, y en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, particularmente de sus artículos 38 y 298, se efectúe el reasentamiento y la legalización de los asentamientos humanos informales de las ciudades, garantizando los derechos fundamentales de las poblaciones vulnerables que los habitan”, pidieron.
En los últimos días, Fedemunicipios se sumó a la queja en contra de la detención del alcalde de Valledupar.
“Somos los primeros en acatar las decisiones judiciales; sin embargo, en esta oportunidad tenemos que alzar nuestra voz de protesta contra la injusticia que se está cometiendo con el alcalde Ernesto; desalojar a 30.000 personas es un acto inhumano y es necesario que el Gobierno Nacional tome acciones para la legalización de estos predios, como lo pidió el alcalde de Valledupar al presidente de la República en el pasado Congreso Nacional de Municipios”, aseguraron desde esa organización.
Al Gobierno de Petro le ha estallado ese problema en las manos. El mandatario ha insistido en una ‘paz total’ y en una reforma rural integral, contemplada en el acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016.
Sin embargo, los dueños de algunas tierras y empresarios se han quejado porque estas personas han llegado a ocupar esos espacios. Hay quienes se han sentido respaldados por el discurso de Petro, quien ha manifestado en diferentes oportunidades su deseo de redistribuir la tierra para darles a los menos favorecidos un lugar donde vivir.
Algunos consideran que eso ha azuzado que algunos hayan llegado a invadir territorios sin posibilidad de que la Fuerza Pública los pueda sacar. Incluso, hay quienes dicen que están dispuestos a dar la vida por defender sus propiedades.
Hay algunas regiones en donde se ha presentado ese fenómeno mayoritariamente. En el Cauca, por ejemplo, hace unos meses centenares de indígenas desplegaron toda una estrategia para hacerse con predios de tierra plana en los municipios de Corinto, Caloto, Guachené y Miranda, todos en el norte del departamento.