José Antonio Salazar, quien hasta hace unas horas era el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, se acercó en la mañana de este martes 27 de febrero hasta la sede del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para radicar los documentos con los que buscará solicitar que quede sin efecto la demanda de Thomas Greg & Sons en contra de la Cancillería por el lío de pasaportes.
“Vengo a hacer entrega a la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del oficio junto con el acto administrativo que expedí, revocando directamente el acto administrativo que está demandado aquí”, informó el exfuncionario a los medios de comunicación a las afueras del ente judicial.
Según dijo, al hacer entrega de este documento, el Tribunal quedará relevado de estudiar la demanda de la empresa de origen británico, ya que no tendría validez con la decisión que tomó Salazar en las últimas horas que fue adjudicarle el contrato a Thomas Greg & Sons.
El tema es que la compañía había demandado en octubre del año pasado a la Cancillería luego de que se suspendiera el proceso licitatorio por 599 mil millones de pesos, argumentando afectaciones en contra de la compañía. La pretensión de la empresa era por 117 mil millones de pesos.
Salazar ya había anticipado algunas movidas luego de su decisión sobre la licitación de pasaportes. Por ejemplo, dijo que la suspensión de la Procuraduría en contra del canciller Álvaro Leyva quedaría sin sustento jurídico luego de la decisión que tomó.
“Le voy a enviar una copia a la Procuraduría con los actos administrativos que expedí para que le sirvan a esa instancia como referente de haber cesado completamente las causas que alegó para suspender al canciller Álvaro Leyva. Quiero decir que con esto desaparecen los motivos que, según la Procuraduría, determinaron la suspensión del canciller”, aseguró Salazar.
El exfuncionario agregó que con su decisión habían terminado las causas que el Ministerio Público sustentó para mantener suspendido al canciller. “Lo que dijo es que lo suspendía para que no siguiera actuando en relación con lo de los pasaportes”, afirmó el exsecretario de la Cancillería.
Una de las grandes dudas es si Salazar tomó esta decisión para favorecer a Leyva. A pesar de que dijo que se conocen desde hace tiempo y exaltó el trabajo del canciller suspendido, aclaró que en ningún momento se comunicó con él antes de firmar el documento.
“Él nunca me hizo esa manifestación ni nunca interfirió. Cuando la licitación llegó a su etapa final, en ese momento es cuando Álvaro Leyva me plantea el problema y le dije que mi recomendación es adjudicar el contrato. Y le di otra solución: ‘que usted asuma el manejo de todo esto’. Él lo asumió”, aseguró Salazar.
Además, dijo que luego de tomar la decisión de adjudicar el contrato a Thomas Greg, Leyva lo llamó y le preguntó por qué había firmado ese documento. Señaló que hablaron brevemente y que le reclamó por no consultarle antes, ya que él fue el secretario que Leyva nombró en ese cargo. Sin embargo, Salazar afirmó que siguió adelante porque si le consultaba a alguien le frenaban ese proceso.
“El doctor Álvaro Leyva me dijo: ‘Se supone que usted es el secretario general que yo designé. Debió haberme dicho antes’. Y yo le respondí: ‘No le dije antes porque el problema se me seguía volviendo insoluble’. Tenía la obligación, el deber de resolverlo. Eso hice. Por eso, mejor me encerré en casa a trabajar cuatro días, a estudiar con el conocimiento jurídico que tengo y tomé las decisiones”, contó el exsecretario en SEMANA este martes 27 de febrero.
Paralelamente, aunque se especula que con estas movidas Leyva podría volver al cargo, se conoció que el abogado defensor del canciller en este proceso, Yefferson Mauricio Dueñas, le solicitó a la Procuraduría el aplazamiento de la audiencia. Ya se había recusado al delegado del Ministerio Público para frenar el inicio del proceso disciplinario, sin embargo, esa solicitud fue negada en su momento.