En el Congreso de la República está siendo socializada una reforma constitucional que otorgaría al presidente Gustavo Petro ‘superpoderes’ para otorgar perdón total a los criminales del país, siempre y cuando no hayan cometido delitos de lesa humanidad.
Aunque dicha iniciativa no tendría futuro alguno, en el Legislativo están bajo alerta porque el texto está listo para su radicación y se desconoce qué hay detrás de dicho articulado.
Para el gobierno del presidente Petro la política de ‘paz total’ es fundamental, por lo que muchos han asociado esta reforma con la posibilidad de avanzar en los diálogos con la Segunda Marquetalia y otros grupos criminales.
Se trata de una reforma constitucional con la cual el presidente Petro podría decretar la “caducidad o extinción de la acción penal” a delincuentes, incluso los que hayan cometido hechos de corrupción, con excepción de aquellos casos sobre delitos de lesa humanidad. Lo curioso es que quien impulsa la reforma, el exsecretario Luis Fernando Rosas, fue condenado en su momento por corrupción.
Por esa razón, la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano prendió las alarmas y dijo que es bastante irónico que la socialización de esta iniciativa se esté haciendo justo en la conmemoración del día de las víctimas.
“El presidente de la República podrá otorgar perdón (caducidad- extinción de la acción penal) judicial en los casos en que este beneficio contribuya de modo fehaciente a los fines de la política de paz total, porque las circunstancias que rodearon los hechos que motivaron las investigaciones, sanciones o sentencias judiciales condenatorias se hallaron incluidas directa o indirectamente por política de Estado, el conflicto armado interno, así como por el ambiente de pugnacidad generado por este. En el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, dice un fragmento del articulado.
En ese sentido, explica la reforma, el perdón total de Petro anularía las condenas y las sanciones judiciales que se estén adelantando en contra de los criminales. “Si así lo considera, el presidente de la República podrá, con base en sus facultades legales y reglamentarias, solicitar a la Jurisdicción Especial para la Paz la apertura de un nuevo macrocaso para establecer que dentro de una política de Estado se vulneraron los derechos de actores políticos y ciudadanos que tienen derecho a la verdad, la reparación y la no repetición, ya que fueron judicializados por decisiones políticas y jurisdiccionales erróneas y por la falta de separación real de los poderes públicos en Colombia”, dice el texto.
Además, no cabe duda de que la reforma únicamente tiene la intención de que sea aplicada por el presidente Gustavo Petro, ya que tendría una validez de dos años y se podría desarrollar sin control de otra rama del Poder Público.
La propuesta plantea que el presidente Petro pueda crear un equipo jurídico que analice los casos judiciales por errores jurisdiccionales, y por la “instrumentalización de la justicia politizada”.
Por ahora, no se tiene claro cuándo se haría la radicación del acto legislativo y únicamente se está socializando en las diferentes bancadas donde la iniciativa no ha caído para nada bien al considerar que ese tipo de facultades no se le pueden otorgar al presidente Petro.