En medio de la polémica por los supuestos abusos sexuales a algunas menores de edad indígenas en el Guaviare, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) enfrenta otra controversia más: las denuncias por presunto clientelismo en la contratación en el interior de la entidad.
Hace algunas semanas, la presidenta nacional del sindicato del ICBF, Ana María Arévalo, le dijo a SEMANA que la entidad estaba en mora de vincular 6.148 trabajadores a través de contratos de prestación de servicios, de los cuales no se conocían avances en ese momento.
“Son unos trabajadores que desarrollan funciones misionales y tienen perfiles como trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, técnicos administrativos y financieros y abogados que cumplen sus funciones en las defensorías de familia y equipos de supervisión de los contratos y que, por supuesto, son una necesidad para la prestación del servicio y la continuidad en los procesos en la entidad”, afirmó la funcionaria.
Según ella, “desde el mes de octubre hemos solicitado a esta administración que se realicen todos los procesos precontractuales que son necesarios, porque es un número muy alto de contratistas, para que se pudiera dar la continuidad de tal manera que no se interrumpa el servicio”.
“Infortunadamente, al día de hoy no tenemos conocimiento de que ya se haya iniciado la contratación del personal y esto, obviamente, interfiere la prestación del servicio de los centros zonales, regionales y de la misma sede de la dirección general”, afirmó Arévalo, quien agregó que Concha Baracaldo, directora del ICBF, es la persona que “debe estar pendiente de este proceso”.
Pocas horas después de esta denuncia, el director general encargado del Instituto, Álvaro González, anunció que se adelanta un plan especial para garantizar el proceso de vinculación de los diferentes contratistas que apoyan la gestión de los diferentes servicios de Bienestar Familiar.
Según explicó González, los procesos de contratación están englobados en trámites más generales que involucran otras entidades, y el ICBF, al igual que otros entes oficiales, estaba a la espera de algunas “claridades” en los proceso de contratación en el interior del Estado.
Supera esto “y de acuerdo a las necesidades del servicio público de Bienestar se han iniciado las acciones pertinentes para contar con la capacidad institucional para la atención a la población más vulnerable del país”, sostuvo el funcionario, encargado en ese momento de las funciones de la titular, Concha Baracaldo. Esto se traduce en que, según el ICBF, ya se inició el proceso de contratación de estos 6.148 trabajadores mediante la figura de contratos de prestación de servicios.
Sin embargo, SEMANA conoció que en el proceso de contratación en algunos departamentos de la costa caribe se estarían dando hechos de clientelismo que beneficiarían a un excongresista cercano a la primera dama, Verónica Alcocer.
De acuerdo con lo que conoció esta revista, una mujer llamada Verónica Valencia, quien trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exsenador Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, estaría recogiendo hojas de vida en algunas partes de esta región para dar contratos en el ICBF.
Verónica Valencia, a su vez, también estaría camino de ser nombrada asesora de la dirección del Instituto que encabeza Concha Baracaldo y hasta hace algunas semanas habría estado en el equipo de la senadora Ana María Castañeda, esposa de Mario Fernández Alcocer.
Hace algunas semanas, la misma Concha Baracaldo admitió que quien la llamó para ofrecerle el puesto de directora del ICBF fue la primera dama, Verónica Alcocer, prima del exsenador Mario Fernández Alcocer, quien está relacionado con esta denuncia de presunto clientelismo en la contratación en el Bienestar Familiar.
ICBF sigue sin responder por supuestos abusos en el Guaviare
La denuncia conocida por SEMANA sobre supuesto clientelismo en la contratación se da en momentos en los cuales el ICBF sigue sin responder por los presuntos abusos sexuales a menores de edad indígenas en el Guaviare y que han sido denunciados en diferentes medios de comunicación.
Según un trabajo periodístico de la cadena de televisión Univisión, niñas de las comunidades Nukak Makú y Jiw estarían siendo víctimas de aprovechamiento sexual por parte de militares y civiles en este departamento, los cuales les estarían dando comida y unos pocos pesos.
Las críticas al ICBF crecieron a raíz de un video que circula en redes sociales y que hace parte de un trabajo periodístico de Univisión. En el video se ve al director del ICBF en el Guaviare, Joaquín Mendieta, admitiendo que las denuncias por supuestas violaciones a menores es la principal problemática “que tenemos con nuestras comunidades indígenas”, en especial con los Nukak y los niños indígenas Jiw.
“En estos momentos no son tan preocupantes, pero sí se reciben casos que tienen que ver con este tema”, afirmó Mendieta en el reportaje. Y agregó que las denuncias en este sentido se reciben “cuatro veces por semana, aproximadamente”.
SEMANA estuvo consultando en el ICBF por este tipo de casos y fuentes del Instituto afirmaron que estarían preparando un pronunciamiento sobre el tema, pero también advirtieron que su función principal no es responder por temas de coyuntura.