Ya están las cuentas del costo que tuvieron las campañas políticas para las elecciones regionales de 2023. Los números dan cuenta de que los 128.530 candidatos que participaron en los comicios en el ámbito nacional se gastaron 671.336 millones de pesos en sus aspiraciones a cargos públicos.
Cada uno de esos políticos tenía la obligación de reportar sus ingresos y gastos ante la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y casi todos hicieron la tarea: 113.621 reportaron los ingresos (el 88,4%) y 113.350 dejaron constancia de sus gastos (el 88,2%).
Entre ellos, quienes más sumaron ingresos fueron los candidatos a alcaldías (290.804 millones de pesos), seguidos por los aspirantes a concejos (176.981 millones de pesos), luego de los candidatos a gobernaciones (110.790 millones de pesos) y los candidatos a asambleas (79.128 millones de pesos).
Entre tanto, los últimos de esa lista fueron quienes aspiraban a juntas administradoras locales, que juntos consiguieron13.632 millones de pesos en financiación.
Esos números fueron recavados en un informe presentado por el despacho del magistrado del CNE, César Lorduy, que concluyó que menos del 1 % de anticipos de la financiación de los que aspiraron a cargos públicos en 2023 fue estatal, mientras que el 99% procedió de dineros privados.
“La financiación pública, frente a una gran cantidad de necesidades, es muy poca. Un candidato a concejal de un municipio como Titíribi, por ejemplo, no tiene la más mínima posibilidad de recibir financiación estatal porque la plata se le gira a los partidos y ellos a los candidatos, pero en la práctica los partidos prefieren girarle a los que ya están elegidos y quieren reelegirse”, advirtió el magistrado Lorduy.
Los gastos de campaña en 2023
Las cuentas van así. En las campañas para las alcaldías, que fueron las que más recursos invirtieron, estas recibieron 290.804 millones de pesos en ingresos de los que solo 2.163 millones de pesos correspondieron a anticipos de financiación estatal.
Esto significa que solo el 0,74% de esos recursos surgió del apoyo del Estado a las campañas políticas y el resto de los privados, como financiadores particulares o préstamos.
El panorama para las gobernaciones fue semejante. Las iniciativas que estuvieron aspirando a cargos para administrar los 32 departamentos del país tuvieron ingresos por 110.790 millones de pesos y de ese monto solo 119 millones de pesos salieron de financiación estatal, equivalentes a un 0,11% del dinero que estas usaron.
Si se miran los concejos municipales, para estos se requirieron recursos del orden de los 176.981 millones de pesos. Dentro de ese monto, apenas 323 millones de pesos salieron de las arcas del Estado, cifra correspondiente a un 0,18%.
Finalmente, para el caso de las asambleas departamentales los candidatos que aspiraban a esos cargos usaron 79.218 millones de pesos de los que escasos 112 millones de pesos surgieron de los fondos públicos, lo que significa que el restante 0,14% fue desembolsado por privados.
Partiendo de esas cuentas, el togado enfatizó que “la financiación estatal no alcanza ni permite cubrir las necesidades que tienen los partidos frente a quienes aspiran. Cuando la financiación estatal llega, ya el candidato no está solo empeñado, sino que por concepto de intereses terminan endeudado. Nadie termina haciendo campaña electoral con financiación estatal y tiene que buscar financiación privada (...) Todos los que hacen campaña electoral en Colombia están empeñados”.
Las campañas políticas tuvieron hasta el viernes 29 de diciembre de 2023 para reportar sus informes de ingresos y gastos en la plataforma Cuentas Claras del CNE. La ley prevé sanciones para aquellas empresas políticas que no documentaron sus transacciones de campaña.