La exministra de Salud, Carolina Corcho, insiste en defender su controvertida reforma a la salud, pese a que ya no hace parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Este martes 10 de octubre, cuando el Congreso se alista para estudiar más de 100 artículos de la reforma a la salud, la exfuncionaria del gobierno nacional le envió un contundente mensaje al exministro de Salud, Alejandro Gaviria, uno de los más fuertes críticos de la reforma a la salud tal y como está redactada actualmente.
“Doctor Alejandro Gaviria, he aceptado una invitación que me ha hecho Consultor en Salud a Barranquilla para debatir con usted a fondo y con altura nuestras ideas. Dispuesta para que lo hagamos de manera pública en otros lugares que usted considere, con detalle, rigor y altura. No considero justo con la ciudadanía colombiana, que usted, a partir de consideraciones parciales y falaces, esté generando pánico a la población”, dijo.
Y le envió un mensaje a los congresistas independientes que, aunque respaldaron la campaña presidencial de Gustavo Petro, hoy no respaldan su reforma a la salud.
“Respetadas Representantes, si hubieran tenido una presencialidad permanente por parte de ustedes y escucha de las diversas organizaciones de la sociedad civil que participaron de la Subcomisión que ustedes crearon para discutir la reforma, les hubiera podido aclarar muchas de las dudas que hoy plantean, que han sido ampliamente discutidas antes y durante el trámite parlamentario de la reforma”, expresó Corcho especialmente a la congresista Katherine Miranda, de la Alianza Verde.
“La tutela es un mecanismo de exigibilidad de derechos fundamentales que se aplica al estado. La reforma no modifica este mecanismo, dado que no compete a una ley ordinaria modificar el mismo. Esta operará como lo hace hoy, cómo una exigibilidad de un derecho por parte del ciudadano al estado”, explicó.
Corcho también aclaró que la gestión del riesgo en salud es el resultado de la interacción y acción de los diversos actores del sistema, eso, según ella, ocurre en la actualidad.
“En la reforma es igual, esta tiene componentes llevados a cabo por prestadores públicos y privados, pagador único, gestoras y agentes públicos”, manifestó.
Además, explicó que la gestión del riesgo financiero se traslada formalmente al Adres.
“Hoy las EPS no lograron hacer una gestión financiera, se evidencia en una enorme quiebra que hemos documentado con creces por este medio, que va desde billlonarias deudas con los prestadores públicos y privados, hasta no inversión de las reservas técnicas como les ordenaron normas de anteriores gobiernos, por cierto, bastante flexibles respecto a las exigencias necesarias para habilitar a particulares para el manejo de billonarios recursos públicos de la salud”, expresó.
Dijo que la consulta previa está establecida en el proyecto de ley para definir el modelo de atención por el que optarán las comunidades indígenas.
El proyecto contempla —de acuerdo con Corcho— un proceso de consulta previa con las comunidades y pueblos indígenas que tendrá una duración de seis meses para que mediante un decreto ley se expida el modelo concertado entre el gobierno nacional y las comunidades indígenas.
“Esto ya se hizo en la Ley de Víctimas, la Ley 1448 de 2011 y la Corte Constitucional lo declaró ajustado a la carta política y un mecanismo que garantiza el derecho a la consulta previa”, destacó.
Carolina Corcho también habló de la falta de viabilidad fiscal y financiera de la reforma.
“En el anexo 3 de estudio económico y proyección financiera del proyecto de ley —que les insisto lean— calculamos que con una inversión de 100.000 millones de pesos (incluso menos) en tecnología e inteligencia artificial puede funcionar como un sistema de información y pagador que garantice transparencia y vigilancia de todas las transacciones del sistema. Este es el principal mecanismo Anticorrupción para el cuidado de 81 billones que ruedan con poco control por el país, sosteniendo negocios y redes clientelares. Lo que algunos autores han denominado, el sostén del orden conservador colombiano”, dijo.
Sin embargo, el Congreso no quiere conocer la proyección financiera de Carolina Corcho, requiere el certificado expedido por el Ministerio de Hacienda.