Cambio Radical interpuso una demanda ante el Consejo de Estado con la que buscan que se dé una acción de nulidad contra la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de intervenir la EPS Sanitas.
En el documento presentado ante ese tribunal se alega que con la determinación suscrita por el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, se habría presentado una vulneración a la reserva de ley en materia de procedimiento, falsa motivación, desviación de poder y vulneración a la confianza legítima.
Además, el partido sostiene que con la intervención se habrían dado varias conductas irregulares: una vulneración del principio de proporcionalidad, vulneración al principio de culpabilidad, inconvencionalidad por vulneración al plazo razonable, extralimitación de la discrecionalidad, configuración de arbitrariedad y se estaría presentando una ausencia de expediente y pruebas.
La demanda contra el Gobierno nacional por el caso Sanitas fue radicada por el director de ese partido, Germán Córdoba, ante el Consejo de Estado en la mañana de este martes (9 de abril) y busca que la EPS pueda volver a ser controlada por sus propietarios privados y no por la Superintendencia que durante la semana anterior asumió funciones de control tanto en esa como en la Nueva EPS.
“Como partido de oposición estamos tomando cartas en el asunto, no podemos dejar que se imponga, a las malas, el modelo de estatización del sistema en donde está en grave peligro la atención en salud de millones de colombianos. ¡No permitiremos que se siga actuando con este nivel de arbitrariedad y se pase por encima de la separación de poderes en perjuicio de los ciudadanos!”, señaló el director de Cambio Radical, Germán Córdoba.
El partido alega que la intervención responde a una clara desviación de poder derivada del hundimiento de la reforma a la salud y a la aplicación de una medida confiscatoria o expropiatoria de la Asamblea de Accionistas de EPS Sanitas.
Además, advierten que habría una clara afectación al orden económico por el pánico que se podría generar de cuenta de la intervención a una de las EPS con mayor número de afiliados en Colombia (5,8 millones, la segunda más robusta según ese indicador).
La meta del partido es que el Consejo de Estado emita un concepto favorable y deje sin piso la resolución de intervención a Sanitas para que se garantice un debido proceso y, a su juicio, “se haga respetar la institucionalidad y la voluntad de los ciudadanos que no quieren la estatización del sistema de salud”.
La Superintendencia de Salud designó a Duver Dicson Vargas como agente interventor de Sanitas. Sin embargo, lo que alegan los contradictores de esa decisión es que la experiencia de Vargas sería insuficiente para administrar a la que es la segunda EPS más grande del país por número de afiliados (con 5,8 millones de usuarios) y los fondos que esta maneja.
De hecho, ese punto también quedó constatado en la demanda contra esa misma determinación proferida por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, que también está buscando que se dé nulidad a la intervención a esa EPS de capital extranjero.
“Su experiencia se reduce 4 hospitales, con un presupuesto de 74.000 millones de pesos al año en la última entidad. Monto inferior al 10% del presupuesto de la EPS SANITAS S.A.S. El perfil del interventor sugiere una amenaza a la gestión del riesgo financiero y de salud. Aspectos que inciden directamente en la prestación de los servicios de salud en mejores condiciones a las actuales”, se lee en la demanda presentada ante el Consejo de Estado por el exministro Ruiz.
La intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a Sanitas anticipa una puja judicial contra esa determinación que tuvo lugar durante la primera semana de abril, el mismo periodo en el que también fue intervenida Nueva EPS y la Compensar EPS pidió su liquidación.