Cerca de una hora duró el cara a cara entre el presidente de la República Gustavo Petro y los magistrados de las altas cortes, en el cual el mandatario colombiano se comprometió a crear la jurisdicción agraria, además insistió en el aumento de la planta de jueces.
El magistrado Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, fue enfático en señalar que el incremento de los jueces, para fortalecer el trabajo contra la criminalidad, no depende de la reforma a la justicia.
“Sobre la creación de jueces el señor presidente Gustavo Petro fue muy enfático y claro desde su campaña a la Presidencia, que quiere fortalecer la rama judicial con la creación de cargos de jueces, entonces no necesitamos, ahí no hay reforma judicial, sino lo que necesitamos son recursos y eso se verá cuando el Gobierno nacional pase el presupuesto”, sostuvo el magistrado Rodríguez Guzmán.
A su turno el magistrado Fernando Castillo Cadena, presidente Corte Suprema de Justicia, señaló que la reunión con el mandatario Petro fue respetuosa y fructífera.
“Compartimos una conversación acerca de los temas que tienen que ver con el funcionamiento eficiente y efectivo de la justicia en Colombia, tuvimos una charla de cerca de 50 minutos donde expusimos algunas preocupaciones referente a los elementos que conforman la administración de justicia en Colombia”, anotó el presidente de la Corte Suprema.
El magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, presidente Consejo de Estado reveló detalles de la intención que tiene el jefe de Estado de crear una jurisdicción agraria, con jueces especializados en la materia, al señalar que el problema de la tierra no se soluciona en Bogotá.
“Quizá el aspecto más importante a resaltar es lo que hace referencia a la estructura de la justicia, el presidente se ha comprometido una vez más con las altas cortes a fortalecer la justicia para crear las jueces y aproximación del aparato judicial a las poblaciones, especialmente vigorizarla en las regiones”, anotó el magistrado.
Y agregó en su declaración en la Casa de Nariño: “Hablamos también de la creación de la jurisdicción agraria y estuvimos de acuerdo en que lo más importante de una reforma de esta naturaleza es que el problema de la tierra se solucione y que el problema de la tierra no está en la capital del país”.
Duro comunicado de la Corte Suprema de Justicia; rechaza tajantemente proyecto que busca crear Sala Anticorrupción
No fue para nada del agrado de la Corte Suprema de Justicia la propuesta que busca conformar una Sala Anticorrupción en ese alto tribunal. El proyecto, que sería radicado en el Congreso, busca que por tres años 27 magistrados investiguen este tipo de delitos, siguiendo el ejemplo de los proyectos que se han adelantado en Guatemala, y en el cual participó activamente el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez.
El alto tribunal advirtió que se opone a “cualquier tentativa” de modificar las instituciones y que “ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años han defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados”, en una referencia directa al holocausto del Palacio de Justicia, registrado entre los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
La comunicación es clara e histórica porque se trata de una de las posiciones más firmes que ha tenido el alto tribunal en un tema tan complejo.
“A miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños. Cualquier modificación legal que dignifique al servidor judicial, dotándolo de mejores herramientas institucionales para la lucha contra la corrupción, dentro de las reglas del ordenamiento constitucional de la democracia nacional, es bienvenida mientras no avasalle la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas”, señala el comunicado.
Después de conocerse la propuesta que será radicada ante el Congreso por la Fundación Paz y Reconciliación –liderada por León Valencia– y el Instituto Anticorrupción para conformar una Sala Especial Transitoria en la Corte Suprema de Justicia que investigue exclusivamente estos casos, el alto tribunal –que sería el principal afectado– aseguró que durante años se han emitido sentencias que castigan este tipo de conductas.
“En cabeza de jueces y fiscales, con el valioso aporte del Ministerio Público, la Rama Judicial ha actuado contra organizaciones criminales, permanentes u ocasionales, y delincuenciales unitarias que han defraudado los bienes públicos”. Es decir, la Sala sería improcedente y realizaría acciones que se vienen haciendo desde hace muchísimos años.
“A miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido la responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños”.
Este rechazo se suma al ya manifestado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El organismo judicial advirtió, en un escueto mensaje en su cuenta de Twitter, que se deben respetar las instituciones encargadas de administrar justicia en el país.
“El respeto a las instituciones garantiza la realización de la justicia en el Estado Social de Derecho. Destacamos la decisión del Gobierno nacional de no apoyar iniciativas que desconocen la independencia y solidez de la Rama Judicial”, señaló la Comisión.