Tal y como lo había anticipado SEMANA, la abogada constitucionalista Cielo Rusinque Urrego se convirtió en la nueva Superintendente de Industria y Comercio.
Así lo confirmó la Presidencia a través de un comunicado de prensa que se hizo público en la tarde de este jueves 25 de enero.
De acuerdo con la información oficial, “concluida la invitación pública adelantada por el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, para la integración del listado de candidatos al empleo de superintendente de Industria y Comercio, y una vez que el Departamento Administrativo de la Función Pública realizó la revisión y análisis de las hojas de vida”, se designó a Rusinque en el cargo.
Esta decisión –según la Casa de Nariño– fue comunicada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de que se inicien las acciones tendientes a su materialización.
La designación de la abogada se produjo un mes después de que Gustavo Petro declarara insubsistente a María del Socorro Pimienta.
La salida de Pimienta, al parecer, se produjo por malos manejos en la entidad.
La exsuperintendente habría decidido en favor de empresas de Euclides Torres, señalado de ser uno de los principales financiadores de la campaña de Petro, y de otras compañías que tenían como apoderado al exsuperintendente Jairo Rubio Escobar. En la mira están decisiones que ella tomó en pleitos con Avianca, WOM y la Dimayor.
La nueva Superintendente es una abogada que respaldó la candidatura presidencial de Gustavo Petro y hasta contempló la posibilidad de hacer parte de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Cundinamarca. Sin embargo, al final, decidió declinar a la contienda legislativa.
Ante eso, terminó convertida en una líder cercana al hoy embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, y al excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, paradójicamente dos líderes que sostienen una rivalidad política.
Tras la llegada de Petro al poder el 7 de agosto de 2022, la jurista sonó para varios cargos, pero el jefe de Estado la nombró como directora de Prosperidad Social, uno de los puestos más apetecidos del Gobierno por la chequera que maneja la entidad.
No obstante, el primer mandatario decidió sacarla del cargo para darle el espacio a Laura Sarabia, su exjefa de gabinete, que volvió al Gobierno después de su escándalo con el exembajador Armando Benedetti y los líos jurídicos con su exniñera Marelbys Meza.
Entonces, la abogada fue ternada por el presidente para la Corte Constitucional, pero no logró los respaldos suficientes en el Congreso y el escaño judicial se lo ganó Vladimir Fernández, el entonces jefe jurídico de la Casa de Nariño.
La abogada, quien ha librado fuertes peleas públicas con las feministas del Pacto Histórico, tiene especialización en derecho constitucional y maestría en estudios políticos de la universidad París II. Además, es candidata a doctora en derecho constitucional.
Comenzó su carrera profesional como secretaria judicial en la Fiscalía General de la Nación hace casi dos décadas, trabajó en la Alcaldía de Fusagasugá como profesional en la Oficina Asesora Jurídica y es docente en la Universidad Externado de Colombia.