El gobierno del presidente electo Gustavo Petro quiere mover las mayorías con las que ya cuenta en el Congreso desde el primer día. Ya anunciaron que la próxima semana presentarán la propuesta de reforma tributaria y ahora se sabe que radicarán la reforma política.
SEMANA conoció en exclusiva el texto del borrador de la reforma política que ya se mueve por los pasillos del Congreso entre los congresistas del Pacto Histórico. “Buen día para todas y todos, este es el Proyecto de Reforma Política que se radicará el lunes”, es el mensaje con el que están compartiendo el borrador.
Aunque no es tan ambiciosa como otras propuestas de reforma política que se han presentado anteriormente, sí tiene puntos clave que serán materia de discusión en los próximos meses. Un primer punto que llama la atención es que buscará centralizar la financiación de las campañas desde el Estado, sin la posibilidad de que agentes externos sean parte de ese proceso.
“Este acto legislativo tiene por objeto incorporar en la Constitución ajustes en materia de financiación estatal de las campañas políticas, la regla general de listas cerradas a cargos de elección popular y los principios de democracia interna de los partidos”, dice el primer artículo.
Se detalla que el Estado financiará a quienes tengan personería jurídica de la siguiente manera: el 30 % se distribuirá en partes iguales entre todos los partidos inscritos; el 40 % será para los partidos, dependiendo del número de curules obtenidas en la última elección al Congreso; el 10 % será para todas las colectividades, según el número de escaños en concejos municipales, lo mismo para asambleas departamentales, y el 5 % para las mujeres elegidas, con la condición de que eso se deberá invertir en estrategias para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en política, y lo mismo sucederá para el caso de los jóvenes.
Esos montos estarán limitados a gastos de campañas electorales y en ningún caso se podrá sobrepasar el total establecido. “Los recursos de anticipos que reciban los partidos serán destinados de forma discrecional por las directivas de los partidos, para la financiación de las campañas de sus candidatos”, se propone en el texto.
Con respecto a los anticipos, se menciona que el 30 % será para todas las organizaciones políticas con candidatos inscritos, mientras que el 70 % dependerá del resultado del partido en las últimas dos elecciones.
“El Estado entregará estos anticipos para la financiación de las campañas electorales a cargos y corporaciones públicas de elección popular, con por lo menos dos meses de anticipación a la fecha de las elecciones”, dice.
Sobre material publicitario aclaran que no se podrán entregar ni exigir donaciones, dádivas o regalos para ejercer el derecho al voto, pero sí material propagandístico. El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá reglamentar los montos para publicidad. Las transacciones solo podrán hacerse a través de entidades bancarias, excepto algunas de menor cuantía, para lo cual el CNE también definirá montos. Deberán rendir públicamente las cuentas de esos ingresos y gastos.
Si se viola alguna de estas normas, la sanción será la pérdida de investidura o del cargo. “Es prohibido a los partidos y movimientos políticos recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público”, dice el texto.
Se establece que la financiación anual para el funcionamiento de los partidos se realizará a través del Fondo Nacional de Financiación Política, que debe ser equivalente al 0,4 del Presupuesto Nacional.
Otro punto es que se acabarán las listas abiertas o el voto preferente. Los ciudadanos tendrán que votar por un partido o movimiento y ya no se podrá discriminar a un candidato en el tarjetón. Los partidos o coaliciones podrán decidir quiénes son sus candidatos y el orden y número de integrantes no podrá exceder la cantidad de curules, a excepción de cuando las corporaciones son de dos miembros, por lo que podrán ser tres candidatos.
Llama la atención que propone que los partidos deberán tener un mecanismo de democracia interna. Otro punto clave es que las listas deberán ser paritarias a partir de 2023.
Los congresistas, concejales o ediles no podrán estar en su cargo más de tres períodos. Asimismo, los partidos y movimientos políticos que sumados hayan tenido una votación del 15 %, podrán presentar una lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas.
Para evitar que los partidos se conviertan en empresas de avales, se establece que la persona que desee aspirar deberá ser militante de esa colectividad con un año de anterioridad. “En el proceso de selección, los precandidatos deberán estar inscritos como militantes, por lo menos un año antes de la elección”, dice el proyecto de acto legislativo.
Según se detalla en el documento, entre los principales problemas que se busca resolver se encuentra que se pretende acabar con el “corrupto sistema clientelar”, terminar la “financiación personalizada de las microempresas electorales”, fortalecer los partidos, garantizar la financiación estatal, la democracia interna de los partidos, tener un registro único de militantes para que los partidos sean quienes tomen las decisiones internamente, que se garantice la equidad de género, la alternancia y la universalidad, permitir que los grupos significativos de ciudadanos se conviertan progresivamente en partidos políticos, disminuir los costos del sistema electoral y establecer el límite de períodos en corporaciones públicas.