Siete integrantes de la primera línea serán liberados en las próximas horas y serán designados voceros de paz. Se trata de cinco personas detenidas y dos que tienen casa por cárcel.
Dos son de Medellín, uno de Cali, dos del Cauca y dos más de Bogotá.
SEMANA conoció que el decreto se firmó en la noche de este jueves 15 diciembre, justo cuando el presidente Gustavo Petro se reunió a puerta cerrada con el fiscal general, Francisco Barbosa, para analizar el alcance jurídico de su propuesta.
El presidente cumplió lo que había prometido desde el 19 de junio pasado cuando resultó ganador de las elecciones presidenciales, un tema en el que volvió a insistir hace dos semanas cuando dijo que los jóvenes de la primera línea merecían pasar Navidad con sus familias.
Ocurrió en el marco del diálogo con presidentes de juntas de acción comunal, que se realizó en Pasto, donde el mandatario confirmó que “centenares de jóvenes que fueron detenidos en las protestas en las que se registraron desmanes en diferentes departamentos de Colombia, serán liberados antes de la Nochebuena”.
“Tienen derecho a pasar Navidad con sus familias”, añadió el líder del Pacto Histórico en un evento público.
Ese día, Petro comparó lo sucedido con estos polémicos jóvenes con lo ocurrido en la dictadura en Chile, cuando mataron a decenas de jóvenes en los estadios tras el fallecimiento de Allende. “En un estadio así como este, frío y oscuro, mataron a Víctor Jara y decenas de jóvenes”.
Horas después de su declaración, la Casa de Nariño trabajó un decreto presidencial con el que el líder progresista oficializaba su promesa de campaña.
Es el Decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022. Y establece, entre otras, la creación de una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Dapre.
Dicha comisión, entre sus funciones, tendrá que “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos(as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, según el documento oficial.
El decreto fue firmado por el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la viceministra de Justicia, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán, y el director del Dapre, Mauricio Lizcano.
Está claro que los integrantes de la primera línea seguirán siendo investigados, es decir, el hecho de convertirse en gestores de paz les permite estar en libertad, pero no que se les archive sus investigaciones. Sin embargo, aún no se conoce cómo se garantizará que no reincidan en sus delitos o burlen el control de las autoridades.
De momento no está claro qué papel asumirá Gustavo Petro si uno de los jueces, posiblemente, se niegue a aceptar su decisión de liberar a un integrante de la primera línea. Al fin y al cabo, los jueces son autónomos en sus decisiones.