Con pocas excepciones de congresistas que asistirán este miércoles —26 de julio— al Capitolio Nacional para radicar algunos proyectos de ley, los legisladores no sesionarán más en esta semana por la campaña política con miras a las elecciones de octubre, donde se elegirán alcaldes, gobernadores y otros cargos de elección popular.
Los nuevos presidentes de Senado, Iván Name, y de Cámara, Andrés Calle, tomaron la decisión de citar las plenarias nuevamente para el martes 1 de agosto y así dar la posibilidad a los legisladores de adelantar sus reuniones políticas donde se definirán los avales en todas las regiones del país.
Los congresistas siempre han sido criticados por los beneficios que tienen y el poco trabajo legislativo que ejecutan, por lo que nuevamente están en el ojo del huracán por las decisiones adoptadas en esta semana, sobre todo, porque la legislatura se instaló el pasado 20 de julio.
Aunque está claro que los partidos están haciendo su mayor esfuerzo para tener vocación de poder en el país, lo cierto es que el jugoso salario que reciben es para legislar y no para estar en campañas políticas.
Además, las bancadas afines al Gobierno Petro, que llegaron al legislativo criticando las prácticas que ocurren siempre en el Congreso, no han hecho crítica alguna sobre la decisión de Name y Calle.
Por ejemplo, la Comisión Primera del Senado, una de las más importantes del Legislativo, puesto que por allí pasan las reformas constitucionales, no ha elegido a la mesa directiva que ejercerá funciones en el periodo 2023-2024.
El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó un decreto que les da un considerable aumento salarial a los congresistas. Se trata de un incremento del 14,62 %, lo que equivale a más de $ 5 millones. Este aumento ha puesto aún más en el centro de las críticas a la célula legislativa, debido a su falta de eficacia para abordar la cuestión de las remuneraciones de senadores y representantes a la Cámara.
El documento expresa que, “a partir del 1 de enero de 2023, la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en catorce punto sesenta y dos por ciento (14,62 %)”.
También agrega que “las oficinas de pagaduría de la honorable Cámara de Representantes y del honorable Senado de la República expedirán la certificación detallada de los emolumentos que, en virtud del reajuste salarial fijado en el presente decreto, devenguen los miembros del Congreso para la vigencia fiscal del presente año”.
Las cifras del aumento del salario de los congresistas: los datos son sorprendentes
Un asunto que causa polémica en el país es el elevado salario de los congresistas, considerado desproporcionado frente a lo que ganan los colombianos. Para dimensionar el tema, SEMANA analizó cuánto ha aumentado año tras año la remuneración de los congresistas versus el salario mínimo, y los resultados son sorprendentes.
En 1991, cuando se promulgó la Constitución, los parlamentarios devengaban 13,8 salarios mínimos, pero el aumento hasta la actualidad ha sido tan vertiginoso que para 2022 la cifra llegó a 37,8 salarios mínimos. La situación es aún más dramática, si se analiza en términos de porcentaje: desde 1991, el salario mínimo ha aumentado 1,833 %, mientras que el sueldo de los congresistas se ha incrementado 5,200 %.
¿En qué quedó la reducción del salario de los congresistas? Esta es la última esperanza que queda
El hundimiento de los proyectos que buscan reducirles el salario a los congresistas siempre es la crónica de una muerte anunciada. Cuando no son los impedimentos o las dudas jurídicas, es la falta de tiempos, pero el resultado es el mismo: el hundimiento de las iniciativas con este propósito.
Así ocurrió el año pasado, cuando tres de los cuatro proyectos de reforma constitucional que tenían la intención de reducir el salario de los senadores y representantes se fueron hundiendo uno tras otro.
Pero lo que muy pocos esperaban era la forma épica en la que iba a terminar esta novela: el mismo día en que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto para aumentarles el salario, en diciembre del año pasado, los mismos parlamentarios hundieron el único proyecto que sobrevivía para bajarse el sueldo. Fue una jugada a dos bandas que mantuvo intactos los privilegios.
De esta manera, los senadores y representantes mantuvieron intacto su salario mensual de 37.800.000 pesos al mes y sumaron una más en la larga lista de decepciones a los colombianos.
No obstante, hace varias semanas se intentó discutir en la Comisión Primera del Senado la que tal vez es la última esperanza para quienes han pedido que los congresistas se bajen el salario.
Esta célula legislativa iba a discutir el único proyecto que quedaba vivo con este propósito. Es la última esperanza porque, a diferencia de los anteriores que se radicaron como reformas constitucionales, este usa otra fórmula: bajarlo por la vía de un proyecto ordinario. ¿Cuál es la idea?
La iniciativa, de autoría del senador de Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, buscaba eliminar la famosa prima especial de servicios de la que gozan los congresistas. Es decir, no se bajaría la remuneración de los parlamentarios directamente desde la Constitución.
El salario de los congresistas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4 de 1992, está conformado por una asignación que corresponde a un sueldo básico, los gastos de representación y una prima de localización, vivienda y transporte, actualmente prima de servicios.
La suma de estos tres componentes para 2023 es de 37.880.419 pesos, con una asignación básica de 9.159.143 pesos, gastos de representación de 16.282.926 pesos y la prima especial de servicios de $ 12.438.350.
Si hay algo que quedó muy bien amarrado en Colombia desde la misma Constitución Política fue el salario de los congresistas. El aumento anual es una obligación que establece el artículo 187 de la carta política.
“La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el contralor general de la República”, dice el artículo 187 de la Constitución.
Esa fórmula, hasta ahora, más de 30 años después, no se ha logrado cambiar, en buena medida porque la solución, aunque parezca absurdo, está en manos de los propios congresistas, quienes han creado todo tipo de jugaditas para hundir las reformas.