Este lunes, la Fiscalía informó sobre la captura de Ana Catalina Noguera Toro, exdirectora especializada de extinción de dominio de la Fiscalía y exdelegada contra las finanzas criminales. El operativo fue realizado por el CTI, con Gaula Militar, a las 11:35 a. m.
“El procedimiento hace parte de una investigación que se sigue por presuntos hechos de corrupción judicial en los que estaría vinculada la exservidora. Por estas actuaciones irregulares están siendo procesados un funcionario activo de la Policía Nacional, el coronel Ricardo Alberto Durán, que pertenecía al grupo Inter agencial del SIU, y dos exfuncionarios del mismo lugar, el patrullero Anderson Jesús Alva Contreras y el intendente Jhon Fredy Redondo Bautista. Además de Carlos Ramón Zapata, conocido con el alias de El Médico y quien enfrentó investigaciones por narcotráfico”, señaló la Fiscalía.
“El material probatorio da cuenta de que los exfuncionarios del SIU se encargaban de ubicar personas que tenían procesos inconclusos en la Fiscalía, los identificaban y extorsionaban con altas sumas de dinero para que no fueran extraditados a Estados Unidos. Por estos hechos ya aceptaron cargos el patrullero Alva Contreras, el intendente Redondo Bautista, y alias Carlos Ramón Zapata, El Médico”, agregó el ente acusador.
La Fiscalía informó que “un fiscal delegado ante Tribunal presentará a la indiciada en audiencias de control de garantías y le imputará los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicación y violación de datos personales”.
“La Fiscalía cuenta con suficiente material probatorio y evidencia técnica para respaldar esta acción judicial que contribuirá a tener claridad sobre lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales correspondientes”, agregó el ente acusador.
Las declaraciones de varios narcos se convirtieron en la base de una investigación que dejó a Noguera en el centro de las denuncias y salpicada con un presunto favorecimiento a los delincuentes, algunos en proceso de extradición. El asunto fue priorizado por la Fiscalía y ahora se conocen los primeros resultados.
Otra arandela que se suma a la investigación es la relación familiar que tendría la exdirectiva con dos narcos extraditados a los Estados Unidos. La Fiscalía orientó los procesos y la obtención de pruebas con el objetivo de demostrar o descartar presuntos favorecimientos a los extraditables, a cargo de Noguera.
Noguera llegó a la Fiscalía en la administración de Néstor Humberto Martínez y, nueve meses después de la llegada de Francisco Barbosa al ente acusador, salió no solo al conocer que sus primos terminaron extraditados por narcotráfico, sino por las denuncias en su contra y que advertían supuestos beneficios o trato especial en casos de relevancia, con investigados de alto calado para el ente acusador.
El proceso contra Noguera incluyó una serie de declaraciones que la Fiscalía usará para imputar cargos contra la exdirectiva del ente acusador. Los detalles de este proceso los expondrá la Fiscalía ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, donde el fiscal del caso presentará el material de prueba.
El caso Monsalve
El nombre de la exdirectiva de la Fiscalía también apareció en las presuntas presiones que se denunciaron en contra de su papá, Rodrigo Noguera, el entonces rector de la Universidad Sergio Arboleda. Las presiones advierten que el exrector le preguntó, insistentemente a una fiscal, Angélica Monsalve, por una imputación de cargos que enredaba a una poderosa familia de Bogotá.
La voz de Ana Catalina Noguera se escuchó en un audio que la misma fiscal Angélica Monsalve reveló como prueba de las presuntas presiones para evitar la imputación de cargos en un proceso que adelantaba en su despacho. Como siguió adelante con el proceso, se ordenó su traslado, dijo Monsalve en las denuncias que hizo públicas.
La Fiscalía advirtió que el traslado de la funcionaria obedecía a funciones propias del servicio y no una retaliación por las decisiones que estaba tomando. Incluso, con posterioridad se advirtió que existía un plan para atentar contra la vida de la funcionaria, por lo que se dispuso de un esquema de seguridad y se mantuvo en su lugar de trabajo, en la seccional de fiscalías de Bogotá.
Fiscalía imputará cargos contra gobernador Carlos Caicedo
El ente investigador indagará por presuntas irregularidades en contratos millonarios. Solicitará casa por cárcel contra el gobernador del Magdalena.
La Fiscalía también hará imputación contra los exgobernadores Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes. La decisión se toma por presuntas irregularidades en cinco contratos, 457 mil millones de pesos, de los cuales ya se habrían perdido más de 74 mil millones. Se trata de una gigantesca investigación denominada Robo de Magdalena.
Operación Robo de Magdalena se llama la investigación con la que durante meses un equipo especial de la Fiscalía se puso a la tarea de examinar con lupa la contracción de más de seis años, entre 2013 y 2019, de la Gobernación del Magdalena. Fueron rastreadas millonarias irregularidades en contratos que hoy ponen como eventuales acusados de un presunto millonario detrimento patrimonial, al actual mandatario departamental, Carlos Caicedo, y sus antecesores, Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga.
Se trata de un hallazgo gigantesco, son cinco contratos que tienen que ver con una de las más importantes carreteras de la región, conocida como la Vía de la Prosperidad, y otros dos, no menos delicados, que deberían haber sido entregados a niños de la región, como el Centro de Desarrollo Infantil, ludotecas y hasta un coliseo.
“En ese sentido, se priorizó el caso investigativo denominado Robo de Magdalena, que permitió obtener suficientes pruebas y evidencias que dan cuenta de que en ese departamento habrían sido orientados de manera ‘caprichosa’, por lo menos, cinco contratos que superaron en valor los 457.670′682.703 pesos″, advierte la Fiscalía
Adicionalmente, se identificaron irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura; y sobrecostos o desembolsos injustificados que representan probable peculado de algo más de 74.788 millones de pesos.
Se trata de un megagolpe a la corrupción en el departamento del Magdalena, o por lo menos así lo considera la unidad de Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, que presentará un robusto arsenal de pruebas, evidencias, documentos, testimonios, transacciones, y trazabilidad y videos recogidos durante meses, con los cuales argumentará la imputación contra los tres gobernadores.
En el caso del actual gobernador, Carlos Caicedo, la Fiscalía solicitará de forma preventiva una medida de detención domiciliaria, porque en su condición de mandatario en ejercicio podría intervenir en las investigaciones, y afectar los resultados de las pesquisas judiciales.
“En ese sentido, la medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido de que el indiciado es gobernador actual y, por tanto, jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público”, justificó la Fiscalía.