Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se pronunció sobre las dos camionetas detenidas por el Ejército Nacional en el departamento de Arauca.
Una de ellas fue encontrada en el municipio de Tame, la cual transportaba a un secuestrado. De acuerdo con Rodríguez, esta no se encuentra registrada en la entidad.
“Había una persona esposada o amarrada y fue encontrado por las autoridades. Ese vehículo no es de la Unidad Nacional de Protección. Ese vehículo, se tiene conocimiento de que apareció el propietario y que habló de un posible abuso de confianza cometido con el vehículo”, indicó Rodríguez.
Por otro lado, el vehículo encontrado en Arauquita, que transportaba a una persona herida, presuntamente miembro de la guerrilla del ELN, no aparece en los registros de la entidad, pero no se descarta que haya sido robada a la UNP en años anteriores.
“Allí fue detenido otro vehículo. En ese vehículo había tres personas, una de ellas herida, aparentemente del ELN. Aparentemente, eso hay que certificarlo, las autoridades. En este caso, hasta el momento no hemos encontrado que el vehículo sea de la UNP, pero no descartamos que haya sido un vehículo robado anteriormente o también un vehículo quitado o robado a alguna persona del departamento”, expresó Rodríguez.
Además, dijo que en esa zona, las guerrillas y demás grupos armados roban las camionetas de los esquemas de protección de la UNP para uso propio.
En los últimos días, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra los agentes Álvaro Hernández Gil y Yecith Alejandro Sánchez Zabala, en sus condiciones de agentes escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), por haber realizado diligencias del protegido y llevar a personas ajenas a dicho esquema.
Este actuar, de acuerdo con lo que asegura el Ministerio Público, va en contra de los protocolos que regulan el uso y manejo de las medidas de prevención y protección asignadas a personas en situación de riesgo.
En repetidas ocasiones, los vehículos que se han venido asignando para la protección de personas supuestamente en riesgo se han convertido en carros que son usados para transportar droga, armas, millonarias cifras de dinero en efectivo, personas que no han sido beneficiadas con escoltas y hasta criminales o negociadores de grupos armados con el Gobierno.
Según la Procuraduría, “los investigados utilizaron el vehículo de placas IFR 763, asignado para el esquema del protegido, para hacer diligencias del beneficiario y una diligencia personal del investigado Hernández Gil. El ente de control encontró que, no es permitido transportar a personas no cobijadas con la medida de protección y tampoco movilizarse en el automóvil para hacer diligencias sin la presencia del beneficiario del programa”.
Y agrega el Ministerio Público: “Para el caso del disciplinado Sánchez Zabala se le acusa haber entregado el referido vehículo, el cual estaba bajo su responsabilidad, al escolta Hernández Gil para que este hiciera las diligencias mencionadas. De esta manera, faltó así a las reglas que le impedían destinar o movilizar el automotor para fines ajenos al esquema de protección del beneficiario”.