Contrario a lo que había advertido el fiscal general Francisco Barbosa, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, admitió en la noche de este martes que el Gobierno sí negociará con narcotraficantes.
“Si usted se sienta a hablar con el Clan del Golfo, ¿con quién está hablando? Usted está hablando con una gente que agencia violencia, pero al mismo tiempo tiene como mecanismo de financiación el narcotráfico, usted está hablando con narcotraficantes”, manifestó Velasco.
El ministro del Interior, en diálogo con CM&, pidió no ponerle “eufemismos a las cosas”.
“Cuando usted va a hacer una negociación con las bacrim, las bacrim en Colombia se financian con el narcotráfico”, indicó Velasco.
El alto funcionario del Gobierno de Gustavo Petro fue claro en indicar que, como ocurre en todo proceso de diálogo de este tipo, “hay que negociar con las personas que están al margen de la ley”.
Lo dicho por el ministro va en contravía del pedido que había hecho hace algunas semanas el fiscal Francisco Barbosa, quien había hecho un llamado a no negociar con narcotraficantes.
Barbosa aseguró que la situación es bastante delicada en el país, que hay zonas donde el orden público tiene azotada a la comunidad, incluso confinadas a más de 250.000 personas, por ejemplo en el Caucasia, por cuenta de un paro minero que se sabe está promovido por la organización criminal del Clan del Golfo.
“No se puede negociar con narcos, primero no negociaciones de esa manera y no confundamos paz con narcotráfico. Las críticas que me han hecho han sido críticas que tienen que ver necesariamente con que básicamente están metiendo en la ‘paz total’ al narcotráfico. Les pido a los colombianos que me dividan eso de una vez y que ubiquen las discusiones donde tienen que ser”, puntualizó el fiscal.
Para el jefe del ente acusador, incluir a ese tipo de organizaciones criminales, que constantemente se han dedicado al narcotráfico y que tienen tan atemorizada a la población, se puede convertir en un “error histórico” para el país, de ahí que insistió que narcotraficantes como Pablo Escobar estarían felices con estas propuestas del Gobierno.
Esta posición del fiscal también la compartió en marzo pasado el expresidente del Congreso y uno de los principales operadores políticos del Gobierno Petro, Roy Barreras, quien mostró su preocupación por los rumores relacionados con supuestos cobros a narcotraficantes para ser incluidos en la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro.
Por esa razón, pidió al presidente de los colombianos frenar toda posibilidad de que haya personas que se lucren de la paz y le lanzó una petición directamente.
“Pido suspender el diálogo de negociación oficial o extraoficial con los narcotraficantes, hay que tener claro que no son necesarias”, dijo Barreras.
El expresidente del Congreso argumentó que desde hace un tiempo viene advirtiendo sobre intermediaciones de mala fe que estarían buscando lucrarse con la ‘paz total’.
“Los narcos no pueden ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hay una ley de sometimiento en trámite, cuando se apruebe los narcotraficantes podrán someterse a la justicia”, reiteró el congresista.
Según Barreras, el propósito del presidente Gustavo Petro de lograr la paz en Colombia podría verse afectada por cuenta de esos acercamientos con grupos narcotraficantes. Para él, con la ley de sometimiento quedarán claras las reglas de juego para que estas organizaciones se sometan a la justicia.
“Habrá desmantelamiento de organizaciones criminales en la ley. Están haciendo daño a la paz y el Gobierno debe concentrarse en los diálogos con el ELN y las insurgencia”, expresó Barreras.