Las horas prácticamente estaban contadas para el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López, por el escándalo de los carrotanques y denuncias de corrupción que estaban rondando ese proyecto cada día con más fuerza.
Este jueves 29, se conoció que López envió su carta de renuncia al cargo al presidente de la República Gustavo Petro, en la cual advierte que su dimisión al Gobierno nacional es irrevocable.
“De antemano agradezco el gesto de confianza que tuvo usted desde su dignidad para con este servidor en acompañarlo en el proyecto de transformación del Estado que preside”, dice uno de los apartes de la carta.
Y señaló: “He tomado la decisión de presentar renuncia irrevocable a mi cargo, para que los cuestionamientos que hoy enfrento no enloden las banderas anticorrupción que este proyecto político empuña”.
“Tengo la plena certeza y la convicción que demostraré con creces mi actuar transparente, en cada una de las acciones. Quizás mi falta de experiencia en lo público fue mi gran debilidad, pero no así la capacidad de restablecer derechos a los damnificados y llevar esperanza de vida a los niños wayuu, con el agua en La Guajira”, expresa la misiva.
También indica: “Que llegara el agua a la etnia indígena más grande de Colombia, los wayuu, y la esperanza del retorno de los 254 mil campesinos y campesinas, sujeto de derechos, que se vieron beneficiados con tierras fértiles para cultivar en la zona de La Mojana debido al corte de flujo de agua del río Cauca a la altura de Caregato; los llevaré siempre en mi corazón”.
Así se habrían confabulado empresas que cotizaron carrotanques para vendérselos con sobrecostos a la UNGRD. Estos son los nexos
La Secretaría de Transparencia, encabezada por Andrés Idárraga, denunciará penalmente a Olmedo López, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por el escándalo de la compra de carrotanques para el transporte de agua en La Guajira.
Dentro de la evidencia, el Gobierno nacional asegura tener indicios de que hubo una confabulación entre las empresas consultadas para el estudio de mercado.
En primer lugar, muestran la orden de proveeduría celebrada entre la UNGRD y la empresa Impoamericana Roger S.A.S. Antes de la suscripción, se decidió invitar a tres proveedores para presentar cotizaciones.
Este trabajo estuvo a cargo de la Subdirección de Manejo de Desastres, que hizo el estudio de mercado con tres empresas, para determinar el promedio de precio de los vehículos requeridos. Las invitadas fueron Impoamericana Roger S.A.S, Luket S.A.S y Brand S.A.S.
Al revisar los expedientes de las tres empresas en las respectivas cámaras de comercio, la Secretaría de Transparencia pudo establecer varios nexos entre ellas.
En primer lugar, Sandra Liliana Brand intervino como secretaria ‘ad hoc’ en varias asambleas celebradas por Luket S.A.S, en los años 2015 y 2016.
Una trabajadora llamada Ana Isabel Palacios Ortiz, según estableció la Secretaría de Transparencia, estuvo vinculada a las tres empresas. En Luket es la autorizada para realizar trámites ante la Cámara de Comercio de Pasto, firmando como secretaria ad hoc en un acta de asamblea. Para Brand, fue secretaria ad hoc de varias asambleas y, en Impoamericana, Roger es contadora.
Luis Eduardo López Rosero, representante legal de Luket S.A.S., firmó estados financieros de Impoamericana Roger S.A.S., que también fueron validados por Ana Isabel Palacios. Luego, Roger Pastas, representante legal de la firma que suscribió el contrato con la UNGRD, solicitó la corrección de la Cámara de Comercio de Cúcuta, diciendo que se trató de “un error”.
Frente a todo esto, la Secretaría de Transparencia intuye: “En efecto, pudo haber pasado si la contadora trabajó el mismo formato para las dos empresas y olvidó modificar el nombre del representante. No obstante, es claro que existe un vínculo entre las dos empresas y su personal”.
Al mismo tiempo, José Alberto Sotelo Paz fungió como revisor fiscal tanto de Luket S.A.S. como de Brand S.A.S.
Además, Luis Eduardo López Rosero fue representante legal de RML Constructora S.A.S. y Proyectos RML S.A.S., empresa en la que Luket S.A.S. es accionista. El representante legal suplente de la última empresa es Roger Alexander Pastas y Jorge Alberto Sotelo también fue revisor fiscal de esta en 2018.
Entre los hallazgos, la Secretaría de Transparencia encontró que las empresas tienen códigos de descripción de actividades económicas comunes, con objetos sociales casi idénticos.
Además, la Secretaría de Transparencia logró establecer que Sandra Liliana Brand es esposa de López Rosero, el representante legal de Luket.
En entrevista con SEMANA, el secretario de Transparencia sostuvo los indicios que deja el análisis de las empresas.
“Si usted tiene cinco empresas y tiene una cotización a las cinco empresas, pues es muy posible que, en el marco de lo que se podría determinar como una violación a la competencia, se hubieran podido establecer unos precios artificialmente para poder quedarse con unos mejores valores para la adquisición, en este caso, de los carrotanques. En la práctica, habrían subido los valores en una cotización”, manifestó.