El futuro de la investigación por la violación de los topes de la campaña no parece sonreírle a Gustavo Petro. El pasado jueves 29 de agosto, seis de siete magistrados presentes en la sala plena, sorpresivamente, votaron para que el proyecto de pliego de cargos contra la campaña del líder del Pacto Histórico se estudie de inmediato, sin más dilaciones, y en dos o tres semanas se decida si se inicia o no una investigación formal.
La defensa de Petro pretendía que cada magistrado –al menos, los más cercanos al gobierno–, pidieran el expediente en rotación y duraran ocho días hábiles estudiando la cascada de documentos, registros contables, facturas y testimonios que en más de 300 páginas documentaron los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Sin embargo, no ocurrió.
Así las cosas, la ponencia de la investigación está ahora en todos los despachos y promete ser estudiada con celeridad. Se trata de un documento de mayo de este año, que SEMANA en su momento reveló en exclusiva y que muestra recibo por recibo cómo la campaña violó los topes electorales tanto en primera como en segunda vuelta en la campaña del hoy presidente.
En primera vuelta, el tope era de 28.536.520 millones de pesos, pero fue superado por 3.700 millones de pesos, según los documentos obtenidos por el equipo de investigadores de Prada y Ortiz.
En la segunda vuelta, el tope establecido era de 13.347.457 millones de pesos. En este caso, la campaña habría superado los topes en 1.600 millones de pesos.
En la primera vuelta presidencial de Petro, se encontraron ocho presuntas irregularidades consistentes en que la campaña no reportó en su informe aportes efectuados por donantes como Fecode, el Polo Democrático, la USO, pagos de testigos electores, pagos por transportes aéreos y otro ítem relacionado con la campaña del Pacto Histórico.
Además, en esta primera vuelta hubo tres donaciones de fuente prohibida por provenir de persona jurídica. Es el caso de Fecode, la USO e Ingenial Media.
Aparentemente, hubo un modus operandi de omisión de reporte de ingresos y gastos. Los aportes cuestionados fueron distribuidos así: Fecode, 500 millones de pesos, viola topes y es fuente prohibida de financiación; Polo Democrático, un préstamo de 500 millones de pesos, entra y sale de la contabilidad de la campaña, y la USO, 121 millones de pesos, con fuente prohibida.
En la segunda vuelta, los investigadores del CNE detectaron que también hubo tres donaciones de fuentes prohibidas cuya procedencia era una persona jurídica. Esto ocurrió con Fecode, USO e Ingenial Media.
Los reportes conocidos por este medio indican que, en el caso de la USO, se trató de 379 millones de pesos. En transporte aéreo fueron 950 millones de pesos en servicios que no fueron declarados. Sobre los testigos electorales, la cifra llega a 177 millones de pesos que tampoco fueron reportados.
Y aquí viene una historia completamente desconocida. Se trata del evento del triunfo de la campaña en segunda vuelta, en el Movistar Arena. El evento costó 250 millones de pesos, por el cual se expidió una factura. Sin embargo, esta fue anulada y el pago se dividió en 150 millones de pesos que pagó la campaña, y en la investigación los magistrados ponentes llegaron a la conclusión de que los otros 100 millones de pesos fueron pagados por el gerente de la campaña, Ricardo Roa, con su tarjeta de crédito personal.
En este caso, claramente, hay un fraccionamiento de una factura. Este movimiento correspondió a que ya en ese momento Roa estaba cuidando cualquier movida para evitar que, en el registro ante el CNE, hubiese una violación de topes.
Aquí fue clave el cruce de transacciones reportado en la Dian entre el Movistar Arena, la campaña de Petro y el gerente Roa.