El Gobierno confirmó la primicia de SEMANA sobre la designación de los siete primeros voceros de paz, quienes recobrarán su libertad en medio de la política macro de la ‘paz total’. Los jóvenes deberán realizar un diplomado sobre paz.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, reveló que luego de estudiar minuciosamente los casos de los más de 200 jóvenes detenidos que protagonizaron desmanes en el pasado Paro Nacional de 2021 que puso en jaque al comercio, se decantó una lista de siete, que se trata de dos mujeres y cinco hombres.
“Se hizo un análisis de las labores útiles de líderes sociales o personas que puedan ayudar a la paz del barrio, desescalamiento de la violencia que existe en varias regiones del país, personas privadas de la libertad, hacían parte de organizaciones humanitarias, restablecer la convivencia armónica, no hacen parte de conflicto armado, una vez que teníamos claros esos parámetros analizamos más de 200 perfiles de personas detenidas por la protesta social, verificamos que hicieran parte de acción comunal u organización social y le recomendamos al presidente a siete personas”, sostuvo Osuna.
Los nuevos voceros de paz que saldrán de prisión son:
Arles Andrés Bolaños Zemanate
Adriana Esperanza Bermeo Súa
Santiago Márquez Charris
Laura Camila Ramírez Enciso
Juan Sebastián Galeano Correa
Álvaro Andrés Duque Ruiz
Bremmen Hinestroza
“Cinco de ellos se encuentran en establecimientos de reclusión carcelaria y dos, en detención domiciliaria. Estos siete jóvenes han sido reconocidos por su liderazgo social y su trabajo comunitario. Dos se encuentran en Bogotá, dos en Medellín, dos en Popayán y uno en Cali”, explicó el Gobierno nacional.
Sumado a ello, de acuerdo con lo que manifestó Osuna, los jóvenes han manifestado a través de sus apoderados la voluntad de ejercer su rol como voceros de paz. “Una vez sean designados en tal rol, se comprometen, además de la declaración de su lugar de residencia, a comenzar una ruta de acompañamiento”, explicó el funcionario del gabinete del presidente Petro.
Los jóvenes que saldrán de la cárcel recibirán atención psicosocial, deberán rendir informes mensuales ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, certificar la realización de un diplomado virtual con la Universidad del Valle en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos, podrán trabajar o estudiar si así lo desean, la designación no suspende o pone fin en ningún caso a los procesos judiciales y tendrán que responder a las autoridades competentes. “No se trata de una amnistía o un indulto”, sentenció la Casa de Nariño.
También dejó claro el Gobierno nacional del Pacto Histórico: “Las personas que ingresen al programa de Voceros de Paz tendrán la responsabilidad de acompañar y apoyar programas relacionados con el desescalamiento de la conflictividad social, la reconciliación de los colombianos y la construcción de la Paz Total. Para ello, harán parte de proyectos de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (en apoyo a la temporada de lluvias, ollas comunitarias y entrega de ayuda humanitaria); Unidad para las Víctimas; el Sistema de Diálogo y Convivencia del Ministerio del Interior; el Grupo de Trabajo e Inclusión del Ministerio del Trabajo, entre otros. Las entidades y voceros que estén en el programa tienen la responsabilidad de rendir un informe mensual de sus actividades”.
Las líneas rojas del fiscal general con la primera línea
El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, al término de una reunión de alto nivel que sostuvo con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, defendió a capa y espada las líneas rojas para la liberación de la primera línea como voceros de paz del Gobierno nacional.
Barbosa reveló que se definió en el encuentro con el mandatario colombiano que duró más de una hora en el Palacio de Nariño, que los jueces de la República y no el presidente tendrán la última palabra para evaluar la liberación de integrantes de la primera línea que se encuentran en diferentes cárceles.
“Primero, la función de la Fiscalía General de la Nación es una función que tomó todas las decisiones que se tomaron y que se tomaron con fundamento en la constitución y la ley y son los jueces quienes otorgaron las medidas de aseguramiento determinadas por la Fiscalía, para nosotros existen unos límites”, sostuvo Barbosa.
Y agregó en su declaración en la Casa de Nariño: “Yo he venido diciendo que personas condenadas, personas que cometieron delitos graves o que tuvieron que ver con episodios de violencia, homicidios, secuestros y torturas, son personas que no podrían estar vinculadas como voceros”.
“Da muchísima tranquilidad de que sean los jueces en el marco de su autonomía judicial y de los casos concretos quienes tomen las decisiones finales que van a hacer sugeridas por el comité intersectorial que se creó con el decreto 2422″, anotó Barbosa.