Para que las personas se suban en andamios o en estructuras para labores de construcción, limpieza de fachadas y mantenimiento de torres de telecomunicaciones, entre otras actividades, deben recibir un certificado de trabajo en alturas de uno de los centros de entrenamiento aprobados por el Ministerio del Trabajo.
Estos cursos hacen parte de la inducción de trabajadores en empresas que requieran este tipo de servicios. Son decisivos a la hora de salvar sus vidas mientras ejercen sus funciones a decenas de metros de altura.
Durante esta administración, ha sido evidente para inspectores y empresarios del sector que existe un aumento en la expedición de certificados falsos, así como el uso de documentación irregular para operar. A pesar de esto, el Ministerio parece no accionar contra los posibles infractores.
SEMANA conoció una denuncia de múltiples gremios de los Centros de Entrenamiento para Trabajo en Alturas en distintas ciudades del país, en la que exponen varios certificados supuestamente falsos y piden respuestas a la ministra Gloria Inés Ramírez y a Judy Viviana Caldas, directora de Movilidad y Formación para el Trabajo.
El documento, del 18 de agosto, fue firmado por Héctor Mauricio Muñoz Rodríguez, Wilmer Ardila, Néstor Bustamante, Juan Pablo Valencia, Rubén Guevara y Francisco Bermúdez, quienes lideran los gremios de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
Conjuntamente, en nombre de los centros de entrenamiento de Colombia que forman parte de sus asociaciones, piden que se resuelvan los temas tratados en una reunión previa en torno a irregularidades en certificación.
“Estos certificados sin una evidencia de la venta exagerada que se está realizando: A ninguna de estas personas les piden exámenes médicos. Acá sí puede actuar el Ministerio con un seguimiento, donde se les pregunte sobre la documentación de estas personas. Y no dejarnos la responsabilidad a los centros de tener que ir a la Fiscalía a poner denuncios”, dice.
Piden los análisis de las pruebas que han enviado al Ministerio, adjuntando algunos certificados de los centros de entrenamiento que estarían expidiendo documentos irregulares.
Juan Pablo Valencia, vocero de los centros denunciantes y representante de las asociaciones de Colombia, aseguró en SEMANA que la cartera no ha escuchado sus alertas.
“La venta de certificados está disparada, teniendo en cuenta que la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio no está ejecutando una labor. Todos los centros que venden certificados lo hacen como quieren. No hay control. Esto dispara la accidentalidad”, manifestó el representante de las empresas.
De acuerdo con Valencia, “el Ministerio no ha hecho absolutamente nada.
Anteriormente había control y seguimiento, inhabilitando los centros de formación mientras se investigan”.
En total, como gremio, han recibido 150 denuncias de centros de formación que venden certificados: “Estamos hablando de aproximadamente un 30 por ciento de ellos, y a nosotros, como agremiación, nos preocupa porque es la vida de un trabajador”.
Existen varios niveles de formación, siendo el más básico la autorización, que tiene una duración de cuatro días. Tiene un valor en el mercado de 180.000 pesos, pero lo entregan sin formación en aproximadamente 50.000 pesos.“Otro es el reentrenamiento, que dura ocho horas y cuesta 100.000 pesos. Lo venden sin cumplir los requisitos de formación en 30.000 pesos”, explicó Valencia.
SEMANA contactó a Pedro Ruiz, inspector de Trabajo y Seguridad Social, quien ejerce vigilancia en estos centros de entrenamiento. Confirma que en el ejercicio de sus funciones se ha encontrado con los hechos que denuncia el gremio.“Hemos evidenciado unas presuntas irregularidades en los centros de formación por la expedición de certificados sin cumplir con requisitos que establece la ley, como es la presunta venta de certificados”, reveló para este medio.
El resultado de las investigaciones que ha hecho ha parado en la Dirección Jurídica del Ministerio del Trabajo, “en la cual no se ha visto una actuación inmediata para frenar todas estas presuntas irregularidades que estamos denunciando”.
También asegura que su jefa, la directora de Movilidad, tiene conocimiento de todos sus hallazgos y los del gremio, pero no hace nada al respecto.
Además, expresa que mientras los inspectores suspenden a los centros de entrenamiento sobre los que tienen pruebas de irregularidades, la directora de Movilidad los vuelve a habilitar en el aplicativo del Ministerio del Trabajo.“Cuando hay malas prácticas presentamos un reporte con las evidencias y la dirección es la que toma la decisión. Me quitaron el acceso del aplicativo de centros de entrenamiento, no puedo suspenderlas. Anteriormente, apenas se hacía la visita, se entraba en el aplicativo para tomar acciones preventivas para no poner vidas en riesgo. No hay garantías”, dijo.
Ruiz habló de casos específicos, como cuando en 2023 hizo una visita a Villavicencio, donde se deshabilitó un centro de formación por supuestas irregularidades.
“Tuvo que retirar certificados porque el entrenador, al parecer, anexó documentos que se presumen ilegales”, contó. El inspector suspendió el centro de entrenamiento, pero este año ocurrió un accidente en el puente en construcción de Chirajara, que resultó en la muerte de un trabajador en alturas: “Lo botó el brazo de una grúa por no estar asegurado en un punto de anclaje”.
Según Ruiz, a pesar de la muerte y los reportes, la directora de Movilidad los volvió a habilitar.“Se le puso en conocimiento que el centro llenaba fichas de inscripción con información no verídica de los trabajadores. Decían que tenían una ARL, pero terminó siendo información no verídica”, expuso.
El inspector asegura que Caldas ya ha reversado varias suspensiones efectuadas por él.“He tenido inconvenientes con tres centros. Ha sido una férrea opositora de que se mantengan suspendidos. Es la directora y es quien toma las decisiones”, indicó.
También contó cómo el dueño de un centro de formación con presuntas irregularidades terminó creando una veeduría para el mismo sector.“La veeduría fue conformada de manera irregular. El centro de formación de esta persona presenta reportes de certificados en los meses de junio y julio, pero en el momento no tenía los espacios para formar a los trabajadores”, contó el funcionario.
SEMANA conoció que Caldas evaluó a Ruiz, que es su subalterno, con una calificación baja. En un documento le puso a su desempeño un 10 por ciento o menor. El inspector denuncia que le están abriendo investigaciones disciplinarias por sus diferencias con la directora de Movilidad.“Hay una persecución hacia mí. Mi trabajo ha sido transparente, bajo los principios de la función pública. Se me retuvieron los salarios. No me han pagado julio, las primas y agosto”, manifestó.
La directora de Movilidad y Formación para el Trabajo respondió a SEMANA las dudas frente a su gestión. En primer lugar, explicó que habilitó el centro de aprendizaje en Villavicencio por “fallos de tutela adversos al Ministerio por falta de respuesta justamente del funcionario”.
Dijo que, debido a la huelga en el Ministerio, se le dejó de pagar al funcionario Pedro Ruiz: “Por indicación de la Procuraduría y la Contraloría, no es posible pagar salarios con recursos públicos cuando no hay prestación del servicio, y se incurriría en un acto de enriquecimiento ilícito”.
Y aseguró que lo valoró de forma negativa por su “contestación extemporánea de múltiples derechos de petición, y la ausencia de informes respecto de sus objetivos y resultados concertados al inicio del año”.
Frente a la falta de vigilancia a lo que hacen los centros de entrenamiento, aseguró que “la afirmación es falsa” y que “desde la dirección se efectúan auditorías y visitas”.
Los señalamientos contra los centros y la falta de vigilancia por parte del Ministerio apuntan a que existe un cartel del certificado falso de trabajo en alturas, que pondría diariamente vidas en riesgo. Empresas y funcionarios reportan, pero hasta el momento no perciben acciones.