El gobernador de Vichada, Álvaro León, confirmó este jueves 16 de marzo que cayó en un retén ilegal de grupos armados en su departamento.
Ocurrió hace 15 días, según relató, y logró salvarse porque sus escoltas aparecieron y los hombres, sin identificar, huyeron del lugar a la zona selvática.
El relato de lo que le aconteció lo contó León, en una reunión convocada por la Federación Nacional de Departamentos en Quindío, donde asisten todos los gobernadores del país, además de la procuradora, Margarita Cabello, y el registrador nacional, Alexánder Vega.
“Hay una situación personal que la denuncié en mi departamento, pero nadie la conoce. A mí, personalmente, me bajaron esos grupos encañonado del carro, me hicieron bajar del vehículo. Ocurrió hace 15 días”, narró.
Y le habló directamente a la procuradora, Margarita Cabello: “Doctora, mi departamento no tiene para pagarle un convenio a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para tener un carro blindado. Yo, cuando voy a salir de viaje, contrato una burbuja vieja, un carro que no me cobre tanto porque el departamento no tiene para eso”.
Fueron 5 hombres que portaban fusil y uno más que tenía una pistola. “Me bajaron del carro, tuve un diálogo con ellos, mientras llegaron los escoltas, salieron corriendo, se metieron a las matas y, afortunadamente, no hubo disparos. O si no, el primer muerto, igualmente, es el gobernador”, contó.
Los gobernadores que se reunieron para hablar de seguridad, la ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro, el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros temas, quedaron sorprendidos.
Por su parte, la procuradora Margarita Cabello no se quedó callada y su organismo disciplinario publicó un comunicado de prensa.
En el documento, la funcionaria cuestionó, nuevamente, el programa bandera del Gobierno, la ‘paz total’, del que dijo que no hay formas claras para lograrla. “¿Cómo van a ser los mecanismos para llegar a esa ‘paz total’, ¿cómo va a ser el período de transición para llegar a ese objetivo que no lo vemos claro?”, se preguntó Cabello.
Expresó su preocupación con respecto al proyecto de Ley de sometimiento que, según ella, “desampara a las víctimas y concede enormes beneficios con principios de oportunidad a los que perpetraron masacres, asesinatos de líderes sociales y acciones del narcotráfico. ¿Será adecuada esa rebaja de penas (8 años) para todos indiscriminadamente?”, recalcó la jefa del órgano de control.
La procuradora también criticó que el Gobierno pretenda tramitar la iniciativa con mensaje de urgencia cuando, por el contrario, son discusiones que deben ser razonadas y bien argumentadas: “¿Será que la humanización requiere una petición de urgencia manifiesta para el estudio del proyecto, o será cierta la posibilidad de que el mensaje de urgencia es por la grave crisis penitenciaria?”, dijo.
En su intervención, la procuradora también lanzó críticas a las pretensiones del Gobierno de querer entablar conversaciones previas con las estructuras criminales para acordar condicionamientos lo que pondría en riesgo la aplicación de la extradición y sin recibir contraprestación alguna, “lo que sería un cheque en blanco”.