SEMANA conoció el decreto que expidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro para otorgar el reconocimiento al ELN como “organización armada rebelde”, una petición que habían hecho los integrantes de esa guerrilla al ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Aunque dicha guerrilla ya contaba con un reconocimiento político, se pidió que para estos diálogos se les otorgara esa calidad de organización armada rebelde para tener una seguridad jurídica y avanzar rápidamente en la negociación.
El decreto tiene fecha del 6 de marzo y allí se explica que el Gobierno Petro dentro de su política de ‘paz total’ está adelantando una negociación política con el ELN para buscar una salida negociada al conflicto.
Allí se argumenta que la prórroga de la Ley de Orden Público facultó al presidente de la República a tener acercamientos y diálogos con el ELN para facilitar el desarme y desmovilización de esa guerrilla.
“Reconocer que el Gobierno nacional, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, dado el reconocimiento político del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como organización armada rebelde, se encuentra adelantando negociaciones y diálogos de carácter político dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz a una desmovilización”, dice el documento.
Sin embargo, se aclara que dicho reconocimiento de hace con sujeción a las normas legales vigentes por lo que no se modificarán las decisiones judiciales que se hubieran adoptado contra integrantes del ELN hasta la fecha. “No se suspende los diferentes procesos judiciales que se adelantan contra ellos, ni las órdenes de captura vigentes. No impide que las autoridades judiciales correspondientes con posterioridad a esta declaración, inicien y culminen las investigaciones judiciales a que haya lugar”.
Conozca la agenda completa del diálogo
1. La participación de la sociedad en la construcción de la paz.
La participación de la sociedad en la construcción de la paz será:
1.1 Un camino para la construcción de una alianza política y social hacia un gran acuerdo nacional.
1.2 En función de identificar las causas de los problemas fundamentales del país, proponer iniciativas y procesos que conduzcan a las transformaciones para la paz.
1.3 Un proceso de fortalecimiento de la sociedad que haga innecesario el uso de las armas como medio para impedir o alentar las transformaciones políticas, económicas y sociales.
1.4 Un ejercicio democrático de movilización de la sociedad en torno a la planeación, decisión e implementación eficaz de los acuerdos en las regiones y la nación.
1.5 Un ejercicio dinámico y activo, incluyente, pluralista y vinculante, que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones.
1.6 Fortalecer la participación activa y eficaz de las mujeres, de las poblaciones históricamente excluidas, discriminadas y precarizadas —niños, niñas, adolescentes, juventudes, adultos mayores, pueblos étnicos, campesinado, trabajadores, privados de la libertad, la diáspora, población LGBTIQ+ y en condición de discapacidad—, en la construcción de la democracia para la paz.
2. Democracia para la paz
Este punto de la agenda conduce a:
2.1 Revisar y fomentar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que la afectan, y que puedan materializarse en instrumentos de política pública eficaces en los territorios urbanos y rurales.
2.2 Examinar, desde una perspectiva democrática, el régimen político y el modelo económico.
2.3 Evaluar el tratamiento que se les da a los conflictos políticos, sociales y ambientales en función de la construcción de la paz.
2.4 Revisar el marco normativo y garantías para la manifestación pública, tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados en desarrollo de la movilización y la protesta social.
2.5 Incentivar la participación de la sociedad en la construcción del poder ciudadano.
3. Transformaciones para la paz.
Las transformaciones para la paz comprenderán:
3.1 Propuestas elaboradas por la sociedad y sustentadas en los resultados del punto 2 de esta agenda (democracia para la paz).
3.2 Políticas públicas tendientes a superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad.
3.3 Planes de desarrollo alternativos integrales en territorios urbanos y rurales, incluyendo los planes de vida y planes de etnodesarrollo, que constituyan opciones económicas, productivas y sustentables que beneficien a las comunidades.
3.4 Políticas, planes y programas que superen el histórico conflicto agrario, sobre el ordenamiento ambiental y territorial dirigidas a la recuperación sostenible y productiva de los territorios urbanos y rurales, la restauración y protección de la Casa Común.
3.5 Pactos sociales que consoliden los acuerdos y una pedagogía y comunicación hacia una cultura de paz.
3.6 El plan integral de transformaciones se articulará y armonizará con los planes nacionales de desarrollo.
4. Víctimas
El objetivo en este punto es el reconocimiento a todas las víctimas, sus afectaciones y sus derechos con base en:
4.1 La asunción de responsabilidades que emane de la verdad de todas y todos.
4.2 La memoria de la vida y luchas de todos los afectados por el conflicto.
4.3 La justicia.
4.4 La reparación integral colectiva y/o individual.
4.5 Las garantías de no repetición y no olvido.
4.6 Asumir el ambiente como víctima.
El conjunto de estos componentes hace posible el reconocimiento y asunción de responsabilidad a la luz del Derecho Internacional, para lograr la reconciliación en la sociedad, teniendo en cuenta la especial relevancia de las recomendaciones que surjan de esta.
5. Fin del conflicto armado
5.1 El reconocimiento político y jurídico del ELN hecho por el Gobierno como organización político militar rebelde.
5.2 Resolver la situación jurídica del ELN y sus integrantes, incluidos los procesados y condenados.
5.3 Condiciones y garantías para la seguridad y el ejercicio de la política del ELN.
5.4 Erradicar toda forma de paramilitarismo para que no se repita.
5.5 Dinámicas y acciones humanitarias.
5.6 Cese del fuego y hostilidades de carácter bilateral hacia la generación de condiciones para la superación del conflicto armado.
5.7 En el marco de las nuevas circunstancias generadas por este proceso, se construirá un acuerdo sobre las armas del ELN, en sincronía con la estrategia para superar la violencia y neutralizar el armamentismo y el belicismo.
5.8 Ajustes institucionales y procedimentales requeridos por ambas partes para la implementación de este punto.
6. Plan General de Ejecución de los acuerdos entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
6.1 Este Plan General de Ejecución se construirá con los planes específicos de cada punto de la agenda y contará con un programa y cronograma para su implementación.
6.2 El Plan General de Ejecución de acuerdos incluirá mecanismos de control, seguimiento, verificación y ajustes que contarán con la participación de la sociedad, la comunidad internacional, el Gobierno nacional y el ELN.
6.3 Este plan contemplará las siguientes dimensiones: jurídica, política, social, económica, ambiental y diplomática.
6.4 El Plan y los acuerdos que contiene serán objeto de validación democrática por medio de la participación de la sociedad en el proceso de paz, de principio a fin.
6.5 Los acuerdos parciales se implementarán según su carácter en el corto, mediano o largo plazo.