Mientras el presidente Gustavo Petro firmó este fin de semana el polémico decreto que, jurídicamente, les permitirá a algunos de los miembros de la primera línea salir de las cárceles y convertirse en gestores de paz, la Policía empezó a retirar de su institución a los uniformados que estuvieron involucrados en hechos producidos en medio de la protesta de 2021.

SEMANA conoció que ya se produjeron las dos primeras decisiones en contra de igual número de uniformados. Una de ellas se profirió mediante la resolución 345 expedida el 10 de diciembre de 2022 por el coronel Edwin Alexander Vargas, comandante de la Policía de La Guajira. Él, según se lee en el oficio, “ordenó retirar del servicio activo de la policía, por voluntad de la Dirección General de la Policía, al señor patrullero Abberson de Jesús Acosta”.

La razón, según se observa en el documento, obedece a “que la institución perdió la confianza y credibilidad del funcionario”.

Acosta está comprometido con los hechos en los que resultó muerto Alejandro Zapata en las revueltas que protagonizó la primera línea en el sector de Banderas en Bogotá en mayo de 2021. Este joven se convirtió en el primer fallecido en medio de las protestas, un tema que aún no termina por esclarecer la justicia.

Por esto, en diálogo con esta revista, el patrullero Abberson de Jesús Acosta no entiende por qué si no hay un fallo judicial en el que lo condenen o lo responsabilicen de la muerte de Zapata, la institución, sin dar mayor explicación, lo apartó definitivamente del cargo después de llevar 11 años en la Policía “con una hoja de vida intachable”.

“Yo no maté a ese ciudadano”, aclaró el funcionario a SEMANA, quien dijo que tenía audiencia penal la semana anterior, pero fue aplazada. Él está imputado por homicidio, pero no condenado porque aún no se tienen la totalidad de las pruebas porque en la escena de la muerte habían varios ciudadanos, entre ellos, la primera línea.

La Policía dijo en su resolución que él desobedeció no solo estos compromisos y obligaciones, “sino que también quebrantó el juramento realizado cuando se graduó como patrullero en el cual prometió sostener, guardar y defender la Constitución y las leyes, cumplir fielmente los deberes que el grado y cargo le confieren (…)”.

“El señor Abberson de Jesús Acosta, con su comportamiento, se apartó por completo del marco legal que rige el actual de la institución, lo cual incide de manera negativa en el servicio público encomendado a la Policía, supuestos que permiten concluir que existen elementos suficientes para colegir que carece de la confianza de la que debe ser depositario un funcionario de la policía”.

Además, confirman que los miembros de una junta de la Policía que dictaminó el comportamiento del uniformado “concluyen que sus conductas son objeto de reproche social e institucional, máxime si se tiene en cuenta que la institución requiere contar con personal de unas características éticas y morales intachables”, se lee.

El otro uniformado es Néstor Samuel Pacheco Niño, a quien le llegó la notificación el 10 de diciembre de 2022 firmada por el patrullero Edwin Andrés García Sánchez, responsable de las notificaciones de retiro de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con la citación para la notificación personal que tiene en su poder SEMANA, le solicitaron que se presentara con su apoderado en la ventanilla de retiros del Grupo de Talento Humano de la Policía Metropolitana de Bogotá “con el propósito de notificarle el contenido de la Resolución 04550 del 9 de diciembre de 2022 por la cual se retira del servicio activo a un patrullero de la Policía”.

En su caso, el documento lo firmó el general Henry Armando Sanabria, el director general de la Policía.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se mostró preocupada y dijo que la orden, según le han informado, proviene directamente del ministro de Defensa, Iván Velásquez. “¿En qué va a terminar esto? Vamos a quedar a merced de la primera línea”, concluyó Cabal.