A través de un comunicado oficial, el Centro Democrático manifestó que la estabilidad del sistema de salud de Colombia está en riesgo, a causa de varias razones como “dificultades en su financiamiento y en el flujo de los recursos”.
En la misiva, manifestó que dicha situación debe ser atendida mediante “acciones racionales” que sean tomadas por parte del Gobierno Nacional para afrontarlas y no con una reforma a la salud, que a consideración del partido, no brinda una solución estructural a los retos que afronta el sistema.
En ese sentido, el Centro Democrático advirtió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha tomado una serie de medidas que han llevado “a un sistema de salud desfinanciado”.
Además, señala que esa situación es la consecuencia de acciones como “la subestimación de la UPC y de los presupuestos máximos, dilaciones injustificadas para el pago a las EPS, una crisis de desabastecimiento de insumos y medicamentos, afectando especialmente a los usuarios de enfermedades de alto costo, y señalamientos en particular a las EPS”.
El partido de oposición señaló que se ha estado gestando una “crisis explícita” que en su momento el propio Gobierno Petro señaló como necesaria para que la sociedad colombiana entendiera la necesidad de implementar una reforma a la salud.
Adicionalmente, la colectividad señala que dichos eventos no se han desarrollado en el marco del proceso democrático que la reforma está surtiendo en el Congreso de la República.
En su comunicación, el Centro Democrático afirmó tener una profunda preocupación sobre la sostenibilidad financiera del sistema.
“Nos preocupa enormemente que el Gobierno, mediante la Resolución 2364 de 2023, estableció que para la vigencia 2024 las EPS deberán destinar como mínimo el 5 % de la Unidad de Pago por Capitación - UPC (prima que asigna el gobierno a las EPS para que atiendan a cada afiliado) del régimen contributivo y subsidiado para la operación de los Equipos Básicos de Salud, disposición que se da sin la claridad de un estudio previo que evidencie el impacto real de la medida”, precisa.
De igual manera, el partido afirma que, actualmente, el Ministerio de Salud está regulando las condiciones para dicha operación mediante un proyecto de resolución, cuyo contenido, según la colectividad, genera varias alertas.
Entre ellas destaca la asignación de los recursos que toman de la UPC, equivalentes alrededor de $5 billones mensuales, que serán girados directamente por la Adres a los hospitales públicos, agravarían la sostenibilidad financiera del sistema y, con ello, la garantía del derecho fundamental a la salud y la adecuada prestación de los servicios asistenciales.
Se limitaría la participación de las instituciones prestadoras de servicios privadas o mixtas en la conformación de los ‘Equipos Básicos de Salud’, la cual solo se podría hacerse de forma excepcional.
Finalmente, este escenario elevaría los riesgos de darse una duplicidad de servicios y, con ello, un doble pago con recursos del Sistema, porque no se diferencian las actividades que hoy realizan las EPS y que continuarían frente a intervenciones individuales y las que ejecutarían los equipos cuando entren a operar.
Finalmente, la colectividad hizo un llamado a “la necesidad de sensatez y racionalidad por parte del Gobierno en su actuar”, para no poner en peligro la garantía del derecho fundamental a la salud y la eficiencia en el uso de los limitados recursos del sistema.