El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carillo, tiene 48 para reintegrar en el cargo a Ana María Castaño, la exsecretaria general de la entidad que él despidió, aun estando en embarazo, porque hacía parte de las personas de confianza del exdirector de la entidad, Olmedo López, quien salió del cargo en medio de múltiples cuestionamientos.
La salida de Castaño fue controvertida porque Carillo, quien le anunció al país que había llegado al cargo a depurar la entidad de los funcionarios de López, grabó un video donde procedió a firmar la declaratoria de insubsistencia y lo compartió en sus redes sociales.
La juez 31 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá tuteló los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada por maternidad, seguridad social y salud en favor de Ana María Castaño Álvarez, “vulnerados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con fundamento en la consideraciones plasmadas en este proveído”, se lee en la sentencia.
Asimismo, ordenó a la UNGRD “que, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, proceda a reintegrar a Castaño Álvarez y, de manera inmediata, realice los aportes a seguridad social en salud dejados de percibir, los cuales deberán ser cancelados a la EPS Sura con el reconocimiento de mora si a ello da lugar”, dijo textualmente la juez Ángela Marcela Largos Madero.
Tan pronto llegó al cargo, Carrillo fichó a la exsecretaria general, la relacionó directamente con Olmedo López, y afirmó que tenía más poderes que el propio director de la Unidad.
Ana María Castaño Álvarez fue citada a la oficina de Carlos Carrillo en la tarde del jueves 14 de marzo para una reunión en la que el nuevo director de la entidad le pidió entrar sin celular. Después de esa charla, él le solicitó entregar su carta de renuncia antes de las 6:00 p. m., pero ella no aceptó.
“El director Carrillo llegó el martes. No habíamos tenido la oportunidad de hablar cara a cara, y ayer (jueves) me citó a su despacho. Me pide que entre sin celular. Entro con el celular y pensé que íbamos a hablar de temas de trabajo. Yo le iba a mostrar una incapacidad que tengo de 30 días que me dio mi ginecólogo, porque tengo un embarazo de alto riesgo. Tengo 40 años”, le narró la exfuncionaria en su momento a SEMANA.
El caso de Castaño Álvarez comenzó desde inicios de marzo.
Ella presentó la renuncia el 4 de ese mes a Elga Rivas, quien era la directora encargada, pero apenas pasaron cuatro días, hasta el día 7, cuando se hizo una prueba de sangre que salió positiva para embarazo. “En ese momento, le notifico a la doctora Elga que me encuentro en estado de embarazo y me retracto de mi carta de renuncia”, aseveró la funcionaria.
“Cuando él (Carrillo) me llama y me pide la renuncia, pese a que sabe de mi estado, de que se lo manifesté y de frente le dije que no iba a presentar la carta, que él conocía mi estado de embarazo. Salgo de la oficina de él y le paso mi incapacidad. Él en este momento está sobrepasando dos fueros que yo tengo: protección por mi embarazo y por incapacidad. Él puede perfectamente declararme insubsistente, que me declara insubsistente”, aseveró la secretaria general de la UNGRD.
Castaño estuvo a cargo de la dirección UNGRD en Antioquia, rol al que, aseguró, llegó a través de Olmedo López y de una congresista del Pacto Histórico. Cuando asumió el exdirector Olmedo López, este le pidió pasarse a la secretaría general de la entidad.
Carlos Carrillo no se ha pronunciado sobre el tema. Recientemente, él denunció que, cuando era secretaria general de la entidad, Ana María Castaño aprobó la declaratoria de insubsistencia de una mujer en estado de embarazo.