Los pasados 28 y 29 de julio, los congresistas del Pacto Histórico, la plataforma política que apoyó al presidente Gustavo Petro en la campaña, y el mandatario sostuvieron una reunión clave en Santa Marta, en la cual definieron una serie de proyectos de ley y de reforma constitucional que el presidente del Congreso, Roy Barreras, calificó como “prioritarios” en su trámite en el Legislativo. Y aunque algunos han avanzado, hay otros que ni siquiera se han radicado en el Capitolio.
En la mañana de ese viernes 29 de julio, Barreras, en compañía de los ministros designados de Hacienda, José Antonio Ocampo; Agricultura, Cecilia López; Ambiente, Susana Muhamad; Salud, Carolina Corcho, Educación, Alejandro Gaviria, y Cultura, Patricia Ariza, anunciaron la presentación de las iniciativas y agregaron que la idea era tenerlas aprobadas el próximo 30 de noviembre. Esta fecha es clave, pues se busca que las conciliaciones que se tengan que hacer se puedan surtir en los 16 días de sesiones ordinarias que restan del año.
Pese a las diferencias que habían sostenido en las primeras semanas después de elegido Petro, Barreras invitó a la mesa en la que realizó la rueda de prensa para hacer los anuncios al senador petrista Gustavo Bolívar, quien también dejó registrada en su cuenta de Twitter las iniciativas prioritarias.
Dentro de los proyectos que Barreras anunció están la reforma tributaria y el Presupuesto General de la Nación para el 2023, dos iniciativas que, seguramente, estarán listas a finales de octubre en el Capitolio. En estos casos se trata de la distribución de los recursos de la Nación para el próximo año y modificar algunas de sus fuentes de recaudo, es decir, los impuestos que los ciudadanos pagan.
De igual forma, Barreras anunció ese día que la otra norma que se debía tramitar de manera urgente era la llamada ley contra el hambre, la cual fue presentada por congresistas como Wilson Arias, Iván Cepeda y César Pachón, todos los Pacto Histórico, pero que no ha recibido todavía su primer debate en la Comisión Primera del Senado, donde el ponente es el senador Alexander López, aliado también de Petro.
Esta iniciativa busca crear subsidios de emergencia para combatir el hambre que padecen varios ciudadanos impactados por la pandemia.
Igual suerte corrieron otros proyectos que también tienen que ver con el sector agropecuario, como la creación de la jurisdicción agraria y el que busca que los campesinos sean sujetos de mayores derechos en el país. Ninguno ha completado su primer debate.
Otras de las iniciativas que fueron fijadas como prioritarias tampoco parece tener muchos avances, entre ellas la que busca prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos mediante la utilización de la técnica del fracking, a la cual, incluso, le surgió una contrapropuesta presentada por algunos congresistas del Centro Democrático.
Lo mismo sucede con la reforma a algunos aspectos de las regalías, radicada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el pasado 3 de octubre; y las reformas al Congreso, las cuales parecen estarse diluyendo en varios proyectos que reforma constitucional, presentados por diferentes sectores, que proponen la reducción de salarios para los congresistas y la ampliación del tiempo de sesiones ordinarias, entre otras ideas.
Una de las iniciativas que mayor polémica y expectativa generó entre diferentes sectores fue la reforma a la Policía Nacional y su traslado al Ministerio del Interior, la que ni siquiera ha sido radicada en el Congreso.
Además de la reforma tributaria y el Presupuesto Nacional, hay dos normas que también han avanzado: la reforma política, que le falta completar su segundo de ocho debates en la plenaria del Senado, previsto para este martes, y la prórroga y modificación de la Ley 418 o de orden público, clave para el desarrollo de la paz total, uno de los propósitos de gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta última completó su primer debate el lunes y le resta el paso por las plenarias de Senado y Cámara.
Una de las preocupaciones es que los tiempos para aprobar los cuatro primeros debates de las reformas constitucionales comienzan a acortarse y estas, por su naturaleza, no pueden ser tramitadas en sesiones extras. Y la otra inquietud es que el arranque del próximo año, como sucede cada cuatro años, se lo tomará, seguramente, el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual la mayoría de los congresistas quiere meter algún artículo enfocado en sus regiones.
Así las cosas, quedan un poco más de dos meses de trabajo legislativo ordinario en el cual el reto es, sin lugar a dudas, meterle el acelerador a la ambiciosa agenda legislativa que anunciaron el Pacto Histórico y Gobierno hace un poco más de dos meses.