El general retirado Jesús Armando Arias Cabrales ha vivido los últimos años de su vida enredado en los procesos judiciales que le abrieron por la toma del Palacio de Justicia. Durante meses intentó participar de los procesos de la justicia transicional, pero la JEP decidió excluirlo del proceso, pues aseguró que durante la audiencia única de aporte a la verdad que se realizó con el alto oficial este no realizó aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Esta semana, el general (r) recibió otro golpe. Según conoció SEMANA, el Ministerio de Justicia, en cabeza de Néstor Osuna, deberá resolver una petición que ha generado controversia en las Fuerzas Militares. Helena Urán, hija del desaparecido magistrado Carlos Horacio Urán, quien por años se dijo había muerto en el fuego cruzado, pero luego se confirmó que había sido sacado vivo del Palacio y torturado hasta morir, le pidió al Gobierno retirar todas las medallas que el general había obtenido en su vida de servicio.
La petición fue presentada por ella junto con los periodistas Gonzalo Guillén y Diana López Zuleta. El ministro de Defensa, quien era el que originalmente debía resolver esa solicitud, se declaró impedido y el caso llegó al Ministerio de Justicia.
Arias fue uno de los militares señalados de la desaparición de personas en la toma del Palacio de Justicia. Lo condenaron originalmente en 2011 a 35 años de cárcel por la desaparición forzada de 11 personas. Cuatro años después, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la pena, pero redujo el número de desaparecidos a cinco. Ante eso, el oficial decidió recurrir ante la máxima instancia, la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia en una primera instancia no le dio la razón. Aseguró en su momento que el Ejército actuó: “Sin tregua, con persistencia, utilizando todos los medios armados al alcance y contando con la temerosa actitud del presidente de la República de intervenir. La operación militar no tuvo tregua y menos reparo sobre la vida de los magistrados, empleados y ciudadanos y de los guerrilleros vencidos en esa infausta acción terrorista que nunca ha debido ocurrir”.
Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos sucedidos en el Palacio de Justicia. Pero también ha existido controversia alrededor de las pruebas que hay contra los militares. Por ejemplo, el coronel Plazas Vega fue absuelto en el año 2015. Al coronel lo habían acusado por la desaparición, también, de 11 personas en la tragedia del Palacio de Justicia.
El fallo del tribunal que ratificó su condena en 2012, sin embargo, estableció que solo existían pruebas de que salieron con vida dos de ellos: el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y la guerrillera Irma Franco. El coronel solo reconoce esta última, aunque siempre aclaró que no tuvo que ver con eso. Finalmente, se probó que él no tuvo nada que ver con las labores que sucedieron; “Plazas Vega no cumplió labores de inteligencia en la Casa del Florero… de modo que la identificación de las personas, su calificación de especiales (guerrilleros) y la remisión a otras unidades no eran su labor”.
El general Arias Cabrales ha señalado siempre su inocencia. Y esa fue precisamente la verdad que llevó a la JEP. En una entrevista con SEMANA a propósito de los 30 años de la toma del Palacio de Justicia, Arias sostuvo que la identificación de los cuerpos demuestra que las personas “que figuran como tales necesariamente fallecieron y sus cadáveres están sin identificar dentro de los tantos restos humanos que por el calcinamiento, en ese momento, cuando no existían avances tecnológicos, no pudieron ser identificados. Nuestra esperanza es que las otras personas estén allí y la Fiscalía haga un esfuerzo por identificarlas”.
Algunos de los cuerpos de las personas por las cuales se le señaló judicialmente, han aparecido en los últimos años en esas labores. El general contó esa vez como comenzó su proceso penal.
“Veinte años después de los hechos, la Fiscalía reabrió una investigación por la cual yo ya había sido absuelto. En el primer fallo me condenaron por ser coautor de 11 presuntas desapariciones. En la apelación, el Tribunal Superior de Bogotá sostuvo que de esas 11 personas, en seis no hay certeza de qué pasó. En el fallo dicen textualmente que no hay ninguna prueba en mi contra, y, sin embargo, me condenan a 35 años. No por ser responsable, sino por omisión. Suponen que yo como comandante de la brigada debería estar al tanto de todas las comunicaciones”, dijo.
También narró detalles de lo que se vivió ese fatídico 5 y 6 de noviembre de 1985. Aseguró que la operación militar fue “muy compleja. Primero, por lo que significaba el palacio y por las personas, como los magistrados, que estaban allí adentro. Segundo, porque el edificio no tenía sino dos entradas (la principal de cara a la Plaza de Bolívar y la otra por el parqueadero) y no había ventanales. La única forma era entrar con los vehículos blindados. La guerrilla había puesto explosivos y nos recibieron con disparos. Ya había una gran humareda pues el M-19 estaba quemando los expedientes adentro. Ingresamos con la Policía y luego recibimos apoyo de la Cruz Roja y la Defensa Civil para sacar a los rehenes. Estuvimos hasta las 10 de la noche. A esa hora habíamos podido rescatar unas 100 personas”, dijo.
Y contó las escenas dantescas que se vivieron dentro del Palacio en llamas. “El humo, la oscuridad total, el estruendo de las balas tenía a muchas personas muy alteradas. Se sentía el miedo, el sufrimiento, el hambre de quienes habían sobrevivido. El primer día logramos controlar el primero y el segundo pisos. Pero el tercero y el cuarto eran inaccesibles. La Policía intentó, infructuosamente, entrar por el techo con helicópteros y abrir una vía de escape. El capitán del Copes, Raúl Talero, murió en ese operativo porque el M-19 le disparó. El fuego no nos dejó continuar. Incluso, las paredes estaban hirviendo”, dijo.
Para muchos militares, el general Arias Cabrales es víctima de la persecución judicial que ha vivido ese estamento por años. Independientemente de su responsabilidad, el proceso ha durado décadas y el alto mando militar ha estado preso a sus 80 años, lo cual demuestra la ineficiencia de una justicia tardía en ese caso. Para las víctimas, el general debe responder por la tragedia enorme que vivieron sus familiares y ellos mismos en años de una búsqueda incesante para saber qué pasó.
Es, sin duda, uno de los casos más complejos del conflicto armado del país. Y la petición de retirarle al general sus medallas, a los 86 años, atizará una herida que no se ha cerrado.