Sin que siquiera haya sido sancionada, la prórroga y modificación de la Ley 418 o de orden público ya sería objeto de demandas en la Corte Constitucional.

Así se lo dijo a SEMANA el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien anunció que ya está recolectando los elementos necesarios para interponer el recurso ante el alto tribunal tan pronto sea sancionada por el presidente Gustavo Petro.

“Tengo pensado -y estoy recogiendo la información- demandar ante la Corte Constitucional esa ley de orden público, tanto por temas de fondo, de contenido, que creo que vulneran la Carta Política, como de procedimiento”, le dijo el congresista valluno a esta revista.

La prórroga y modificación de la Ley 418 o de orden público ha sido una de las normas más polémicas en el Congreso. El Gobierno nacional aprovechó el trámite de la iniciativa para incorporar algunos de los elementos con los que espera avanzar en su propósito de la ‘paz total’.

Entre ellos la idea de que la paz sea una política de Estado y que trascienda a los gobiernos, los cuales, de acuerdo con la norma, tienen obligaciones en el cumplimiento de los acuerdos a los que el Estado llegue con grupos armados ilegales de origen político.

También generó controversia por la intención de los ponentes del proyecto de incluir artículos que permitían que el jefe de Estado amnistiara a los condenados por delitos en medio de las protestas sociales, es decir, varios integrantes de la ‘primera línea’ que se encuentran detenidos y señalados por delitos comunes.

Luego del rechazo generalizado de diferentes fuerzas políticas a esta propuesta, fue excluida de la norma y se presentó un proyecto de ley especial que propone soluciones para estas personas, muchas de las cuales están señaladas de lesiones personales, terrorismo y daño en bien público, entre otras supuestas faltas.

Pero hubo otra disposición que sí quedó contenida en la ley de orden público y que sigue inquietando a diferentes sectores políticos: la posibilidad de que el Estado pueda negociar con disidentes de las Farc como Iván Márquez, uno de los comandantes de la llamada ‘segunda Marquetalia’.

Márquez abandonó el proceso de paz con las Farc y, según las autoridades, regresó a delinquir y estaría relacionado con actividades de narcotráfico.

Este tipo de disposiciones llevaron a Motoa a que anunciara que demandará ese proyecto de ley tan pronto reciba la sanción del presidente Petro y comience a regir.

Sobre el tema, el congresista de Cambio Radical insinuó que hubo una “triquiñuela” en la manera como el presidente del Senado, Roy Barreras, citó a la plenaria para que se votara la conciliación de la iniciativa legislativa, la semana pasada, en el Capitolio.

“Fíjese en la triquiñuela de convocar la conciliación para la madrugada del jueves, cuando no se permitió un debate profundo; que fuera en la penumbra, con los pocos senadores de la coalición de gobierno que estaban en el recinto”, afirmó Motoa.

El congresista agregó que “Barreras, levantó la sesión y a los pocos minutos anunció el proyecto. Eso ya lo vicia. Esos y otros elementos son los que tengo que recoger y harán parte de la demanda una vez que el presidente Gustavo Petro sancione la ley”.

La ley de orden público está pensada para que sea la hoja de ruta del nuevo gobierno para la negociación con diferentes grupos armados ilegales, especialmente los que tengan un origen político. Y aunque las mayorías de la coalición de gobierno funcionaron para sacar adelante la norma, varios sectores políticos y de opinión pública siguen inquietos con algunos de sus apartes y el impacto que tendrían en el manejo de la seguridad en el país.