SEMANA conoció la denuncia que se radicará en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por el delito de pánico económico por cuenta de las diferentes declaraciones que ha dado.
Aunque muchos aseguran que las salidas en falso de la funcionaria obedecen a su inexperiencia en el sector, desde el Centro Democrático consideran que los errores cometidos han generado incertidumbre en la industria energética del país.
Los representantes a la Cámara Óscar Villamizar y Juan Espinal dicen que la ministra Vélez debe responder penalmente por sus declaraciones y genera un pánico económico.
“La doctora Irene Vélez Torres durante su ministerio ha venido realizando afirmaciones falaces en distintos medios de comunicación de amplia circulación a nivel nacional que han generado zozobra, pánico y alarmas en el sector de minería, hidrocarburos e infraestructura energética en el país”, dice la denuncia.
En el documento enumeran las salidas en falso que ha tenido la funcionaria y piden que se revise detalladamente cada declaración porque, a juicio de los legisladores, cada intervención que hace Vélez genera más incertidumbre.
“Nuestro país tiene un Presupuesto General de la Nación que hoy corre un riesgo muy grande con los anuncios de la ministra. 32 billones de pesos es lo que la industria de petróleo y gas le entrega al país para su presupuesto. Con los anuncios que ha venido haciendo la ministra, muchas de esas empresas han parado las inversiones, lo que quiere decir que se va a afectar la productividad”, dijo Óscar Villamizar.
Uno de los argumentos de la denuncia se basa en las consecuencias que tiene cada declaración de la ministra Vélez en los diferentes sectores económicos del país. “Las declaraciones que en materia de su Ministerio realice la doctora Irene Vélez Torres por su investidura tienen eco en todos los sectores económicos a nivel Nacional; máxime si tenemos en cuenta que las expectativas de los principales actores del sector de Hidrocarburos en el país no son positivas, que actualmente en dicho sector existe una penumbra donde brilla el miedo y la zozobra, ingredientes mortales si le sumamos las desacertadas afirmaciones de diferente índole que en medios ha venido realizando irresponsablemente la ministra, cuyas repercusiones son cuantificables objetivamente: disminución de la valorización de la Bolsa de Valores de Colombia y de la acción de Ecopetrol en el mercado bursátil”, dice un fragmento de la denuncia.
El documento tiene 33 páginas y allí se hace una extensa exposición del presunto delito que estaría cometiendo la funcionaria que ha sido fuertemente criticada, incluso por sectores cercanos al Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Ecopetrol, que es una empresa de los colombianos y ofreció acciones para los colombianos, hoy está en un riesgo muy grande y las acciones han venido bajando con cada uno de los anuncios de la señora ministra”, agregó Villamizar.
El delito de pánico económico, de probarse la responsabilidad de Vélez, tiene consecuencias penales de 32 a 144 meses de prisión. A su vez, implicaría multas que van desde los 66.66 salarios mínimos hasta 750 salarios mínimos. Villamizar, por su parte, se centra en argumentar su punto.
“La ministra Vélez enfrentaría todas las consecuencias que tienen las personas que cometen un delito. Preferiría no hablar de eso, soy muy respetuoso de la justicia. Creo que en esto uno tiene que dar sus argumentos y la justicia debe definir si existe la comisión de un delito. De parte nuestra, daremos los argumentos de que se está cometiendo, que se está causando un daño”, dijo el representante para este medio.
Cabe recordar que la funcionaria, cercana a Francia Márquez, es filósofa de la Universidad Nacional, tiene una maestría en Estudios Culturales en la misma institución y un doctorado en Geografía y Geología en la Universidad de Copenhague.
Formó parte del empalme del Ministerio de Ciencia y sonaba para liderar esa cartera, pero, como una muestra de compromiso con la transición energética, llegó a Minas y Energía con un presupuesto previsto, para 2023, de cerca de 8,8 billones de pesos anuales.
Las críticas no paran, dado que es más una activista medioambiental que una conocedora de un sector que representa miles de empleos, recursos para las regiones y suplir a los colombianos con sus necesidades energéticas básicas, lo cual implica retos como, por ejemplo, en cobertura de gas para los hogares.