En días pasados, el concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, Diego Cancino, indicó que la Fiscalía General de la Nación abrió investigación penal en contra del exgobernador de Boyacá y actual candidato, Carlos Amaya, y llamó al cabildante para conocer de primera mano las denuncias sobre el posible favorecimiento a contratistas de su círculo cercano.
Cancino fue citado a la Fiscalía para rendir versión libre sobre sus denuncias en relación con la contratación irregular en la gobernación de Carlos Amaya en Boyacá.
El concejal ha venido denunciando que durante la Gobernación de Amaya, en Boyacá, posiblemente se beneficiaron los hermanos José Antonio y David Peña Villalobos con contratos por más de $167.000 millones, quienes se hicieron a tres jugosas licitaciones de obras viales, al parecer, mediante un carrusel de cinco empresas asociadas a estos hermanos.
Ante esta denuncia, en diálogo con SEMANA, el exgobernador Carlos Amaya, se defendió y respondió a las acusaciones.
“Respeto absoluto por la justicia. Como funcionario público que he sido, tengo la obligación, y así lo he hecho siempre, de responder a todo llamado que se me haga por parte de los entre de control”, aseguró Amaya en un primer momento.
El hoy candidato a la Gobernación de Boyacá, indicó además: “Nunca en la vida he sido objeto de una condena penal, disciplinaria o de responsabilidad fiscal. Y resalto este punto porque hay unos sectores políticos dispuestos a gastar inmensas sumas de dinero para acabar con mi honra, difundiendo odios y mentiras por redes sociales, mensajes de texto y WhatsApp”, dijo.
Y agregó: “Como no han podido derrotarnos en el debate o en gestión, ahora están tratando de golpearnos con la calumnia, que es su única herramienta y único discurso”.
Ahora, frente a los contratos por lo que el concejal Cancino lo ha señalado, Amaya precisó que “los procesos de selección de contratistas objeto de esta controversia se adelantaron de conformidad con la normatividad aplicable y fueron debidamente publicados en el Secop para garantizar la participación de varios proponentes”.
En ese sentido, Amaya puntualizó que “por tal motivo, no se presentó un solo proponente, sino que se presentaron tres para el contrato de la vía Miraflores – Páez. En cuanto a la vía de Gámeza – Mongua – Monguí, Socotá – Alto del Sagra y Paz de Río – Tasco se presentaron cinco proponentes. En ambos casos se escogieron conforme a la ley”.
“Por consiguiente, se cae de su peso la afirmación que se seleccionaron a dedo”, concluyó el copresidente del partido Alianza Verde.
Detalles de la denuncia del concejal Cancino
De acuerdo con el concejal, los hermanos José Antonio y David Peña Villalobos se hicieron con licitaciones de obras viales por más de $167.000 millones, al parecer, con el posible direccionamiento de contratos.
El cabildante explica el entramado de la siguiente manera:
El primer contrato de los Peña se firmó en 2017 (selección abreviada), a través del Consorcio Mirapaez 2017, por $39 mil millones, con Luis Fernando Ramírez Duarte como representante legal.
Mirapaez 2017 fue conformado por dos empresas: I) Constructora y pavimentos de Colombia Copacol (que tiene el 66 % de la participación del consorcio), con José Antonio Peña Villalobos como representante legal. Y II) Constructora Esparta, con Jairo Emiliano Omaña García como representante legal y Luis Fernando Ramírez, como suplente (Ramírez es representante legal del Consorcio).
Por este contrato, la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria a Carlos Amaya por presuntas irregularidades en la etapa precontractual y contractual.
En 2018 la Gobernación de Boyacá firmó el segundo contrato con los Peña a través del Consorcio Corredor Vial del Oriente. Contrato que inicialmente se firmó por $93.000 millones para terminar en octubre de 2019, pero que debido a las 10 prórrogas realizadas por los retrasos en la obra finalizaría en octubre de 2023; cuatro años después de lo programado, por un costo adicional para el Departamento de $30.000 millones.
El Consorcio Corredor Vial del Oriente lo conforman: Colombiana de Ingeniería y Pavimento Coipav SAS (90 % de la participación) con José Antonio Peña Villalobos como representante legal y Constructora Esparta con la representación legal de Jairo Emiliano Omaña García.
En 2019 se firma el tercer contrato con los Peña por $4.000 millones. Por medio del municipio San Eduardo (Boyacá) que suscribe contrato con el Consorcio Vías San Eduardo 2019. El representante legal de este Consorcio fue (de nuevo) Luis Fernando Ramírez Duarte.
Reportes de Cámara de Comercio indican que la dirección de dos de los consorcios y dos empresas que participan en estos es la misma: Carrera 7 con calle 156, Oficina 2401, en Bogotá.
Finalmente, el concejal Cancino, encontró que el interventor de dos de los tres contratos coincide: LR Proyectos LTDA, cuyo representante legal es Rodolfo Daza Rodríguez, hizo la interventoría tanto del contrato Mirapaez 2017 (mejoramiento de la vía entre Miraflores y Páez), como del contrato con el municipio de San Eduardo.
A este interventor y a la entonces secretaria de Hacienda les abrieron un proceso de responsabilidad fiscal por posibles sobrecostos en la labor de interventoría.