Tras una larga espera de varios meses, en la tarde de este martes 11 de abril, un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá dio a conocer el fallo en el que condenó al Distrito a pagarle al operador de Doña Juana más de 64.500 millones de pesos.
La decisión del tribunal de arbitramento se dio al considerar que las tarifas establecidas inicialmente en el contrato de concesión no eran suficientes para cumplir con las obligaciones contractuales. En todo cado, la indemnización está lejos de la pretensión económica que tenía CGR.
En la lectura del fallo, también se dio a conocer que CGR deberá pagarle a la UAESP la suma de 4.200 millones de pesos por incumplimiento en condiciones específicas del contrato.
De otro lado, los árbitros también decidieron que el contrato de concesión tiene que terminar cuando culmine la actual licencia ambiental del relleno sanitario de Doña Juana, la cual culmina en 2024. De esta manera, se abre paso a uno de los principales objetivos de esta administración, que fue la modernización del relleno.
La decisión del tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá se trata de un largo litigio de 12 años entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), operador del relleno sanitario Doña Juana.
El tribunal de arbitramento fue convocado por CGR en contra de la UAESP para reclamar una mayor remuneración en la operación del relleno de Doña Juana. Exigían que el Distrito les pagara 1,2 billones de pesos, dinero que según CGR han dejado de recibir desde 2010, cuando inició la concesión, por un desajuste en la remuneración.
Los árbitros que tomaron la decisión de este fallo son los juristas Alberto Yepes, Rodrigo Durán y Luis de Brigard.
Esta es la historia del conflicto
El relleno sanitario de Doña Juana, a donde diariamente llegan más de 6.300 toneladas de basuras, está en manos de la UAESP.
Esta entidad contrató en 2010 al operador Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR) para que tratara un polígono con los residuos ordinarios (que no se pueden reutilizar) y lixiviados. El contrato de operación del relleno se dio por un valor de 229.742 millones de pesos a precios corrientes de ese año.
Cuando CGR asumió la operación del relleno, empezó a reclamarle a la UAESP que la remuneración que se pactó en el contrato no alcanzaba para cubrir todas las obligaciones, en especial, la de optimizar la planta de tratamiento de lixiviados.
“Desde el momento en el que se suscribió el contrato, en el 2010, CGR, que es el concesionario, había advertido que las tarifas que se habían establecido para remunerar y poder operar el relleno y a hacer todas las actividades del contrato no fueron suficientes”, aseguró a SEMANA el abogado Iván Acuña, apoderado de CGR.
En otras palabras, desde CGR advirtieron que la propuesta económica presentada por el concesionario se acogió a la información que ofreció la UAESP en ese entonces en el marco del proceso de licitación, pero la cual, según ellos, resultó ser muy diferente a la realidad.
“La UAESP aseguraba, de manera determinante, que las tarifas eran suficientes y nunca exhibió el modelo financiero. Lo que hicimos fue creer de buena fe. Esto no resultó cierto y lo advertimos inmediatamente conocimos la realidad de las tarifas”, agregó Acuña.
Así mismo, desde el primer momento, CGR cuestionó al Distrito porque la planta de lixiviados que recibieron tenía unas condiciones muy diferentes a las que se había descrito en el contrato de concesión, por lo que optimizar la planta resultaba ser mucho más costoso.
“En la licitación falsa, el Distrito dijo que se entregaba una planta de lixiviados que trataba 21 litros por segundo y posteriormente CGR encontró que trataba solamente 14 litros por segundo. Cuando CGR llegó encontró además un bypass que botaba lixiviado puro al río. CGR lo reportó y puso la denuncia penal ante la Fiscalía. El anterior operador nunca optimizó esa planta”, explicó Acuña.
La posición de la UAESP siempre había sido tajante. En repetidas ocasiones, señaló que tanto CGR como el Distrito acordaron unos precios por la disposición de los residuos sólidos, de acuerdo a la normativa existente, y también se acordaron unos precios por el tratamiento de lixiviados y que el concesionario aceptó esas condiciones.
Ante la negativa del Distrito de reconocer una mayor tarifa, el concesionario acudió a la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), como ente regulador del servicio en Colombia, y en 2018 logró que le subieran las tarifas tanto por el tratamiento de lixiviados, como por la disposición de residuos sólidos. La primera tarifa subió de 1.937 pesos por tonelada a 11.949 pesos; la segunda, pasó de 20.358 a 34.069 pesos.
En 2018, CGR también convocó al primer laudo, pero un tribunal de arbitramento falló en su contra por no haber cumplido hasta el momento con las obligaciones establecidas en el contrato y lo obligó a realizar la optimización de la planta de lixiviados. Además, CGR tuvo que pagar también la cláusula penal, que era de 2.172 millones pesos.
Sin embargo, CGR elevó una nueva reclamación para exigirle al Distrito que le pagara 1,2 billones de pesos por las tarifas que, según el concesionario, dejó de recibir entre 2010 y 2018 por el tratamiento de lixiviados y por la disposición de residuos sólidos.
“Lo que se está tratando en esta nueva reclamación son unos perjuicios ocasionados por costos que no fueron sufragados por parte del contratista porque las tarifas no eran suficientes”, había explicado Acuña a SEMANA.
Férrea oposición de Claudia López
A pesar de que el primer laudo obligó a CGR a cumplir con la optimización de la planta de lixiviados, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha insistido en que CGR ha incumplido e incluso ha señalado que el concesionario se “han embolsillado 163.000 millones de pesos de la planta que Bogotá ya pagó”.
De hecho, recientemente desde la Comisión Quinta del Senado, la alcaldesa López se despachó en contra de CGR.
Hace unos minutos, la alcaldesa celebró la decisión del tribunal frente al caso. “¡CGR Doña Juana no ganó ni se salió con la suya! Ni los bogotanos tendremos que pagar el billón doscientos mil millones de pesos que pretendían ni podrá obtener nueva licencia para seguir operando el relleno más allá del 2024″, dijo.
“El principio del fin del relleno Doña Juana empezó hoy”, agregó Claudia López.
“Después de tener más de 13 multas vigentes por incumplimientos de las autoridades ambientales y la Superintendencia, CGR pretende que le paguemos 1,2 billones de pesos como si en efecto hubiese optimizado la planta de tratamiento de lixiviados desde el 2010 hasta la fecha”, precisó la mandataria distrital en su momento.
Vale la pena recordar además que, en julio de 2022, la alcaldesa mayor denunció a los representantes legales del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos S. A. (CGR) por los presuntos delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial, precisamente por no adelantar las actividades de optimización de la planta de lixiviados.
La Fiscalía imputó cargos
A comienzos de 2023, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al presidente y representante legal del Relleno Doña Juana (CGR), por daño ambiental y contaminación causado por no hacer la planta de lixiviados que la ciudad ya le pagó al operador.
Cuando se dio a conocer la imputación de cargos, la alcaldesa López agradeció los avances en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en contra de Mauricio Bernal Marcucci, presidente y representante legal del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S. A. ESP.
De acuerdo con López, “ese daño ambiental se deriva del daño patrimonial causado por CGR que se ha quedado con más de 142.000 millones de pesos que hemos pagado los bogotanos por la planta de lixiviados, pero que nunca construyó”.
En efecto, de acuerdo con la investigación, habría fallas de parte del consorcio en el manejo y la disposición de los residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana, entre ellas, disgregación, compactación y cubrimiento de residuos, así como presuntas irregularidades en el manejo de lixiviados y estabilidad de taludes que aumentan la presencia de vectores y malos olores.
Los investigadores del CTI detectaron que la cobertura temporal de los residuos sólidos no era óptima y había basuras expuestas, lo que incidía en la presencia de vectores como olores fuertes y ofensivos muy concentrados y de persistencia alta.
“La situación que advierten los profesionales es altamente gravosa para el medio ambiente y los recursos naturales, ya que con este tipo de manejo se aumenta de manera exponencial la producción de lixiviados, así como vectores, los cuales, por la concentración de los residuos sólidos y su ubicación frente al vagón de vientos, es muy fácil que lleguen a las zonas residenciales, las cuales están muy cerca del relleno sanitario”, señala el escrito de acusación.