El Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá admitió una acción popular presentada por los ciudadanos Diego Escallón Arango y Juan Esteban Matallana en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano por el proyecto corredor verde carrera Séptima.
La acción popular se basa en la presunta amenaza a los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.
En el proceso, que se adelanta bajo el radicado No. 20230027300, los demandantes argumentan que la Alcaldía y el IDU desconocieron la buena fe y la confianza de los ciudadanos al abrir las licitaciones para la obra del corredor verde, porque, según ellos, el proyecto es sustancialmente idéntico al TransMilenio por la carrera Séptima, que la alcaldesa López había prometido no realizar durante la campaña electoral.
Además, los demandantes, señalan que esto contraviene el artículo 105 del Plan Distrital de Desarrollo, que prohíbe expresamente la construcción de una troncal de TransMilenio por la Séptima, y alegan los demandantes que no se estructuró con participación incidente, como también lo dispone esta norma.
Uno de los aspectos clave de la acción popular presentada por los demandantes, es la falta de estudios y diseños necesarios para la contratación de las obras del Corredor Verde. Los accionantes argumentan que las tres consultorías contratadas para este propósito no han entregado sus productos, la mayoría de los cuales carecen de la aprobación, tanto de las interventorías como de las Empresas de Servicios Públicos.
El IDU y la alcaldía, como entidades responsables del proyecto, deberán responder a las acusaciones y presentar sus argumentos en el proceso legal. Este caso marca un hito importante en el debate sobre el desarrollo urbano en Bogotá y su impacto en los derechos colectivos de los ciudadanos.
Es de mencionar que a principios de agosto, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) publicó en el Secop II, las resoluciones que dan apertura a la licitación del corredor verde de la carrera Séptima en Bogotá, a pesar de los fuertes cuestionamientos que ha recibido la iniciativa, en especial, por la eliminación del tráfico mixto, de norte a sur.
De acuerdo con el cronograma establecido, la administración de la alcaldesa Claudia López buscará hacer la adjudicación oficial de la obra el próximo 27 de octubre.
En ese orden de ideas, a menos de que algo extraordinario ocurra, como por ejemplo, que un juez decida suspender el proceso, lo cual alteraría el cronograma, el corredor verde de la alcaldesa López será adjudicado, tan solo dos días antes de que los capitalinos acudan a las urnas para elegir al próximo alcalde de Bogotá.
¿Qué responde el Distrito?
Desde la Alcaldía de Bogotá le aseguraron a SEMANA que a pesar de que la acción popular fue aceptada para su trámite, en el Distrito hay bastante optimismo de que el proyecto pueda seguir adelante en su licitación.
“En el Distrito estamos muy tranquilos con la respuesta que se va a emitir desde la administración, desde el equipo del corredor verde. Consideramos que la acción popular no tiene asidero en lo que señalan que es una obra perjudicial para la ciudad, por el contrario, consideramos que es una obra que se encuentra sustentada técnica, ambiental y financieramente, y así lo contestaremos en la respuesta a la demanda, que haremos en los próximos días”, indicó una alta fuente del Distrito.
La Alcaldía tiene diez días para dar respuesta a esta acción popular, aceptada en el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá.
“El proyecto del corredor verde de la Séptima, a diferencia del proyecto de TransMilenio de hace cuatro años, que se frenó por parte de un juez, es totalmente diferente, el corredor verde mantiene un amplio componente ambiental, además los soportes técnicos y financieros están debidamente sustentados y a diferencia de lo que dicen los accionantes está completamente documentado todo el trabajo de concertación que se hizo con las comunidades y eso se le hará saber al juez, que el corredor verde no representa ninguna amenaza a los derechos colectivos, ni a la moralidad pública, ni al patrimonio, ni mucho menos al espacio público de la carrera Séptima”, agregó la fuente a esta revista.