De manera sorpresiva, la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño dio a conocer que se adelantó una diligencia judicial en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que dirige Laura Sarabia, en la cual se busca recopilar pruebas que serían clave dentro del proceso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ese escándalo de corrupción, el cual sacudió al Gobierno del llamado cambio, tiene en el ojo del huracán a varios funcionarios. Inclusive, esta semana la Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de abrir investigación preliminar contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Este es el comunicado de la Presidencia:
En este momento se lleva a cabo una diligencia judicial por parte de la Dijín en las instalaciones del Dapre, debido a los hechos relacionados con la Unidad de Gestión de Riesgos.
Desde ayer, la Presidencia de la República dio la instrucción a Control Interno, Control Disciplinario y Oficina de Sistemas para realizar un respaldo de todos los computadores de la entidad como medida preventiva para asegurar la información.
Hemos estado en contacto con la Fiscalía General de la Nación para atender cualquier requerimiento de los entes competentes y entregar cualquier información que sea solicitada.
La diligencia se realizó luego de que la Fiscalía confirmó a SEMANA que se abrió una investigación preliminar contra varios ministros y exfuncionarios de alto nivel del gobierno de Gustavo Petro, por el escándalo de corrupción que se cocinó desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Se conoce que la Dijín busca evidencias que comprometan a Carlos Ramón González, anterior director del Dapre y actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Esa determinación se tomó en medio de las graves revelaciones que se han conocido en las últimas horas, que mencionan e involucran a varios servidores y exfuncionarios con uno de los casos de corrupción que más ha golpeado al gobierno de Gustavo Petro.
Lo particular es que esa diligencia judicial de la Dijín se llevó a cabo luego de que SEMANA reveló un audio del año pasado, en el que se escucha a Carolina Martínez, mano derecha de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, comunicándole a Sneyder Pinilla que recibió de Jaime Ramírez Cobo –enlace en el Congreso del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y del director del Dapre en esa fecha, Carlos Ramón González– información que tiene que ver con la compra de congresistas para lograr aprobar las reformas y los proyectos de Petro en el Congreso.
Esa delicada grabación, en poder de esta revista, sería uno de los principales motivos por el que la Fiscalía decidió abrir la investigación contra los dos funcionarios, que en el caso de Velasco ya dejó su puesto en el Gobierno y en el caso de Carlos Ramón, saltó del Dapre a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En ese audio que Martínez –asesora de Olmedo– le envió a Pinilla, se escucha: “Ney, ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto el asesor del Congreso, del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón, del Dapre. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace del Congreso de ellos dos. Es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes, porque si no se les cae no sé qué, se les cae lo que están haciendo en (el) Congreso; mejor dicho, no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que por fa me ayudes a preguntarle a él si es importante o no”.