El Centro Democrático, el partido de oposición al presidente Gustavo Petro, resultó triunfador en la Corte Constitucional luego de que su directora, Nubia Stella Martínez, elevó una tutela con la que buscaba brindar garantías a la colectividad para ejercer su derecho a la crítica y la réplica frente a las posturas de la Casa de Nariño.
En el primer año de mandato del jefe de Estado, el partido, según la tutela, no tuvo la misma vitrina o los mismos espacios en medios de comunicación que tuvo el primer mandatario.
Sin embargo, lograron que la Corte Constitucional ordenara al Consejo Nacional Electoral concederle el mismo espacio mediático del presidente y al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que asigne recursos económicos para que ellos tengan igual espacio de réplica que la Casa de Nariño.
En un comunicado de prensa, el Centro Democrático celebró la decisión.
“Nos complace, como único partido político declarado de oposición desde el primer día de gobierno, recibir la decisión tomada por la Corte Constitucional que nos permite los espacios adicionales en medio de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espacio electromagnético, de acuerdo con lo previsto en los artículos 112 de la Constitución Política y el 13 de la Ley 1909 de 2018″, informaron.
Sablazo a Gobierno Petro
El partido reconoció “que es incompensable y un mal precedente para la democracia que se nos haya vulnerado el derecho a estos espacios durante 13 meses, justamente en el año donde se han tomado tantas decisiones sobre las que hubiese sido trascendental comunicar, oponerse y exponer a los colombianos, nuestro ejercicio y trabajo por el país”.
Anunciaron que, como partido político, “seguiremos ejerciendo el derecho a la oposición en todos los espacios y fortalecidos en el uso de los 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía de los canales de cobertura nacional, con el firme propósito de contribuir al afianzamiento de la democracia”.
La Corte Constitucional le ordenó al Consejo Nacional Electoral que asigne, de manera inmediata, al partido uribista los espacios adicionales en medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espacio electromagnético.
Y pidió compulsar copias de la sentencia a la Procuraduría General de la Nación para que, dentro de sus competencias, investigue si la conducta de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demás autoridades responsables constituye una falta disciplinaria.
En la providencia, el alto tribunal dejó en claro que, a partir de la fecha, se deben extender los efectos de esta decisión a los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición.
Además, ordenó al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y demás autoridades concernidas, “que en el ámbito de sus competencias, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales para el cumplimiento de esta sentencia en los términos de los artículos 112 de la Constitución Política y 13 de la Ley 1909 de 2018″, decidieron los magistrados.