Luego de que la Procuraduría General de la Nación le abriera una investigación a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, además de los alcaldes de Ibagué, Cali, Riohacha y Valledupar, por una posible omisión frente a la atención que se debe brindar a las personas privadas de la libertad que se encuentran en las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de sus ciudades, con alto hacinamiento y deficiencias locativas, Asocapitales salió en defensa de los alcaldes advirtiendo que los mandatarios locales no son la única autoridad responsable frente a este problema.
Advierten que los alcaldes de capitales colombianas son conscientes de sus responsabilidades ante esta situación de hacinamiento, “razón por la cual radicaron, de la mano de la Defensoría del Pueblo y de la bancada de cárceles, el Proyecto de Ley 254/22 (S) en el Congreso de la República, que ofrece salidas al hacinamiento, aporta claridad frente al debate de responsabilidades sobre la población carcelaria sindicada y también busca fuentes de financiación para conseguir este objetivo”.
De igual forma, le solicitaron a la Procuraduría revisar el alcance de la Sentencia SU 122 de 2022 de la Corte Constitucional, la cual involucra, además de los municipios, a la Nación y los departamentos en la búsqueda de nuevos cupos y financiación para la mejora y adecuación de la infraestructura carcelaria existente, la construcción de cárceles y todas las medidas necesarias y adecuadas para garantizar los mínimos de habitabilidad digna de la detención preventiva.
Asocapitales agrega que esta sentencia también solicita revisar el caso de los condenados que aún permanecen bajo la responsabilidad de las alcaldías y los sindicados que llegan de todos los municipios a las ciudades capitales, cuya competencia debería ser coordinada con las gobernaciones.
“Existe una propuesta en el Congreso de la República que tiene como objetivo que sea la Nación la que asuma la responsabilidad de todas las personas privadas de la libertad, tanto sindicadas como condenadas. Vale la pena que el Congreso de la República dé esta discusión”, puntualizó Asocapitales.
Así mismo, la entidad deja claro que “a pesar de que existen ciudades capitales con recursos para la construcción de cárceles, no han contado con el aval o permisos por parte del Gobierno nacional para avanzar con dichos proyectos. Invitamos respetuosamente a las autoridades competentes a que nos ayuden”.
“Sin el aporte de todas las partes involucradas, no será posible hacerlo”, concluyó Asocapitales en su pronunciamiento.
Es de mencionar que en la apertura de investigación a la alcaldesa Claudia López, el Ministerio Público hace referencia a la obligación de “crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles, o centros de prisión preventivos”. Además, explicó que la investigación también gira en torno a los casos de hacinamiento registrados en la capital.
“El expediente de la Sala Disciplinaria de Instrucción, que incluyó al secretario de Gobierno de la capital del país, Felipe Jiménez Ángel, sostuvo que, al parecer, no se han brindado las garantías que la ley exige para las personas privadas de la libertad”, señaló la Procuraduría en su comunicado.
El ente de control, además, indicó que con su presunta omisión, “la alcaldesa y sus funcionarios pudieron incumplir sus deberes funcionales, por lo que ordenó la práctica de pruebas que permitan el esclarecimiento de los hechos y la situación actual y real de los distintos centros de detención transitoria de la ciudad”.
Con la investigación, la Procuraduría “busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad”.
La investigación contra Claudia López se abre en un contexto en que la alcaldesa de Bogotá afronta altos índices de desaprobación, según lo indicó la más reciente encuesta de la firma Invamer.
López aumentó cuatro puntos su desaprobación entre los ciudadanos, al pasar de 59 puntos porcentuales en febrero pasado a 64 % en la medición de abril.
Una situación inversa ocurre con la aprobación, que viene cayendo en picada: pasó de un 37 % de personas que consideran que lo está haciendo bien a solo un 33 %.
Claudia López tiene una de las peores cifras de aprobación entre los alcaldes de ciudades capitales y solo es superada por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, cuya desaprobación llega al 83 %.