SEMANA: Cali, para muchas personas, es hoy la ciudad más violenta del país. ¿Qué hacer para evitar que siga teniendo este deshonroso calificativo?
Wilson Ruiz: Yo aún no salgo de la sorpresa cuando aquí, en la ciudad de Cali, en la cual vivo hace cinco meses, hay una percepción de inseguridad cada vez más fuerte. Los hurtos y la extorsión van en aumento. Llevamos más de 30.000 robos por año. Entre el primero y el 9 de marzo de este año se registraron 166 homicidios. Esta sí es la ciudad más violenta de Colombia. Y ocupamos un lugar deshonroso a nivel mundial, puesto 32 en general y uno en sicariato. Aquí, cada que los motociclistas se acercan a un vehículo, la gente piensa que le van a disparar. La situación es crítica y caótica, pero no puedo desconocer la gran labor que hace el comandante de la Policía Metropolitana, el general Gualdrón, con sus hombres. Pero acá hay insuficiencia de fuerza pública y, para completar, un alcalde que no ejerce autoridad, es una ciudad sin autoridad y sin ley. Está completamente anarquizada, una ciudad fantasma.
SEMANA: ¿A qué obedece esa ola de violencia?
W.R.: Uno no puede desconocer que aquí hubo un descontento. Yo, que vengo del oriente de Cali, que me he hecho a pulso, porque viví en Aguablanca, San Carlos y la Primavera, entre otros, conozco muy bien la problemática del tejido social. Aquí en Cali hay un círculo de pobreza que no se ve en otras partes de Colombia. Desde abril de 2021 (cuando Cali vivió los enfrentamientos de la primera línea) se generó una mayor violencia porque mucha gente quedó sin trabajo o sin poder seguir estudiando. Otro punto importante es la cercanía de la ciudad de Cali a los cultivos de drogas. Y también nosotros tenemos a Cauca, Nariño y Ecuador, donde hay venta de vehículos, motos y celulares robados completos o por piezas.
SEMANA: ¿Siente que el Estado ha respondido bien a esas amenazas?
W.R.: Hay una limitada intervención del nivel nacional aquí en el suroccidente colombiano y en el Pacífico. Lo que he venido hablando es que la seguridad tiene que basarse en la justicia. Es con inteligencia, investigación e intervención policial que se puede prevenir, anticipar y controlar el delito. La tecnología es la clave. Las cámaras de seguridad privada deberían interconectarse al sistema que maneja la fuerza pública y así tendríamos cientos o miles de ojos virtuales. Aquí no hay que perseguir solo a aquellos delincuentes que se roban un celular, sino ir tras los grandes jefes de las bandas criminales.
SEMANA: Lo vemos con una gorra blanca y una camiseta que dicen “SOS Cali”. ¿En qué consiste ese movimiento?
W.R.: Aquí en Cali un grupo significativo de personas reclamaron mi presencia, me insistieron en que querían promover el movimiento SOS Cali para llegar a ser alcalde de la ciudad. Es una cosa muy bonita. Doña María, por ejemplo, que es una persona que me vio crecer en el oriente de Cali, en el Comuneros II; un policía, Ramón Elías Taborda, que hace 48 años que no lo veía, fue el que me permitió la entrada al Palacio Nacional para que yo, con 7 años de edad, pudiera vender los dulces como vendedor ambulante, y una señora que trabajó conmigo en la rama judicial, que me vio crecer, también está allí. Actualmente, estamos recogiendo las firmas, llevamos más de 90.000.
SEMANA: Volviendo al tema de la inseguridad, el uso de motocicletas por parte de hombres armados, sobre todo para robar, se ha convertido en un problema. ¿Qué hacer?
W.R.: He visto en Cali que muchas personas están utilizando pelucas para disfrazarse como si fueran mujeres, ¿por qué? Porque aquí está prohibido el parrillero hombre. ¿Qué hacer? Es muy sencillo. A Cali le faltan más de 5.000 miembros de la fuerza pública. Y conectar a las empresas de seguridad privada y al gremio de taxistas. También, si le apostamos al MIO, este sistema de piratería, de “motorratón”, también debería desaparecer, ¿por qué? Porque el MIO, en estos momentos, después de que llegó a movilizar 510.000 personas, está movilizando aproximadamente 230.000 diarias. Más del 30 por ciento de estas personas no paga. Entonces el MIO es inviable. Hay que apostar a salvarlo. Pero aquí a la gente le da miedo montarse al bus porque lo roban.
SEMANA: Exministro, el otro tema que también preocupa son las bandas extranjeras. ¿Las ha visto? ¿Es verdad que son de venezolanos?
W.R.: Yo me crie en la rama judicial de este país. Arranqué como citador de la rama judicial y luego fui auxiliar o secretario de un magistrado. Luego llegué a ser magistrado y presidente de una corte. Aquí hay que hacer justicia es con la justicia. En Cali no solo hay bandas de venezolanos, también de mexicanos y de otros países que vienen aquí a hacer de las suyas. ¿Cómo es posible que unas bandas de extranjeros aquí en la Avenida Pasoancho, en el sur de Cali, estén controlando el transporte ilegal? Aquí no hay autoridad.
SEMANA: ¿Le quedó grande a Jorge Iván Ospina el manejo de la seguridad en Cali?
W.R.: Totalmente. Es que el alcalde no quiere a la fuerza pública. Mientras un alcalde no tenga esos principios o elementos básicos del respeto hacia el Estado social de derecho, hacia la democracia y hacia la institucionalidad, esto es lo que pasa. Aquí hay otro problema muy delicado: como aquí no hay centros de reclusión transitoria, están utilizando casas, URI y estaciones de Policía para albergar a estos delincuentes. Resulta que el día de ayer no pudieron recapturar a unos que se volaron del barrio San Nicolás. Cuando yo era ministro de Justicia le insistí al alcalde para que creáramos esos centros transitorios, como la Ley 6593 lo ordena, él hizo caso omiso a esto.
SEMANA: ¿Si usted es el próximo alcalde piensa hacer alguna alianza entre lo público y lo privado, por ejemplo, para aumentar el número de cámaras de vigilancia en la ciudad?
W.R.: Nosotros vamos a unir a todas aquellas personas del sector privado que desde luego tienen cámaras de seguridad externas para conectarlas con la fuerza pública. Más del 50 por ciento de las cámaras públicas aquí en Cali están dañadas porque no hay mantenimiento para las mismas. Yo fui uno de los promotores de la ley de seguridad ciudadana y nosotros en plena problemática nacional, cuando hubo el desorden de los jóvenes descontentos, actuamos con contundencia aquí en la ciudad de Cali, el suroccidente colombiano y el resto del país. Aquí en Cali es normal que muchos precandidatos quieran apropiarse de las ideas que nosotros tenemos.
SEMANA: Por la cercanía con los cultivos de coca en el Nariño, ¿se ha convertido Cali en una especie de ciudad base para la criminalidad en todo el Pacífico en su plan de enviar cargamentos de droga?
W.R.: El puerto de Buenaventura lo tenemos a hora y media desde la Sultana del Valle. Desde luego, por ahí ingresa gente de todo el litoral Pacífico. Aprovechan que no hay una buena cantidad de fuerza pública para poder controlar las entradas por Palmira y por Jamundí, que es donde la ciudad se conecta al Cauca y a Nariño. La base fundamental para vencer y solucionar la violencia y el delito debe partir de confrontar las estructuras criminales desde sus raíces. Cuando fui ministro de Justicia combatimos de frente el narcotráfico y el microtráfico aquí en Cali. Le voy a decir una cifra que le va a dar escalofríos: la violencia homicida en esta ciudad es equivalente a una pandemia permanente, en los últimos 34 años han matado a más de 50.000 caleños, que en su gran mayoría eran hombres jóvenes, asesinados por vendettas asociadas a narcotráfico, reventa de vehículos, motos y celulares robados. En la época de los años ochenta y noventa, en pleno auge del cartel de Cali y el cartel de Medellín, estábamos llegando a cifras parecidas, más de 1.000 muertos por año.
SEMANA: Durante el paro nacional, Cali fue, sin duda alguna, la ciudad más afectada de Colombia. Prácticamente quedó secuestrada por criminales. ¿Cree que a partir de ahí se perdió el rumbo?
W.R.: El señor presidente de la república me delegó a mí en la ciudad de Cali, permanecí casi dos meses. Aquí quien más sufrió fue la gente del oriente de Cali porque no podían satisfacer sus necesidades en los hogares por falta de combustible, por falta de comida. Había gente a la que ni siquiera le llegaba una libra de arroz a su casa por culpa de estos bloqueos de las vías. No puede ser que las empresas delictivas que se dieron en pleno desorden social progresen aquí, quitando a los caleños el esfuerzo de su trabajo.
SEMANA: Exministro, tuvimos una información en las últimas horas de que usted recibió amenazas de muerte en Cali. ¿Es así?
W.R.: Era una información que tenía en reserva. Sí, en días pasados me llegaron unos mensajes amenazantes aquí a mi número de celular, y yo de inmediato hablé con el general Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Y denuncié la situación en la Fiscalía General de la Nación, porque me daban un plazo para que saliera de la ciudad. Estos infames, estas bandas delincuenciales, quieren seguir haciendo de las suyas. No quiero victimizarme con esto ni mucho menos. Aquí seguimos dando la cara para sacar a Cali adelante.
SEMANA: Para cerrar, ¿cuántas firmas aspira a recaudar?
W.R.: Como dije, hemos recaudado más de 90.000 firmas. Necesitamos 50.000, pero aspiramos a 150.000 para que actuemos con mucha contundencia y darle seguridad, orden y justicia a esta hermosa ciudad.