Luego de una fuerte tormenta que se desató por un choque entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal General Francisco Barbosa, sobre la política del Gobierno nacional del Pacto Histórico de la ‘paz total’, inició el cara a cara entre ambos funcionarios.
La reunión de alto nivel se lleva a cabo en las instalaciones de la Casa de Nariño, allí el jefe del ente acusador le pone sobre la mesa las líneas rojas que tiene la entidad sobre la petición que elevó el mandatario colombiano para suspender las órdenes de captura contra 16 peligrosos integrantes del Clan del Golfo para que ingresen a la ‘paz total’.
Barbosa en una radical postura negó esa petición y aseveró que no será el Fiscal General que aporte a la impunidad, beneficiando a poderosos narcotraficantes y criminales que han sembrado el terror en varias regiones de Colombia.
Al ver el claro inconformismo del fiscal general, el jefe de Estado lo convocó a una reunión este lunes 30 de enero en la Casa de Nariño al admitir que Barbosa tenía tesón en varios puntos que puso de presente sobre la ‘paz total’.
Fue en Francia donde el presidente Petro, en una declaración que dio a los medios de comunicación, le dio la razón al fiscal Barbosa y afirmó que el Gobierno nacional va a revisar a profundidad los delegados de paz que han propuesto las estructuras criminales.
“Es en la selección de las personas que estas diferentes organizaciones ilegales hacen, de acuerdo a la ley, pero que el Gobierno tiene que estudiar a profundidad y creo que tiene mucha razón”, sostuvo Gustavo Petro.
En ese momento, reveló detalles de la conversación que sostuvo con el fiscal general Francisco Barbosa en medio de un fuerte choque que tuvo con el jefe del ente acusador: “Fue un diálogo telefónico, yo estaba un poco sorprendido, porque era por prensa que estaba viendo el tenor de las fricciones, y traté de preguntarle de qué se trataba el tema (choque) y algo me comentó, pero creo que son cosas que se pueden solucionar”.
La molestia de Barbosa
Hace varios días, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, anunció que le pondrá de presente a Petro las dudas que existen frente al alcance de los decretos emitidos recientemente y por medio de los cuales se ordenó la suspensión de actividades en contra de las bandas criminales de Los Pachenca y el Clan del Golfo, así como de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Para el jefe del ente investigador, es necesario que el presidente Petro verifique el contenido de ese decreto cuyo alcance es inédito en la historia del país. “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali”, indicó Barbosa.
Frente a esta situación, le manifestará al primer mandatario que existen grandes dudas sobre la forma en que se debe actuar en estos casos. “Es función del presidente verificar si él tomó una decisión con esos decretos que se hicieron para el cese de hostilidades con organizaciones de narcotraficantes”, afirmó.
En este punto, reiteró que el artículo segundo ordena el cese de actividades policiales y militares, pero al mismo tiempo dice que no se suspenderán los derechos y compromisos con el orden constitucional de las fuerzas. “Sin embargo, hoy tenemos problemas de narcotráfico, 1.900 órdenes de captura sin ejecutar por homicidios dolosos en Colombia”.
Esta situación fue calificada como “complicada” por el fiscal general, puesto que “pone en entredicho” a la institucionalidad. Todo esto le será puesto de presente al presidente Gustavo Petro en la mencionada reunión “para reequilibrar lo que está ocurriendo y para que todos podamos seguir pensando que el país se construye bajo la base de unas ideas, por supuesto, de un gobierno que ganó en agosto, pero también del Estado de Derecho y de la separación de poderes”.
Esta misma preocupación la comparte la justicia de los Estados Unidos, con la que Barbosa sostuvo una reunión este martes en Washington. El fiscal general manifestó que sus miedos radican en que con este tipo de resoluciones se “desarticule la política de persecución judicial en Colombia. ¿Por qué es importante para mí? Porque esa es la función del fiscal general de la Nación. Cuando se habla de narcotráfico no es un asunto que le compete solamente al presidente de la República”.
Reiteró que la lucha contra el narcotráfico y la persecución criminal está avalada en el Código Penal, que los catalogó como conductas criminalizadas en todo el territorio nacional, y le confirió la responsabilidad al fiscal general de atender toda esta situación.
¿Proceso de paz o sometimiento?
El fiscal general, igualmente, fue directo en señalar que existen dudas sobre si el proyecto que radicará el Ministerio de Justicia tiene relación con un proceso de paz o un sometimiento a la justicia, temas que son muy diferentes. Por el momento no conoce los detalles de la propuesta.
“Es importante que se diga lo siguiente: los límites que tiene ese proyecto, llámese sometimiento a la justicia o de reconocimiento de responsabilidad penal es que esas personas tienen que pagar sus penas en prisiones, tienen que entregarles los bienes o los dineros ilícitos a las víctimas, tiene que haber verdadera justicia, reparación y garantías de no repetición, no tiene que haber garantías de no extradición y no debe existir elegibilidad política”.
Citó que fue el mismo Petro, en el año 2006, siendo representante a la Cámara, quien fijó esos lineamientos y diferencias entre proceso de paz y sometimiento a la justicia. Lo que se ha planteado hasta el momento –sostuvo– tendría una complicación a la hora de ser planteado y discutido en el Congreso de la República.
“Yo me someto a lo que diga el Congreso, siempre y cuando se respeten elementos centrales de la Constitución Política de Colombia”, manifestó. Para el fiscal Barbosa, el debate, que se está viviendo ahora mismo, es clave para aclarar todas las dudas y corregir los errores frente al proyecto de la ‘paz total’.
“Es necesario que exista una ley de sometimiento con unos requisitos, con unos estándares que deben aplicarse porque no estamos hablando solamente de narcotraficantes, sino de las personas que han venido asesinando líderes sociales y reincorporados, por lo que están poniendo contra las cuerdas la implementación del acuerdo de paz que firmó Colombia en el año 2016″, subrayó el funcionario.