Mientras el presidente Gustavo Petro asegura que se quiere “asesinar” la democracia en el país, la Colombia Humana, su partido político, es escenario de posible censura, un presunto robo de las elecciones internas y el retiro de militantes por oponerse a sus directivos.
El partido nombró a la senadora Gloria Flórez como su presidenta, tras una elección sin voto en las urnas. Se restringió la entrada de delegados municipales, no se permitió el diálogo entre militantes, y personas sin poder decisorio habrían ingresado para crear confusión entre los asistentes al definir la junta directiva y la unión a un partido progresista único bajo el Pacto Histórico.
Los cuestionamientos se convirtieron rápidamente en renuncias de militantes y múltiples demandas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por las presuntas irregularidades, que van desde la convocatoria hasta el cierre del evento, que tuvo lugar en Ágora Bogotá.
Tanto congresistas como el presidente de la República han guardado silencio ante las denuncias de las bases de la colectividad. Ahora, un mes después de la elección, vienen lo que serían represalias para quienes han expresado sus diferencias con el nuevo rumbo.
SEMANA conoció resoluciones del Consejo Nacional de Control Ético pro tempore del partido que suspenden a 17 militantes por haber organizado una asamblea paralela a la que eligió a Gloria Flórez como presidenta y por causar “pánico electoral” con supuestas “calumnias y agresiones” en contra de la senadora y de Carmen Anachury, exsecretaria general de la colectividad.
El partido del presidente se encuentra fragmentado al punto de que una buena cantidad de afiliados rechazó el liderazgo de Anachury, quien tenía completo control sobre la colectividad. Este medio conversó con miembros de las bases, quienes aseguran que nunca confiaron en la transparencia de la asamblea nacional convocada por las directivas.
De esa forma, la Red de Asambleas y Causas Nacionales convocó una asamblea nacional, que se hizo en las mismas fechas de la organizada por Anachury. Ahí escogieron una junta directiva distinta a la presidida por Gloria Flórez, denunciando todo tipo de irregularidades en la conformación de la mesa validada por el Gobierno nacional.
Este intento de las bases, que tenía como objetivo recobrar poder en el partido y que es una posibilidad dentro del artículo 19 de los estatutos, resultó en la suspensión de los militantes que la promovieron.
“Se encontraron comunicados que generaban pánico electoral, se vieron declaraciones que derivan en violencia política de género y se vieron evidencias de comunicados que buscaban confundir a la militancia”, indica la resolución.
Además, a José Malagón, uno de los promotores, lo acusan de “captación indebida de dineros”. Y a la junta municipal de Medellín la señalan por estar “aparentemente calumniando las directivas y declarándose en rebeldía”.
Por la protección del “buen nombre y la estabilidad económica y tributaria del movimiento político”, suspendieron a Elda Soler Restrepo, Luis Malagón, Jaime Arzayus, Julio Flores, Cristian Ortiz, César Barrios, Javier Felizzola, Herley Sánchez, Lenar Gómez, René Vanegas, Janeth Olarte, Eliana Alvarado, Álvaro Pineda y María Eugenia Giraldo.
Al mismo tiempo, suspendieron a Alvi Lennar Gómez, de la junta en Estados Unidos por razones que no explican.
Por declararse en contra de las directivas, en otra resolución se suspendieron las juntas municipales de Antioquia y Cauca, y se invalidaron las decisiones de Cundinamarca y Casanare.
Otro documento suspendió a Agustín Osorno por demandar la curul de la senadora Isabel Cristina Zuleta, una de las más poderosas en la colectividad y cercana a las nuevas directivas.
“Al no lograr la revocatoria por la vida judicial, el señor Agustín divulga comunicados y noticias alteradas difamando a la senadora en mención. Además, se le acusa no solo de agredir y difamar a la senadora, sino que también se le acusa de difamar a la secretaria general”, indica la resolución.
Y agrega sobre la parlamentaria, ante la acción de un militante de las bases: “Este despacho considera necesario proferir una suspensión que permita garantizar la participación política de la senadora Isabel Cristina Zuleta López sin que esta se sienta atacada y vulnerada”.
Y contra Eliana Alvarado, una de las suspendidas, existe un dosier con capturas de pantalla expresando su opinión sobre la suspensión de su militancia, anunciando acciones legales contra Anachury y Flórez.
“Estrategia lawfare dentro del mismo partido por parte de Anachury y Gloria Flórez en contra de la red. Nos quieren desaparecer como hizo la derecha con la UP. Este tema va para la Fiscalía por la gravedad de los hechos. Injuria, calumnia, persecución, violencia política y de género, difamación pública. Van a tener que demostrar todas las falsas acusaciones”, manifiesta la suspendida.
La misma secretaria general le reclamó por ello a través de una carta: “Procederé a denunciarla a usted ante el CNCE (Consejo Nacional de Control Ético) porque lo que dice es muy delicado y tiene una connotación penal. He sido paciente en extremo con su colectividad y las otras que acompañan este tipo de acciones”. Anachury la “invitó” a retractarse para evitar “una situación disciplinaria y legal incómoda”.
Además, todos los documentos hablan de los antecedentes ante el mismo Consejo Nacional de Control Ético pro tempore por diferentes conductas reprochables. Sin embargo, existen denuncias ante el Consejo Nacional Electoral que hablan de la ilegitimidad de esta instancia.
El pasado 25 de julio de 2024, la autoridad electoral abrió una indagación preliminar a raíz de la impugnación a la resolución que creó el organismo, dado que fue creado por Carmen Anachury y no por la Junta Nacional de Coordinación, tal como indican los estatutos.
Sin embargo, este seguiría, no solo haciendo caso omiso a las denuncias contra las directivas, sino accionando contra la militancia que piensa distinto. SEMANA intentó comunicarse con los militantes retirados, pero por miedo a represalias desistieron de emitir opinión sobre lo ocurrido.
Sin embargo, sí se pronunciaron sobre la sanción a través de un comunicado, en el que aseguran ser víctimas de “persecución política”.
“Ejecutada por fuerzas internas de Colombia Humana, e incluso fuerzas externas a la organización, que aferradas al poder se resisten a que las decisiones y elecciones al interior del partido se tomen con apego a la ley y los estatutos, violando los derechos políticos de la militancia, los procesos democráticos internos y los derechos fundamentales”, manifiestan.
Y las denuncias de la junta directiva, de acuerdo con los suspendidos, son falsas y “vulneran los derechos constitucionales al buen nombre, al debido proceso, a la organización política, a la libre expresión y al libre ejercicio de los derechos políticos”.
Por otro lado, la red nacional Colombia Profunda, liderada por Mary Luz Herrán, lideresa y exesposa del presidente Gustavo Petro, rechaza que se equipare la crítica de la militancia con los delitos cometidos por Olmedo López, quien también fue suspendido.
Y asegura que el Código de Ética “infunde temor en la militancia” por la posible falta de garantías frente al “disenso”.
“¿En dónde está la democracia por la que miles de colombianos han dado no solo su libertad sino también su vida? ¿De qué manera un movimiento político como Colombia Humana piensa en dirigir y representar un país, cuando en su interior pareciera que se actúa contrario a sus preceptos políticos e ideológicos?”, cuestiona Herrán.
SEMANA intentó comunicarse con Gloria Flórez, presidenta de la colectividad, pero a la hora de cierre de la edición no se ha obtenido respuesta frente a la situación que atraviesa la colectividad.
Los congresistas y directivos, con fuero y poder político, accionan contra una militancia que, según denuncian, no tiene poder sobre las decisiones y tampoco tienen la oportunidad de un debido proceso frente a las acusaciones en su contra. En esta situación se recuerdan las palabras del presidente Petro en la asamblea nacional, quien expresó: “Al que no le gustó, que se vaya”.