Previo al segundo debate del proyecto de ley que prorroga y modifica la Ley 418 o de orden público, el cual reglamentaría algunos aspectos de la paz total del Gobierno, varios sectores denunciaron un ‘mico’ que preocupa por su posible alcance. De aprobarse un parágrafo transitorio y un artículo, se le darían facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para indultar a condenados y que serían integrantes de la primera línea.

Por esto, la bancada de Cambio Radical, que votó a favor de esta iniciativa en primer debate, decidió oponerse a los fragmentos que incluyeron para aprobar en segundo debate. El senador David Luna, vocero de la bancada, anunció la decisión.

“Desde el partido Cambio Radical acompañamos en primer debate la ley de orden público que presentó el presidente Petro, básicamente porque creemos en la paz, la justicia y la reconciliación. Estamos de acuerdo con adelantar los diálogos con el ELN”, explicó el senador.

Sin embargo, en segundo debate, los artículos alertaron a la bancada independiente: “Están pretendiendo incluir un ‘mico’ para otorgarle facultades al presidente de indultar a personas que están procesadas por vandalismo, terrorismo, cohecho e incluso tortura”.

El senador explicó que no están de acuerdo con los fragmentos porque envía un mal mensaje, dejando a un lado a aquellos colombianos que no han incurrido en actos criminales.

“Primero, manda un pésimo mensaje para quienes delinquen. Que seguramente, de acuerdo con una posición política, podrán ser perdonados de manera inmediata. Segundo, porque el artículo solo habla de las personas de la sociedad civil que delinquieron y no tienen en cuenta a la Fuerza Pública, que defendió con ahínco a la sociedad en esos momentos de crisis”, concluyó el senador.

En el parágrafo, en primer lugar, se le da la posibilidad al presidente de nombrar como promotores de convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentran privadas de la libertad por “conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”.

De esta forma, el presidente podría solicitar a las autoridades judiciales competentes “la suspensión de la orden de captura o la medida de aseguramiento” sin que esto signifique la suspensión o terminación del proceso penal.

Por otro lado, en el artículo 17, se habla precisamente de perdonar las penas de estas personas: “Facúltese al presidente de la República para, en el marco de la política de paz total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”.

Uno de los que se mostró crítico y anunció que no votará estos dos artículos fue el representante del Partido de La U Víctor Manuel Salcedo.

“El Partido de la U ha sido el partido de la Paz. Hemos liderado, acompañado y participado al 100% en los procesos. Pero la paz no es el asunto de un presidente. Es el resultado de un consenso en donde el Congreso tendrá que representar a todos los Colombianos” resaltó el representante.

Salcedo aseguró que estos artículos son “más peligrosos que las protestas, porque se beneficia a un grupo exclusivo de la sociedad y las leyes las hacemos para todos”.

El representante a la Cámara de la U agregó que, a pesar de que su partido pertenece a la coalición de gobierno, “no votaré esos dos grandes micos”.