A propósito del caso de Érika Aponte, quien fue víctima de feminicidio este domingo 14 de mayo en Bogotá, el Congreso de la República aprobó hace 15 días por primera vez en su historia la declaratoria de emergencia por violencia de género.
La iniciativa, que está a solo una firma, la del presidente Gustavo Petro, de entrar en vigencia, permitirá darles más herramientas y armas legales a las autoridades y a la rama judicial para que enfrenten con más dientes esta problemática.
Esta iniciativa, que recién entró como un artículo nuevo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), ya fue aprobada en el pleno del Congreso. Los legisladores decidieron apoyarla con 71 votos a favor en Senado y 114 en la Cámara.
No obstante, como el Plan Nacional de Desarrollo aún está en revisión de la oficina jurídica de la Presidencia, el primer mandatario aún no lo ha podido sancionar; por lo tanto, aún no se puede poner en marcha la declaratoria de emergencia por violencia de género.
Esta declaratoria se dio luego de que, el pasado 26 de enero, la periodista y presentadora de noticias Ana María Vélez, en la emisión de Cablenoticias, diera su testimonio sobre los abusos y actos violentos que sufrió por parte de una expareja.
Al punto que, según relató, está viva de milagro. En su declaración le pedía al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que declarara la emergencia por violencia basada en género.
Luego, a través de Change.org y por medio de una petición con el #SOSMujeresColombia, se recogieron más de 16.400 firmas de ciudadanos que apoyaron esta iniciativa y que el 13 de marzo se entregaron a la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.
Semanas después, Vélez realizó una intervención en la plenaria del Senado con el fin de que los congresistas adoptarán su petición en el PND que, vale recordar, ya fue aprobado en ambas corporaciones.
El abecé del proyecto
Con esta declaratoria de emergencia se busca frenar la ola de violencia de género que actualmente vive en el país. En cifras, solo en 2022, 614 mujeres fueron asesinadas de acuerdo al Observatorio Colombiano de Feminicidios; en lo corrido del presente año, ya se han reportado ante la Fiscalía General al menos 23 víctimas más.
En cuanto a los casos de violencia no fatal contra las mujeres que llegaron a Medicina Legal en el primer trimestre de 2023, estos suman 18.294 reportes, sumada violencia interpersonal e intrafamiliar, 517 episodios más que los registrados en el mismo periodo de 2022.
Pero el dato que más prende las alarmas es que, actualmente, el 82,9 % de los casos de violencia de género aún se encuentra en etapa de investigación en la Fiscalía, mientras que solo el 0,8 % se encuentra en juicio, lo que evidencia el alto nivel de impunidad y de falta de celeridad de las autoridades para enfrentar este tipo de delitos.
Principales cinco puntos que componen el artículo
Primero, crear cuerpos élites en las fuerzas militares y de policía que cuenten con formación en violencias basadas en género para atender a las mujeres.
Asimismo, convocar al menos una vez al año un consejo de seguridad para analizar este tema. “La idea es que se tomen medidas por parte de las autoridades que en el camino no terminen revictimizando a las mujeres como viene sucediendo”, comentó la senadora Pizarro, quien además lideró este proyecto en el Congreso.
Segundo, capacitar con enfoque de género a aquellos funcionarios de la rama judicial (jueces, fiscales, comisarios de familia, entre otros) y demás entidades que tienen a su cargo la atención de mujeres víctimas de violencias, para que cuenten con procedimientos más eficaces de protección y atención de esta problemática.
Tercero, priorizar presupuestos y disponer de todos los medios administrativos para prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres, así como para fortalecer los programas gratuitos de asistencia legal y mental relacionados con este flagelo.
Cuarto, instalar, en el marco del Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, una mesa intersectorial liderada por la Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres. Esta se realizará por lo menos cuatro veces en el año, para tomar medidas inmediatas y efectivas con el fin de proteger y reaccionar de forma más oportuna ante las situaciones de violencia estructural que vive el país.
Quinto, generar acciones para diseñar y activar efectivamente las rutas y protocolos de atención independientemente de la instauración de la denuncia. En otras palabras, ya no será necesaria la denuncia de la víctima para que las autoridades puedan intervenir.
“¡Lo logramos! En el transcurso de un año deben implementarse, con obligatoriedad, estos primeros cinco puntos que contempla la declaratoria para salvar vidas, proteger a las mujeres de sus agresores y permitir una atención prioritaria, oportuna, pero sobre todo efectiva. “Ni una menos”, dice la campaña mundial y hoy con este paso, Colombia insiste en ese mismo grito”, dijo Vélez.