Este viernes, el gobierno del presidente Gustavo Petro expidió una resolución donde ordenan revocar la decisión No. 20185020000526 del 18 de diciembre de 2018 de Migración Colombia, donde Iván Duque expulsó del país a Carlos Manuel Pino García, un ciudadano venezolano que, en su momento, se informó “que ponía en riesgo la seguridad nacional”.
De acuerdo con el documento conocido por SEMANA, el ciudadano venezolano, a quien se le relacionó en su momento con Nicolás Maduro, podrá, a partir de la notificación, ingresar al territorio colombiano y realizar los trámites correspondientes para su residencia.
La expulsión de Pino García fue ampliamente divulgada porque es el esposo de la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez, una de las mujeres más cercanas a Petro y quien más ha insistido en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. De hecho, ella lideró el encuentro entre el Congreso de este país y la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro en Cúcuta.
De acuerdo a la resolución del gobierno Duque, Carlos Manuel Pino fue expulsado de Colombia “al determinarse que existió justificación para dar aplicación a lo previsto en el Artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1067 de 2015, que faculta al director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, o sus delegados, para expulsar a los extranjeros cuando realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública o la tranquilidad social (...)”.
Aunque Pino había alegado que adelantaba labores diplomáticas en Colombia, en su momento Migración Colombia confirmó “que no gozaba de inmunidad diplomática debido a que no se encuentra acreditado como funcionario ante el Gobierno colombiano”.
El exdirector de Migración, Christian Krüger, confirmó en su momento que Pino fue entregado en el Puente de Simón Bolívar en el Norte de Santander a las autoridades venezolanas.
Como petición a Colombia, tras la llegada de Gustavo Petro al poder, Pino argumentó que el procedimiento de expulsión se efectuó con arbitrariedad y rapidez inusitada y sin motivo. “Fue un procedimiento atropellado, carente de explicación y de los ritos propios de un Estado respetuoso de los derechos humanos y, en especial, de los derechos fundamentales de mi hijo, en aquel entonces menor de edad, cuya protección y derechos reconocen tanto la Constitución colombiana como las normas internacionales”.
Tras la petición del ciudadano venezolano, Migración Colombia ordenó dentro del expediente oficiar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), organismo que desarrolló las actividades de inteligencia y contrainteligencia que derivaron en el informe que justificó la decisión de expulsión.
En esta oportunidad, la Dirección de Inteligencia respondió que “una vez realizadas las gestiones de verificación documental, no se encontró información que constituya criterio orientador que a la fecha permita ratificar los hechos descritos”. Es decir, no evidenció elementos para considerar que Pino ponía en riesgo la seguridad nacional.
Hay que recordar que hace más de 20 años, Pino ya había tenido un encuentro con las autoridades colombianas luego de una operación del Ejército el 26 de mayo de 1999 en la que se dio de baja a alias Esteban González, al que se le conocía como el jefe de finanzas de las Farc.
En ese momento, SEMANA publicó un artículo que vinculaba a la extinta guerrilla con traficantes de armas de Venezuela. En la operación fueron capturados otros cuatro ciudadanos venezolanos: Pedro Guzmán, Manuel Salazar Hernández, Carlos Pino García y Carlos Félix Zambrano.
“Ese proceso precluyó, se demostró la inocencia de mi esposo. Eso fue en 1999″, dijo en su momento a La FM, la hoy senadora Flórez.