Mientras que el gobierno nacional habla de paz total y se empeña en enviar mensajes de buena voluntad, como el pedido de levantamiento de órdenes de captura de peligrosos líderes criminales para nombrarlos gestores de paz o la orden de cesar las operaciones contra algunos grupos disidentes, las organizaciones ilegales siguen hablando el lenguaje de la violencia: no paran las masacres, sigue el asesinato de líderes sociales, los criminales se pasean por las calles sin Dios ni ley y van en aumento delitos como el hurto y la extorsión. Así lo revelan cifras del propio Ministerio de Defensa, recopiladas y analizadas por SEMANA.
A excepción del homicidio, que tuvo un ligero descenso, la mayoría de los llamados delitos de alto impacto vienen aumentando dramáticamente desde la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Tal es el caso, por ejemplo, del secuestro. Si se compara el primer semestre de 2022, cuando aún estaba el presidente Iván Duque en el poder, y el segundo periodo del año, que corresponde en su mayoría a la administración Petro, este delito aumentó 43,6 por ciento.
La situación es aún más alarmante si se tiene en cuenta que enero de 2023 (mes hasta donde tiene reportes el Ministerio de Defensa) se convirtió en el inicio de año con más secuestros de los últimos ocho años. Situación similar ocurre con los hurtos a personas, uno de los delitos de mayor impacto y entre los que está el robo de celulares. Si se compara enero-junio y julio-diciembre del año pasado, esta conducta aumentó 22,4 por ciento.
Y si se contrastan el comienzo de este año con enero de 2022, el incremento es del 26 por ciento. La situación se repite en el caso de la extorsión, que viene aumentando aceleradamente. Si se compara solo enero de 2022 y 2023, el incremento es del 33 por ciento. A esto se suma el hecho de que, según cifras de Indepaz, este inicio de 2023 es el periodo en el que más masacres han ocurrido en los últimos cuatro años. Entre el primero de enero y el 28 de febrero de este año, el país presenció 21 masacres, 38 por ciento más que en este mismo lapso de 2022, cuando se presentaron 13 episodios. En 2021 la cifra fue de 14 y en 2020 fueron 10 casos.
Menos capturas
Este aumento en la criminalidad se ve contrastado con el cambio en la estrategia de lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico que impulsa el actual Gobierno, pero que parece estar mermando el accionar de la fuerza pública: suspensión de los bombardeos, disminución de la erradicación forzada de cultivos ilícitos y no fumigación en aéreas con glifosato. A esto se suman los preocupantes mensajes que ha venido enviando el Gobierno, como el de no respaldar a los 70 miembros del Esmad secuestrados en San Vicente del Caguán, Caquetá, o el de ordenar a la Fuerza de Tarea Omega cesar operaciones contra las disidencias de las Farc.
“A todo eso hay que sumar el hecho de que aún falta una estrategia de seguridad y defensa nacional que sea capaz de disuadir a las organizaciones armadas que no se sumen o que abandonen la paz total. Bajo esas circunstancias, aunque en teoría hay un cese al fuego con varios grupos armados, la violencia sigue e, incluso, ha aumentado en varios territorios, como Arauca, Cauca y el Chocó, así como en varias ciudades capitales, como Barranquilla y Cartagena”, explicó Fernando Trejos, investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.
Si bien todas estas decisiones se enmarcan en la llamada paz total que busca el presidente Petro, ha causado inquietud que se hagan concesiones sin siquiera haber iniciado una negociación y con una fuerza pública que parece estar quedando con las manos atadas.
Por lo menos así lo reportan cifras de la Policía Nacional, en las que se evidencia una situación paradójica: mientras que los delitos aumentaron, las capturas han bajado. Según los reportes de la institución, el país pasó de tener 108.296 capturas entre enero y junio del año pasado a 78.698 en el segundo semestre del año, una disminución del 28 por ciento. Y si se analiza el inicio de este año (enero y febrero), la situación es aún más dramática: es el periodo con menos capturas desde 2018.
El Gobierno también parece estar bajando la guardia en materia de lucha contra el narcotráfico, principal combustible de la criminalidad. Por lo menos así lo demuestran las cifras del Ministerio de Defensa. Según el reporte del propio Gobierno, las cifras de erradicación manual de cultivos ilícitos vienen cayendo en picada.
Mientras que entre enero y junio del año pasado –cuando aún estaba Iván Duque en el poder– se erradicaron 40.277 hectáreas de coca bajo esta modalidad, en el segundo semestre del año, que corresponde en su mayoría al Gobierno Petro, la cifra cayó a 27.706, es decir, 12.571 hectáreas menos, un descenso del 31 por ciento. Lo más preocupante es que el panorama para este año no parece mejorar.
Según el reporte del Ministerio de Defensa, mientras que en enero de 2021 se erradicaron 4.598 hectáreas y en el mismo mes de 2022 la cifra fue de 2.982, en enero de este año el reporte es demoledor: ni una sola, cero hectáreas erradicadas.Una situación similar ocurre con la incautación de cocaína.
Mientras que entre enero y junio del año pasado se incautaron 362 toneladas, para el segundo semestre la cifra llegó a 289,1, una caída del 20 por ciento. Tal como ocurre con las hectáreas erradicadas, el panorama se pone más preocupante cuando se analiza la incautación este año. El país pasó de incautar 61,6 toneladas de cocaína en enero de 2021 y 58,7 en el mismo mes de 2022 a apenas 40 en enero de 2023.
El panorama es aún más diciente si se analiza lo ocurrido con la heroína, una sustancia que, si bien no es el principal producto del narcotráfico, sí esconde detrás toda una estructura criminal. Colombia pasó de decomisar 101 kilos de heroína en enero de 2022 a solo 6,9 en el mismo mes de 2023.
Uno de los pocos indicadores en los que el Gobierno reporta mejores resultados en materia de lucha contra el narcotráfico es la destrucción de laboratorios de coca, que aumentó 11 por ciento comparando enero de 2022 y enero de 2023.
“Usted no desmantela esto si no es atacando las economías criminales. En el fondo, a la hora de la verdad, yo tampoco anticipo resultados positivos en ningún tema que tenga que ver con la paz total si no hay una lucha frontal contra el narcotráfico en Colombia”, le dijo a SEMANA el fiscal general, Francisco Barbosa.
De acuerdo con el jefe del ente acusador, el problema no es solo la menor incautación y erradicación, sino que no se están ejecutando las órdenes de captura. “Tenemos 3.619 órdenes de captura sin ejecutar, 71 por autoría de masacres”, advirtió el fiscal Barbosa. A esto se suma el hecho de que en el Gobierno parece haber algunos funcionarios con la intención de favorecer a toda costa a los narcotraficantes. La semana pasada, el fiscal general destapó un mico en el proyecto de humanización del sistema carcelario, en el que se incluía un beneficio para los grandes narcos.
“Hace tres o dos semanas había dos proyectos de resolución en el Consejo Nacional de Estupefacientes, uno para beneficiar el tránsito libre del cemento hacia el sur del país y zonas donde básicamente no se va a utilizar para hacer carreteras, sino para la elaboración del clorhidrato de cocaína. Al mismo tiempo, se quiere ampliar las unidades familiares para dejar que las familias puedan recoger cuatro cosechas al año de hoja de coca, la cual les produce 25 kilos anuales y les deja 70 millones de pesos. La situación es muy complicada”, manifestó Barbosa.
Mientras las comunidades siguen presenciando cada vez más masacres, desplazamiento, hurto, terror y extorsión, el Gobierno nacional parece tener a la fuerza pública con la guardia abajo, justo en momentos en los que la criminalidad está dispuesta a pegar los peores golpes.