SEMANA conoció que el Partido Liberal se podría apartar de la reforma laboral del Gobierno Petro. Son claras las posiciones en contra de la iniciativa por parte del presidente de la colectividad, el expresidente César Gaviria.
En las últimas horas, el ponente en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Héctor Chaparro, tuvo diferencias con María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, porque considera que dejaron la discusión a mitad de camino y faltan artículos para concertar.
Carrascal anunció que este martes 16 de mayo presentaría la ponencia en horas de la mañana y eso generó malestar en las filas del liberalismo. Chaparro no firmará y, por tanto, se entiende que el Partido Liberal por ahora no respalda esa reforma.
Eso generó que el Gobierno actuara rápidamente y por eso se convocó a una reunión liderada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Se anunció además que la ponencia ahora será radicada a las 2 p. m.
Los liberales esperan que se convoque a una bancada del partido para conocer la posición oficial, que según los lineamientos del expresidente Gaviria podría estar encaminada a rechazar la propuesta.
De todas maneras ya se ha evidenciado que algunos congresistas, más allá de las decisiones del partido, han respaldado las propuestas del Gobierno, como sucedió con la reforma de salud.
La decisión del liberalismo será fundamental para saber si el Gobierno cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante la iniciativa.
Con respecto al proyecto, tiene un resumen de 245 páginas que recoge el articulado y lo discutido por lo ponentes que hicieron ajustes a la propuesta presentada originalmente por el Gobierno. Allí se habían destacado temas como el pago de horas extras, contratos de prestación de servicios, definición de jornada diurna y nocturna, indemnizaciones más onerosas para desestimular los despidos en las empresas, entre otras.
La ponencia para primer debate conserva la estructura original y plantea una transformación del Estatuto del Trabajo. Todos los sectores han reconocido que no se hizo con la intención de promover la generación de empleo, sino mejorar las condiciones de los empleados que están en el mercado laboral formal, críticas que han sido hechas por diferentes gremios y analistas.
María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico y coordinadora ponente de la reforma, señaló que la ponencia ya tiene 39 artículos totalmente acordados, mientras que otros 38 puntos permanecen abiertos para el debate. Igualmente, hay dos propuestas de artículos que están “casi cerrados”, según la congresista.
Uno de los cambios sustanciales es sobre los dominicales. En la ponencia se establece que será el mismo porcentaje para todos los días de descanso. “El trabajo en día de descanso obligatorio, o días de fiesta se remunera con un recargo del ciento (100 %) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa”, propone la ponencia.
Otro de los puntos álgidos es con relación a los trabajadores de plataformas. En la ponencia se habla de que “se dispone la obligación de vincularlos mediante contrato de trabajo con todos los derechos y garantías, prohibiendo el pacto de exclusividad, transitando hacia la formalización de este tipo de actividades. Para cumplir este fin se estipula un contrato laboral especial que responda a las características del sector”.
Eso ha generado la preocupación de presentantes de ese sector, quienes han alertado que se podrían perder empleos. “Hoy en Colombia hay cerca de 120.000 repartidores, personas que el último mes entregaron al menos un pedido y generaron ingresos con eso. De esos 120.000, por lo menos 80.000 se quedarían sin el trabajo, sin esa fuente de ingresos, como consecuencia de la reforma laboral. Entonces ahí pensar en que en un país como Colombia 80.000 personas se van a quedar sin trabajo en medio de esta situación social, en medio de la precariedad en las medidas de alguna manera asistenciales ante el desempleo que hay en el país, creo que eso en sí solo debería encender todas las alertas”, aseguró el presidente de Alianza In, José Daniel López.