Este viernes, 28 de julio, el Consejo Nacional de Control Ético del Partido Liberal decidió por unanimidad cancelar la condición de miembro afiliado de la colectividad del senador Mario Alberto Castaño Pérez, condenado a 15 años de prisión por ser la cabeza de un entramado de corrupción en el que exigía coimas para la entrega de millonarios contratos y convenios en entidades estatales.
La decisión de expulsar a Castaño tuvo origen en la evolución de las decisiones de la jurisdicción ordinaria y por “las faltas gravísimas cometidas por el senador en su ejercicio parlamentario”.
“Afecta la ética y la moral administrativa como integrante de una corporación popular, circunstancias conocidas por la jurisdicción penal con fallo de instancia proferido por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y corroborada por la investigación ético disciplinaria adelantada por esta corporación”, se lee en el comunicado de la colectividad.
Finalmente, el Consejo Nacional de Control Ético lamentó el comportamiento de Castaño, que genera desconfianza ciudadana en el Congreso de la República.
“El Consejo de Control Ético lamenta que estos comportamientos se presenten en la actividad política nacional que desdibuja la confianza ciudadana en las personas que ostentan la representación en los cuerpos colegiados”, concluye José Ferney Paz Quintero, presidente del órgano interno del partido.
El pasado mes de junio, el poderoso dirigente político liberal de Caldas fue sentenciado a 15 años y 11 meses de cárcel por su responsabilidad en una red de corrupción que exigía coimas para la entrega de millonarios contratos y convenios por prestación de servicios en entidades estatales.
La Corte fue clara y contundente al señalar que Mario Castaño, utilizando su poder y contactos, ejerció todo tipo de presión para beneficiarse con varios contratos en los Ministerios de Cultura, Deportes y del Interior.
Los interesados debían hablar con él para recibirlos de manera directa con los integrantes de la “red criminal” que conformó. Por cada contrato, debían enviarle al senador un 10 % del valor total.
El 21 de septiembre de 2022, en audiencia privada, Mario Castaño reconoció ante la Corte Suprema su plena responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. Hecho por el cual pidió una sentencia anticipada.
Imputan a dos contratistas que harían parte del entramado de obras públicas del exsenador Mario Castaño
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra los contratistas Camilo Andrés López Giraldo y Fausto Alonso Bedoya Grajales por su presunta participación en una red de corrupción liderada por el exsenador Mario Alberto Castaño, denominada “Las Marionetas”, porque “movía los hilos” para entregar contratos a dedo. La fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a ambos los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, pero los acusados no aceptaron los cargos.
Las investigaciones del ente acusador revelaron que López Giraldo y Bedoya Grajales habrían establecido vínculos con la red criminal para obtener información privilegiada y direccionar contratos en diferentes entidades a nivel nacional y territorial. Según las pruebas recopiladas por las autoridades, se habrían comunicado con un miembro de la red para acceder de manera anticipada a los pliegos de condiciones y otros requisitos legales y presupuestales en seis procesos contractuales, entre abril de 2021 y marzo de 2022.
En virtud de estas acciones, López Giraldo habría obtenido de forma irregular contratos de obras y de interventoría para el mejoramiento de vías urbanas en Pueblo Rico, en Risaralda; la adecuación de carreteras veredales y la construcción de un parque en La Merced, en Caldas; la construcción de una cancha sintética de fútbol cinco en Balboa, Risaralda, y el contrato de mantenimiento del polideportivo de Aguadas, Caldas. El valor total de los contratos ascendió a 3.074 millones de pesos. En tres de estos negocios, Bedoya Grajales participó como miembro de los consorcios ganadores.
Según las pesquisas, los contratistas, presuntamente, entregaron un porcentaje del valor total de cada contrato de obra y de cada consultoría al entramado de corrupción. En concreto, se estima que entregaron el 10 % del valor de los contratos de obra y el 25 % del costo de las consultorías en algunos de los contratos.
El proceso judicial continuará su curso y se espera que se realicen las respectivas audiencias para determinar la responsabilidad de los implicados en estos actos de corrupción, que afectan la correcta utilización de los recursos públicos y la transparencia en los procesos de contratación.