La senadora Paloma Valencia enciende las alarmas por artículo que el gobierno de Gustavo Petro estaría impulsando para ser incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que se tramita en el Congreso de la República. De acuerdo con el texto, la Agencia Nacional de Tierras podrá negociar directamente un predio y, si en 20 días no hay un acuerdo con el propietario, este se podrá declarar “de utilidad pública para la reforma rural integral”.
De acuerdo con el artículo, la Agencia Nacional de Tierras formulará una oferta de compra por un predio, cuyo precio máximo será determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) u otra persona natural o jurídica que esté inscrita en el registro abierto de avaluadores.
Si el o los propietarios del predio lo ofertaron previamente, se entiende “que la oferta de venta y su aceptación por parte de la Agencia Nacional de Tierras configuran un contrato de promesa de compraventa a favor del Estado”.
La etapa tan solo tendrá una duración de diez días calendario, a partir de que se le “notifique” al propietario el interés de adquirir el predio. Después, pasa a la etapa de “venta forzada con indemnización previa”.
La resolución que declare el predio como de utilidad pública para la reforma rural integral ordenará la transferencia de la propiedad a favor de la Agencia Nacional de Tierras. Este proceso será susceptible de recursos de reposición, pero si este no se resuelve en diez días calendario siguientes a su interposición, se entenderá negado.
De esta forma, la resolución se mantiene en firme, se expropia y se consigna lo previamente estipulado al dueño del predio.
“En firme la resolución no admitirá oposición de ningún tipo durante la entrega material del predio. Se procederá a la entrega del bien con el concurso de las autoridades de Policía, quienes están en la obligación de apoyar a la Agencia Nacional de Tierras. En el acta de la diligencia de entrega se insertara la parte resolutiva de la resolución”, detalla la proposición sobre el proceso planteado por el Gobierno.
De acuerdo con la proposición, el acto administrativo que declare la venta del predio por “motivos de utilidad pública o interés social” será susceptible del medio de control posterior de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del precio. Es decir, que en ningún caso se podrá ordenar la suspensión de la entrega del predio a la Agencia Nacional de Tierras.
En la justificación de la proposición, la Agencia Nacional de Tierras asegura que “la propuesta se enmarca en el régimen constitucional”.
“Plantea una etapa inicial de negociación directa y, en caso de no ser posible, este procedimiento se adelantará mediante venta por motivos de utilidad pública o interés social con indemnización previa que requiere la reforma rural integral”, justificó.
De acuerdo con la senadora Paloma Valencia, este artículo fue propuesto varias veces por el Pacto Histórico y Jhenifer Mojica, nueva ministra de Agricultura, le habría dado el visto bueno. Esto ocurre tan solo un día después de la salida de Cecilia López de la cartera.
Hasta el momento, el artículo es una proposición que se ventilará en medio del segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo. Será el Congreso de la República el que decida incluirlo o no.