Sin Álvaro Leyva al frente de la Cancillería de Colombia avanza el proceso de licitación de pasaportes, un tema espinoso que llevó a la Procuraduría a suspender temporalmente al jefe de la diplomacia en Colombia, al menos, mientras avanza este proceso de contratación.
Este lunes 19 de febrero vence el plazo para que las empresas interesadas en quedarse con el millonario contrato presenten sus observaciones y reclamaciones al proceso de licitación, según reporta la página de Secop II, donde se sigue de cerca el proceso licitatorio.
Hasta el momento, la compañía Acceso Holográficos, matriculada en México, es la primera en formular los primeros reparos, entre ellos, que el pliego sigue beneficiando a la firma Thomas Greg & Sons, la misma con la que se enfrentó el presidente Gustavo Petro y que terminó dejando por fuera del cargo al canciller Álvaro Leyva. Al primer mandatario no le parece que siga ganando la firma que durante diez años se ha quedado con el llamativo contrato.
Se espera que sobre las 12:00 de la noche de este lunes estén consignadas todas las observaciones y, según los cálculos, la Cancillería de Colombia tendría 15 días de plazo para responder cada uno de los reparos.
La primera semana de marzo se publicarían los pliegos definitivos y entre abril y mayo, eventualmente, podría darse el proceso de adjudicación.
En realidad, este proceso licitatorio se está llevando con pinzas tras la decisión de la Procuraduría contra Leyva.
Recordemos que, según el organismo disciplinario, el canciller suspendido habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.
La primera, según la entidad, “al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, se lee en el boletín de prensa de la Procuraduría.
En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por, supuestamente, decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
Leyva y su equipo de abogados decidieron tutelar la decisión de la Procuraduría buscando que lo retornen al cargo.
Para la defensa del canciller, encabezada por el abogado Yefferson Dueñas, en el trámite que llevó a la suspensión del cargo se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al ejercicio de cargos públicos.
“Ese tipo de actos materializa la falta de transparencia e imparcialidad dentro de estos procesos, máxime cuando lo que se debate es una decisión que no contiene elementos objetivos, por lo que se ponen en riesgo las garantías esenciales que deben revestir a todos los procesos judiciales y administrativos”, señala la tutela.
En este sentido se asegura que la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, quien ratificó el pasado martes 7 de febrero la suspensión, incurrió en constantes prejuzgamientos en los medios de comunicación y debates académicos. Por esto, se pide dejar sin efectos la suspensión y que Leyva vuelva al cargo y afronte así el proceso disciplinario.
La Procuraduría le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que estudiará la tutela, que no prospere la solicitud por improcedente.