Una nueva crítica a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concha Baracaldo, se conoció en las ultimas horas y que está relacionada con los supuestos abusos sexuales a menores de edad indígenas en el Guaviare.
El senador por Cambio Radical David Luna, uno de los más duros críticos del gobierno del presidente Gustavo Petro en varios temas, se refirió al escándalo y señaló la supuesta responsabilidad de Baracaldo en estas denuncias.
“Presidente @petrogustavo, este es el resultado de mantener como directora del @ICBFColombia a una persona sin la mínima experiencia, que convirtió esta institución en un fortín para el amiguismo político. Nuestros niños no pueden seguir pagando las consecuencias de su terquedad”, manifestó el congresista en su cuenta de Twitter.
La crítica del congresista se dio a raíz de un video que circula en redes sociales y que hace parte de un trabajo periodístico de la cadena de televisión Univisión. Según el reportaje, algunas menores de edad de las comunidades Nukak Makú y Jiw estarían siendo abusadas sexualmente por militares y civiles en el Guaviare, los cuales les darían a cambio comida o unos pocos pesos.
En el video se ve al director del ICBF en el Guaviare, Joaquín Mendieta, afirmando que esta es la principal problemática “que tenemos con nuestras comunidades indígenas, en especial con los Nukak y los niños indígenas Jiw”.
“En estos momentos no son tan preocupantes, pero sí se reciben casos que tienen que ver con este tema”, afirmó Mendieta en el reportaje de Univisión. Y agregó que se reciben “cuatro veces por semana, aproximadamente”, denuncias en este sentido.
Ante este caso, el senador Luna afirmó: “#MeDuele los abusos de los que fueron víctimas las niñas indígenas en el Guaviare a manos de civiles y militares, y #MeDuele aún más el silencio de la directora del @ICBFColombia y del @mindefensa frente a este aberrante caso. Esto no puede quedar impune”.
¿Qué es lo que está pasando en el Guaviare?
El periodista Gerardo Reyes, quien encabezó la investigación periodística que reveló estos supuestos abusos sexuales, le contó a SEMANA que “las violaciones no solamente provienen de los militares, sino también de la población civil, la cual abusa de estas niñas a cambio de darles algún tipo de alimento, bóxer o 20.000 o 40.000 pesos. Es una combinación”.
“El caso de los militares se da porque los asentamientos indígenas están muy cerca de algunos de los batallones de la zona. Una de estas comunidades indígenas es desplazada. Es tal vez la última comunidad indígena nómada que queda, creo yo, en toda Sudamérica y perdieron el bosque, que era su principal fuente de sustento, y los niños y las familias salen a pedir limosna, porque no tienen con qué comer. Y las niñas cambian su cuerpo por una ración de comida. Hay militares y civiles involucrados”, afirmó el comunicador.
Reyes aseguró que “uno de los entrevistados nos explicó que hay dos clases de supuestos abusadores sexuales, “los cuchos blancos”, hombres mayores que se las llevan a cualquier rincón oscuro de la ciudad a cambio del equivalente de dos dólares, y los jóvenes “bien organizados” que las recogen en motocicletas”.
“Existe la creencia cultural, dentro de estas comunidades, de que las niñas después de que tienen la menstruación, ya gozan de libertad sexual y los padres no intervienen en eso. Ahí ya empieza el choque cultural, porque eso en la ley colombiana es violación, pero para ellos es libertad sexual. También nos dejó muy impresionados el hecho de hablar con el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), allí en San José del Guaviare, quien decía que sí conocía el problema, pero al momento de preguntarle sus dimensiones, no tenía idea y tenía que mirar constantemente a una de sus asistentes”, afirmó el periodista.