La seguridad de Bogotá es un asunto superior a la capacidad de gestión del próximo alcalde. En las elecciones, la seguridad es el invitado de honor. Y aunque particularmente los análisis se detienen en las estadísticas, lo cuantitativo y la creación de estrategias paliativas y coyunturales, este debate reclama un análisis de fondo que responda al evidente deterioro en las condiciones generales de seguridad, sobre todo considerando que en el debate electoral actual hay tanta genialidad como ingenuidad. En estas líneas nos detendremos a presentar consideraciones estructurales de cara al nuevo alcalde mayor:
Más tecnócratas, menos ideólogos. Escuchar a los candidatos es un viaje ambivalente entre la estimulación y la frustración, particularmente cuando pierden todo norte técnico en favor de preconsideraciones ideológicas, discursos heredados, padrinazgos políticos y, particularmente, el aferrarse a ideas claramente ineficaces con tal de ser fiel a las barras bravas de sus colectividades (que oscilan entre el radicalismo y el fanatismo) colocando inamovibles “ideológicos” en la construcción de soluciones efectivas. Presenciamos exabruptos tales como la relativización de la responsabilidad del crimen, la justificación del uso de la violencia, la banalización del crimen organizado o, incluso, el amparo y la promoción de organizaciones que promueven actividades claramente delictivas. El debate sobre la seguridad en Bogotá exige análisis técnico y especializado, seguir anclados en debates político-ideológicos es insistir en el problema y retrasar soluciones efectivas.
Bogotá, región y país. Ciertamente, el problema de Bogotá no reside exclusivamente en la ciudad. Desde hace ya varias décadas, la ciudad ha absorbido los fenómenos derivados del país, que van desde la recepción de millones de desplazados políticos y económicos (conflicto armado interno, migración venezolana) hasta la absorción soterrada de negocios ilícitos del macrocrimen, al final todo llega a la capital, desde los crímenes de cuello blanco, como el crecimiento desordenado y conflictivo en las periferias económicas internas y externas de la ciudad. Y aunque los cultivos ilícitos estén en el Putumayo, sus recursos transitan por la ciudad; aunque los grupos armados organizados ilegales operen en la Orinoquia, sus negocios y operaciones de uno u otro modo recaen en la capital (compra de armas, reclutamiento, logística técnico-tecnológica), y aunque el ELN actúe de forma focalizada, sus bastiones de milicianos inciden en sindicatos y universidades para una lucha “política”.
De manera que, cualquier solución o propuesta seria, requiere acción conjunta e interinstitucional que comprenda la complejidad de los fenómenos criminales que operan en el país. Estéril iniciativa es el intentar “blindar” la ciudad cuando sus fenómenos criminales más serios provienen de las regiones y del contexto nacional. La solución no emana de construir más CAI o instalando más cámaras.
Pie de fuerza, inteligencia y astucia. Si bien hay un rezago numérico frente a los estándares internacionales del número de uniformados por cada cien mil habitantes, el problema no recae exclusivamente en tener más policías, sino en su disposición. Este refrito electoral carece de profundidad, ya que la sofisticación del crimen organizado y su evolución ya no exige a patrulleros con bolillos, sino a grupos antiterroristas, unidades especializadas contra el crimen organizado; acciones interinstitucionales coordinadas que logren desmantelar toda la cadena (raponero, comprador, comercializador, exportador, lavado de activos). Hoy el crimen, con pocas excepciones, actúa sobre sofisticadas cadenas de operación que se escamotean bajo mafias y bandas de todos los tamaños y alcances y que ha creado un mercado paralelo a casi todo el comercio legal (celulares, autopartes, infraestructura pública, drogas, armas, electrodomésticos, contrabando…). Por supuesto, al ciudadano de a pie le encantaría ver más uniformados en la calle, y sí que se necesitan, pero realmente el debate clave recae sobre la sofisticación del crimen, su evolución y globalización, y que responden al concepto teórico de los fenómenos glocales, el cual dicho sea de paso ha sido poco estudiado en Colombia.
Así mismo, es imposible obviar que la percepción de seguridad también transita por un elemento psicológico que exige que haya uniformados ubicados estratégicamente para crear una sensación de seguridad, es común ver espacios de alta aglomeración y concurrencia pública sin un solo policía, lo cual tiene un impacto subjetivo en la consolidación de espacios vacíos no regulados (teoría de las ventanas rotas).
La seguridad más allá de los bolillos y barrotes. El sistema social es muy complejo y se soporta sobre acuerdos sociales elementales, como que, vivir en sociedad es respetar las reglas so pena de ser castigado; esta simple idea configura un orden sólido, pero supremamente frágil, ya que actúa bajo el principio de la disuasión. Si la gente deja de creer en esto, aparecen los desequilibrios sociales, por eso es tan importante que funcionen todas las esferas institucionales: las que regulan, las que controlan y las que castigan. De lo contrario, la anarquía es una garantía.
Dicho esto, es fundamental reconocer que hay un problema social prevalente en el tema de la seguridad, que supera la percepción básica del orden, más policías es igual a más seguridad. Ha sido ampliamente comprobado por la literatura, que elementos como: parques, centros comunitarios, acceso efectivo a la educación de calidad, oferta de actividades artísticas, deportivas, religiosas, entre otras, son elementos que evitan el enrolamiento en el crimen. No se trata de solo dar subsidios y dinero, se trata de inversión pública estratégica que va desde parques, iluminación, vías, construcciones y vigilancia, como conjunto y no como elementos separados, es la Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental (CPTED).
Ahora bien, esto debe ir acompañado un elemento educativo muchas veces ausente en los colegios y universidades, y es que a los jóvenes, principalmente, se les debe enseñar a la vida en sociedad, al fortalecimiento de los valores y al ser críticos de su realidad, parece obvio, pero es de lo más ignorado en la actualidad, ya que, se cree que aprender a operar circuitos o escribir libros es suficiente, pero se olvida que la educación es saber cruzar la calle, pensar en el prójimo, respetar la individualidad y la propiedad privada, entre otros, y que conlleva que existan muchos jóvenes que son profesionales y a su vez completos trogloditas. Al final conviene tener menos trigonometría y poner a la gente a pensar en imperativos morales como: ¿para qué un iPhone si es robado?, ¿para qué un yate y mansión si viene de la corrupción?, ¿vale la pena ser rico a costa de la muerte? La vida social y la educación en valores y morales también son componentes activos de la seguridad.
Instituciones, instituciones, instituciones. Las personas son imperfectas, por tanto, las instituciones también lo son, y aunque hay mil y un casos de uniformados o funcionarios públicos que rompen la ley, lo cierto es que la mejor salida a los macroproblemas son las instituciones. El respeto de la ley, la autoridad y el orden es el único antídoto contra la anarquía y la desigualdad. Necesitamos que el alcalde-presidente, respete a la Policía Nacional y sus funcionarios, ya que, aunque existan cosas que reprochar, son completamente imprescindibles. Hay que trabajar mucho sobre el respeto de la ley, la autoridad, el orden y los procedimientos (las normas también deben ser racionalizadas).
Esto invita a que se supere el concepto anquilosado que las cárceles son los antídotos contra el crimen, y hasta cierto punto lo son, pero no de forma exclusiva. Muchas veces el eslabón más frágil de la cadena es el que tiene más exposición (raponeros, atracadores…), pero son también los más susceptibles de ser educados, esto implica que los barrotes pueden ser sustituidos con cursos de resocialización, trabajo y oportunidades, es decir, debe existir todo un programa de reeducación de los infractores que supere el viejo concepto de privar de la libertad (entre otras por la crisis carcelaria). Todo delincuente resocializado es un multiplicador en potencia. Ojo, los jóvenes no necesitan subsidios, sino trabajo y oportunidades, no se puede solucionar las inequidades sociales creando sociedades dependientes.
Podemos concluir que, el tema de seguridad en la capital es serio, álgido y complejo. No basta con traer más policías, instalar más cámaras o hacer megacárceles, ya que son soluciones que palean, pero no resuelven el problema. Mucho menos el pensar que la apología al crimen y el pago de subsidios para no delinquir son salidas viables, porque a largo plazo agravan el problema. La solución está en la integralidad, la inter-institucionalidad y en la combinación de esfuerzos en todas las direcciones, una solución por sí sola no abarca el problema. Más uniformados, más inteligencia operativa, más unidades contra el crimen organizado, más cooperación ciudad-región-país, más acción pública no armada en sectores vulnerables, más formación de la cultura de la no violencia, más reeducación, más empleo y, sobre todo, más integralidad en la política pública.
Adenda 1. La propuesta de crear una policía bogotana trae más problemas que soluciones y es una forma insuficiente de generar más burocracia, corrupción, sin ninguna garantía de éxito, ni qué decir del limbo jurídico, doctrinario y legal. Hacer esto solo implica mucha plata y la reproducción de un modelo restrictivo y anticuado de la seguridad.
Adenda 2. El Concejo de Bogotá no puede tener un rol secundario en esta discusión, esto no depende exclusivamente del Ejecutivo.