Cuando finalizaba el tiempo para cumplir la orden del fallo del Consejo de Estado, para que el presidente Gustavo Petro cumpliera con la retractación por señalamientos en contra del hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, por supuestos malos manejos financieros en la Nueva EPS, se conoció una acción por parte de la Casa de Nariño.
En ese sentido, la Presidencia de la República tomó la determinación de impugnar el fallo de retractación elevada por el alto tribunal, argumentando que no se violó el buen nombre y la honra de Enrique Vargas Lleras.
Dice la Casa de Nariño: “El presidente de la República ratifica los argumentos presentados y adiciona los siguientes, para que sea revocada la sentencia de primera instancia y en su lugar se niegue el amparo al los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del accionante, Enrique Vargas Lleras”.
“El presidente de la República no individualizó al accionante en las publicaciones del 28 y 31 de mayo, 4 de junio de 2024 y la alocución del 6 de junio de 2024. La conclusión del a quo omitió el carácter de última ratio que poseen las limitaciones a la libertad de expresión”, se desprende del documento.
Y expresa la Casa de Nariño: “Las declaraciones del presidente de la República sí se ciñeron a las exigencias del denominado poder-deber que analizó el a quo y que rigen los discursos o intervenciones públicas. En el presente caso, no se analizaron de manera conjunta las publicaciones del 28 y 31 de mayo, 4 de junio de 2024 y la alocución del 6 de junio de 2024 con la respuesta entregada por la Jefatura de Despacho del 8 de julio de 2024″.
“Un análisis conjunto evidencia que solo se señaló la existencia de unos hallazgos preliminares en el informe preliminar del agente interventor en la nueva EPS, pero no se imputó un delito concreto, ni se realizó un juicio de responsabilidad penal como concluyó el fallo de primera instancia”, dice el documento.
Entre tanto, y en medio de las tensiones que existen entre las altas cortes y el presidente Gustavo Petro, el Consejo de Estado le ordenó retractarse y presentar excusas públicas a Enrique Vargas Lleras por las fuertes críticas que hizo sobre el manejo financiero de la Nueva EPS.
En ese sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado aseguró: “El señor presidente no se limitó a expresar opiniones en el contexto de un debate político ni a informar a la opinión pública que se estaba adelantando una investigación por presuntas irregularidades en la citada entidad. En estas comunicaciones se imputó concretamente la existencia de un desfalco millonario, por el que debía responder la familia Vargas Lleras”.
También detalló: “En ellas se expresó que, aunque el Estado giró los recursos necesarios para ello, los miembros de la familia Vargas Lleras escondieron y no pagaron facturas por $ 5,5 billones, hicieron gastos billonarios innecesarios, negocios particulares y financiaron a un partido político y, que lo anterior, de acuerdo con lo informado por el señor presidente, llevó a la bancarrota a la citada EPS”.
El lío jurídico empezó luego de que el presidente Petro, el pasado 31 de mayo, a través de su cuenta de X, saliera a atacar a la familia Vargas Lleras, argumentando que estaban dentro de los interesados en defender el sistema de salud “mercantil”, mientras atacaban el modelo que su gobierno proponía.
“En la Nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5,5 billones [de pesos] en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. Mientras el desfalco a la salud aumentó billonariamente, quieren tapar el hueco con el dinero público, mientras ahogan las finanzas del gobierno y hunden la reforma a la salud”, dijo en ese momento el presidente Petro.